La emergencia de la vivienda

Las multitudinarias manifestaciones celebradas el pasado fin de semana parecen haber convencido a Pedro Sánchez de que el problema de la escasez y carestía de la vivienda ha adquirido en España caracteres de emergencia nacional. Esto sería una buena noticia si se hubiera acompañado del anuncio de medidas efectivas para hacer frente a una situación que condiciona la vida de millones de españoles, sobre todo de las capas de población joven que aspiran a consolidar una vida familiar y profesional. La respuesta inmediata de Sánchez no ha podido ser más tímida: una nueva vuelta al bono de alquiler joven que se traduce, tras una compleja tramitación, en una ayuda de 250 euros durante un máximo de dos años. No es ese el tipo de medidas para remediar una escalada de precios que imposibilita tanto el acceso a la propiedad de un piso como, sobre todo, al mercado del alquiler. La situación del sector inmobiliario en España viene determinada por dos factores: la falta de oferta para satisfacer la demanda de nuevos hogares y la conversión de la vivienda en un activo financiero con el que se busca la máxima rentabilidad y no en un bien de primera necesidad. Hasta que no se actúe sobre estas dos circunstancias, especialmente la primera, los precios no se normalizarán. Sobran en este contexto las permanentes reclamaciones de Sumar, el socio de coalición del Gobierno, de que se proceda a una intervención del mercado, prohibiendo, por ejemplo, la compraventa en las zonas más tensionadas. No es con actuaciones del intervencionismo más rancio como se debe hacer frente a la emergencia. Como primera medida, el Gobierno debería crear el marco normativo que facilite la promoción de un parque de viviendas pública en alquiler. Actuaciones de este tipo se han llevado a cabo en países de nuestro entorno donde la vivienda, aunque no deja de ser un problema, no presenta características tan alarmantes como en España.