Sí había causa

El juez que investiga acciones supuestamente irregulares cometidas por Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha recibido el aval, parcial, de la Audiencia de Madrid, que ha acotado la causa y que ha determinado que hay indicios suficientes como para continuar las pesquisas en una dirección. Se trata de un presunto caso de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en lo que respecta a los másteres dirigidos por Gómez en la Universidad Complutense y su relación con el empresario Juan Carlos Barrabés, que se podría haber visto beneficiado por sus lazos profesionales con la mujer del presidente. La resolución de la Audiencia, que reprocha al magistrado Juan Carlos Peinado la inconcreción con la que ha desarrollado algunas de sus actuaciones, no presupone, ni mucho menos, que Begoña Gómez haya cometido los delitos que se le imputan, pero sí considera que existen indicios suficientes como para que el juez lleve adelante un procedimiento de instrucción. Estima, sin embargo, que estas circunstancias no se dan en lo que respecta a las ayudas recibidas de la Administración por la empresa Globalia, investigación que la Audiencia ordena archivar. Sentada la presunción de inocencia de Gómez, es pertinente señalar que con la resolución de la Audiencia de Madrid el Gobierno de Pedro Sánchez recibe un sonoro revés. Tanto el presidente como sus ministros han desarrollado una campaña de descalificación del juez Peinado y han repetido hasta la saciedad que la causa respondía a un intento político de desprestigiar a Sánchez y que el magistrado “pedaleaba en la nada”. Ahora el magistrado tiene vía libre para desarrollar una vía de investigación. Lo que dé de sí es algo que no se puede adelantar. Pero lo que se ha puesto de manifiesto en este caso es la necesidad de que los diferentes poderes del Estado se respeten y de que se deje a la Justicia actuar con independencia. Los intentos de influir desde la política en la judicatura no dejan de ser un síntoma de grave deterioro democrático.