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Es un hecho evidente que la sanidad andaluza tiene serios problemas de gestión y, también, que requiere una reforma en profundidad que, aprovechando las cosas buenas que tiene, permita hacer una apuesta con visión de corto, medio y largo plazo para recuperar en los próximos 10-12 años los niveles de calidad y equidad perdidos en estos últimos tiempos y hacer que sea un sistema de excelencia. En esta tribuna abordaré algunas cuestiones básica y en tribunas posteriores incorporaré nuevos elementos.
Hay que partir del reconocimiento de un factor estructural que afecta de manera decisiva a la expresión de las demandas sanitarias de la población; me refiero al continuo envejecimiento poblacional (que en los próximos años irá a más) que conlleva un aumento de la cronicidad y la polimedicación. Esto, junto al incremento de necesidades asistenciales debidas a situaciones de dependencia cada vez más frecuentes, conlleva la necesidad de una oferta asistencial acorde con el perfil de esta población envejecida, crónica y con necesidades de atención a su dependencia.
Aunque este asunto afecta al conjunto del sistema sanitario, es en la atención primaria donde se necesita un rearme organizativo con nuevas funciones, más recursos y nuevos equipos que incorporen profesionales con más competencias técnicas que las actualmente reconocidas (por tanto hay que abordar el correspondiente respaldo normativo), como es el caso de enfermeras o farmacéuticos comunitarios para que trabajen en equipo con orientación preferente a las necesidades de estos pacientes crónicos y polimedicados. Una atención primaria que debe tener también el apoyo profesional de geriatras o psicólogos (entre otros) para las necesidades de rehabilitación y de salud mental que se incrementan de manera cada vez más relevante.
Otro elemento estructural, que condiciona la situación actual en la que hay largas listas de espera tanto en atención primaria y hospitalaria, está relacionado con la necesidad de más recursos profesionales. Hacen falta más profesionales y en especial, hay que asegurar que las zonas menos pobladas no tengan falta de profesionales: ello conlleva una política de personal totalmente diferente.
Cuidar a los profesionales, pagarles más y mejor, retribuirles en función de sus resultados, eliminar las situaciones de precariedad e, incluso, orientar sus preferencias hacia su dedicación al sistema público en exclusiva, debiera de formar parte de un plan con visión estratégica, acordando con los agentes sociales como hacerlo, con cuantos recursos y en qué plazos y fases de ejecución.
Los actuales niveles de retraso en la asistencia en el ámbito hospitalario (días de demora para en el acceso a revisión por especialistas hospitalarios, o listas de espera en pruebas diagnósticas e intervenciones quirúrgicas) pueden requerir un plan de choque pero hay que atacar las causas estructurales. En un sistema tan permisivo hacia la compatibilidad en el ejercicio público y privado, los planes de choque no generarán solución real sino que incentivarán (por conflicto de interés), más esperas y más planes de choque, en una situación que seguirá siendo crónica e irresoluble.
En primaria, las demoras son (sobre todo) consecuencia de una mayor demanda asistencial derivada de la situación de cronicidad anteriormente señalada pero, también, hay un problema de mala gestión en la sanidad andaluza derivado de los últimos acuerdos que limitan el número de citas diarias, sin asegurar alternativas reales para las que quedan en demora. Ello ha condicionado mayores retrasos en el acceso a las consultas de atención primaria llegando a cifras inasumibles. Ampliar los equipos con más médicos y con nuevos roles de enfermería y farmacéuticos comunitarios y gestionar la demanda con criterios de necesidad que hoy no se aplican de manera general y sistemática, corregirían una gestión equivocada en este nivel asistencial.
Consciente de la gran complejidad de la tarea, es por eso que creo que el actual gobierno andaluz (para apostar de verdad por fortalecer al sistema público), debe abrir un marco de diálogo y negociación con agentes sociales, grupos parlamentarios de la oposición, abriendo la participación a organizaciones profesionales y de pacientes, para generar la hoja de ruta que la sanidad andaluza necesita y evitar que la calidad y la equidad sean una quimera.
Es algo que compete a la responsabilidad de todos pero, mas que nadie, a quien gobierna.
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