La pequeña empresa alza la voz

La Cepyme, la organización más representativa de la pequeña y mediana empresa en España, acaba de lanzar un manifiesto muy duro en el que acusa al Gobierno de “injerencias” y de “hostigamiento” a su actividad económica. El detonante de esta proclama es la intención del Ministerio de Trabajo de imponer un recorte progresivo de la jornada laboral hasta alcanzar las 37,5 horas semanales. Una determinación que pretende imponer en concierto con los sindicatos y sin contar con los empresarios, que hasta ahora se han negado a participar en las conversaciones. La medida impactaría en los costes laborales que aumentarían, según los expertos, en al menos un 6%. El tejido productivo español está conformado en más de un 99% por firmas con menos de diez trabajadores. Sobre ellas recaería directamente el precio de este avance social. España sufre un grave problema de productividad sin fácil solución. A Cepyme le asiste la razón en su denuncia. No es permisible en una sociedad democrática que el afán regulatorio que, una y otra vez, demuestra el Gobierno de Pedro Sánchez termine por intervenir de facto el derecho a la libertad de empresa. No es la Administración precisamente el principal generador de riqueza en España. Antes al contrario, la burocracia que preside muchas de sus actuaciones ejerce de freno. Ése debería ser su primer y principal reto. También el de jugar un papel de mediador y canalizador de acuerdos que deberían impulsar mediante el diálogo social entre los actores sociales y sin olvidar que el marco adecuado en el que tradicionalmente se han sustanciado las diferencias es la negociación colectiva. La jornada laboral sería un buen ejemplo. No un decreto con tinte electoralista y de reafirmación interna que desestima los graves perjuicios que pueda ocasionar. Cada problema no se solventa con una nueva norma. Gobernar es tomar decisiones, pero no imponer voluntades de parte a cualquier coste.