Rechazo social

El sistema de financiación singular que el Gobierno de Pedro Sánchez ha pactado con los separatistas catalanes supondría un considerable deterioro de la capacidad redistributiva del Estado y más que el final del procés significaría el reconocimiento y aceptación de algunos de sus principios de partida como el “llamado e injustificado maltrato fiscal a Cataluña”. Estas críticas no surgen de la batalla política ni forman parte del cruce diario de declaraciones que cada día llenan los medios de comunicación. Están recogidas en un informe hecho desde el rigor técnico por el Observatorio Económico de Andalucía, un colectivo de economistas y profesores universitarios que hace gala de independencia y solvencia a la hora de analizar la realidad económica y social andaluza desde hace 34 años. Fruto de esa independencia de criterio es que en el mismo informe se reproche al Gobierno andaluz que mientras convierte la desigualdad que consagra el acuerdo con Cataluña en el eje su actuación y de su enfrentamiento con el Gobierno central, mantenga una política fiscal “errática” y le pide que sea “coherente” en la petición de una mayor financiación para Andalucía y el establecimiento de su política tributaria. Recientemente, el Gobierno regional ha insinuado una nueva rebaja de impuestos. El informe del Observatorio Económico es importante porque demuestra que la oposición andaluza al trato privilegiado que se le va a dar a Cataluña no es una mera batalla entre posiciones partidistas, sino que constituye una injusticia y un atentado contra la cohesión nacional que ha calado en la conciencia de la sociedad civil de la región. Juanma Moreno pudo esgrimir este rechazo mayoritario en la entrevista que mantuvo con Pedro Sánchez en el Palacio de La Moncloa. Los próximos meses van a ser decisivos para configurar un frente de rechazo en todas las autonomías que se ven perjudicadas por el concierto económico catalán. Andalucía tiene la potencia económica y social necesaria para encabezar esa iniciativa.