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Hace unos días la consejera de Inclusión e Igualdad de la Junta, Loles López, se quejaba en este periódico de que, desde noviembre de 2023, los servicios sociales de Andalucía han recibido a un total de 454 niños migrantes procedentes de Canarias sin previa comunicación por parte del Gobierno central. Ciertamente, no es la mejor tarjeta de visita para sentarse a negociar en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia que se ha convocado para hoy. En la reunión está previsto que se aborde el reparto entre las comunidades de los menores llegado irregularmente, que han colapsado las instalaciones de acogida de las que dispone el archipiélago. Estamos ante un asunto que es, por encima de cualquier otra consideración, una cuestión de carácter humanitario y de solidaridad interterritorial. Por lo tanto, debe estar ausente de su discusión consideraciones políticas o estrategias de partido. El PP no puede ceder al chantaje que le ha lanzado Vox con la amenaza de romper los acuerdos en las comunidades en las que gobiernan juntos. Sería, además de una aberración social, un error político. Llegar a un acuerdo que permita racionalizar el reparto de los menores y mejorar su atención es una necesidad. El Gobierno está obligado a pactar con las comunidades los criterios y los cupos. Eso es hacer política. En los últimos días se ha asistido a una escalada por parte de Vox en la que estos principios básicos parecían olvidarse. La inmigración es el principal problema al que hace frente Europa. Es una cuestión en la que el populismo y la demagogia más primaria encuentran caldo de cultivo. La inmigración requiere de soluciones que no supongan un efecto llamada de consecuencias muy difíciles de gestionar, pero que al mismo tiempo sean respetuosas con la primacía de los derechos humanos que son propias de sociedades avanzadas. Si esto es así en el conjunto de la inmigración irregular, en el caso de los menores deben extremarse los cuidados. Los niños migrantes deben estar fuera del debate político.
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