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La política española ha entrado en una fase en la que las resoluciones de los jueces son el arma favorita de los partidos para sus enfrentamientos. El respeto a la Justicia, como garante último del funcionamiento del Estado de Derecho, brilla por su ausencia, lo que constituye el síntoma más claro de la degradación que ha sufrido el sistema democrático. Esa falta de respeto a las resoluciones judiciales ha tenido, por ahora, su último episodio en la decisión de la Audiencia Nacional de anular la investigación sobre las actuaciones de grupo separatista radical Tsunami Democràtic, que, con toda probabilidad, permitirá a Carles Puigdemont librarse de la imputación de terrorismo sin necesidad de que le sea aplicada la ley de amnistía. Un retraso de 24 horas en un trámite procesal ha bastado para que la Audiencia anulase la instrucción que había hecho, también marcada por la polémica, el magistrado García-Castellón. Pero sólo unos días antes fue el pronunciamiento del Tribunal Supremo sobre la aplicación de la ley de amnistía al delito de malversación lo que originó una oleada de declaraciones realizadas todas desde el sectarismo. Y, en simultáneo, la revisión a la baja que está haciendo el Constitucional sobre el caso de los ERE ha dado ocasión a un enfrentamiento con calificativos gruesos y argumentos exagerados entre el PP y el PSOE. Dentro de esta misma línea cabe señalar también los ataques que se están dirigiendo contra el juez de instrucción de Madrid que investiga las actividades de la esposa del presidente del Gobierno. Los jueces no pueden ser metidos de forma permanente en las trincheras por los partidos. La política española tiene que hacer una reflexión profunda sobre este fenómeno que supone la deslegitimación de unos de los pilares del Estado y que pone en cuestión la separación de poderes. Los jueces necesitan independencia para trabajar y cumplir la función que le han encomendado los ciudadanos, que no es otra que hacer justicia y aplicar las leyes. Sin interferencias de ninguna clase.
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