Baja un 6,4% la concesión de órdenes de alejamiento en 2024

La concesión de órdenes de protección para víctimas de violencia machista ha experimentado un descenso del 6,5% durante 2024, una tendencia preocupante y "alarmante" según los juristas expertos en género, que se ha registrado en todas las comunidades autónomas de España.

Los datos revelan un panorama alarmante: apenas una de cada seis denuncias por maltrato acaban en la adopción de estas medidas protectoras esenciales.

El pasado año concluyó con 199.094 denuncias por violencia machista y la concesión judicial de 33.247 órdenes de protección, lo que representa apenas el 16,69% del total de denuncias presentadas.

Esta cifra supone un retroceso respecto a 2023, cuando el porcentaje alcanzó el 17,84%, según confirman los registros del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial.

En términos absolutos, se concedieron 2.314 órdenes menos que el año anterior.

De las 49.268 órdenes solicitadas, aproximadamente en una de cada cuatro denuncias, solo se adoptaron el 67,48%, frente al 69,9% de 2023.

En comunidades como Madrid y Cataluña, este índice ni siquiera alcanzó el 50%.

El riesgo de denunciar sin obtener protección

La abogada Altamira Gonzalo ha manifestado su inquietud ante estos datos estadísticos: "La orden de protección es la garantía de la no reiteración de la actividad delictiva, es la garantía para la mujer agredida que ha puesto la denuncia de que no la van a volver a maltratar porque el Estado la va a proteger".

Las juristas especializadas en derecho feminista vienen alertando sobre "la cicatería en la concesión de órdenes de protección", una práctica que puede tener consecuencias fatales. "Cada año está subiendo un poco el porcentaje de mujeres asesinadas que habían denunciado, este es el grandísimo fracaso", afirma contundente Gonzalo.

Por su parte, Marisa Soleto, abogada y directora de la Fundación Mujeres, corrobora "una tendencia de que cada vez menos mujeres están protegidas por la orden de protección y también que desciende el número de solicitudes".

"Si crecen las denegaciones de órdenes de protección, lo que sucede es que todo el contexto de operadores jurídicos se ajusta al hecho de que si no me la van a dar, no la solicito. Hay que hacer un llamamiento recordando que la orden de protección es un derecho de las víctimas y que, desde luego, si no se solicitan no se conceden", destaca Soleto.

En Andalucía se conceden el 76%

Los datos revelados por el CGPJ muestran una preocupante disparidad territorial en la adopción de órdenes de protección. Murcia lidera con un 83,6% de órdenes concedidas respecto a las solicitadas, seguida por Baleares (80,28%), Aragón (79,9%), Comunitat Valenciana (78,3%) y Navarra (78%).

En el extremo opuesto se sitúan Madrid (46,26%) y Cataluña (49,6%), siendo las únicas comunidades donde no se alcanza siquiera el 50% de concesiones.

El mapa se completa con País Vasco (58,8%), Cantabria (62,9%), Galicia (64,1%), Castilla-La Mancha (70,3%), Extremadura (71,9%), Castilla y León (73,49%), Asturias (74%), La Rioja (75,8%), Andalucía (76,2%) y Canarias (76,7%).

Soleto ha expresado su preocupación por estas diferencias entre partidos judiciales, un problema denunciado desde hace años por colectivos feministas, y lamenta que el CGPJ no haya ofrecido explicaciones públicas sobre este hecho.

En esta línea, Gonzalo recuerda que el Grevio (grupo de expertos europeos que analiza el cumplimiento del Convenio de Estambul) ha alertado sobre esta inequidad territorial y ha exigido al Estado español que investigue las causas de estas disparidades en la protección judicial de las víctimas de violencia machista.