Andalucía pierde otra vez

El reparto por comunidades de la parte proporcional de los ingresos del nuevo impuesto a la banca, aprobado recientemente por el Congreso de los Diputados dentro del paquete fiscal para 2025, anticipa ya una nueva colisión con los intereses de Andalucía. La Junta asegura que la distribución de las cantidades correspondientes se realizará en función del PIB de cada región. Madrid, Cataluña y País Vasco serían las comunidades más beneficiadas al ser las que generan mayor riqueza mientras que Andalucía se situaría a la cola de España, sólo por detrás de las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Las cuentas de la Consejería de Hacienda traducen este “agravio” en más de 76 millones de euros. De aplicarse la población como principio distributivo, las arcas públicas de la región percibirían más de 303 millones. Con el PIB en la mano, la cifra desciende a 227 millones: 26,72 euros por habitante frente a los más de 41 euros que según esta escala se destinan a Cataluña. No hay que extrañarse de esta disparidad. El Gobierno que lidera el PSOE tuvo que pactar a izquierda y derecha con la amalgama de grupos que lo sostienen. En el caso del impuesto a la banca, la única posibilidad de convencer a los vascos del PNV, muy remiso a la continuidad de este tributo durante tres años más, era contante y sonante. Un ejemplo más de que resulta falso aplicar el calificativo de “progresistas” a numerosas acciones del actual Ejecutivo. Si el que más posee más recibe, los desequilibrios crecen y los esfuerzos por acortar la brecha diferencial se antojan imposibles. Máxime cuando los actores políticos admiten que Andalucía es una de las regiones españolas peor financiadas. Un grave problema que merma su capacidad en prestaciones capitales como la sanidad y la educación. El interés personal o partidista de un Gobierno no puede consagrar un reparto de fondos injusto.