Pugna fiscal

En esa pugna nada soterrada que las comunidades gobernadas por el PP mantienen por la competitividad fiscal, Andalucía ha hecho bien los deberes y se ha colocado en uno de los primeros lugares en bajada de impuestos. El Índice Autonómico de Competitividad Fiscal 2024, que elabora la Fundación para el Avance de la Libertad y que ha sido presentado en el Senado, confirma que la región se acerca a la presión impositiva de la Comunidad de Madrid, que es la más baja de España, lo que la convierte en la segunda del sistema general. El País Vasco y Navarra, con un régimen foral propio, juegan también en este terreno otra liga. Si tenemos en cuenta que cuando se produjo, en 2018, el cambio político Andalucía ocupaba el puesto decimosexto, el avance se puede considerar muy significativo. La reforma fiscal andaluza ha tenido hitos muy notables, como la bonificación casi total de Impuesto de Sucesiones y varias rebajas del tramo autonómico del IRPF a lo largo de los cinco últimos años. El objetivo declarado del presidente Juanma Moreno era crear un marco tributario que favoreciera la inversión y el asentamiento en Andalucía de empresas y capitales. Se producía, además, según los análisis y previsiones de la Junta, un efecto altamente beneficioso desde el punto de vista de la gestión: la bajada de impuestos aumentaba el número de tributantes e incrementaba la recaudación, con lo que los servicios públicos no sólo no se veían perjudicados, sino que contarían con más recursos. Hasta qué punto se han conseguido estos objetivos de mayor recaudación es algo que está sometido a discusión. Lo que sí es una evidencia es que esta rebaja fiscal debe estar acompasada al hecho de que Andalucía es una de las comunidades peor financiadas por el actual sistema y que tiene sus servicios públicos, sanidad y educación, enormemente tensionados, lo que no ocurre en la misma medida en Madrid. Bienvenidas sean las bajadas de impuestos, siempre que no olviden la realidad social de Andalucía.