Sanidad Pública

Nuestro modelo de Sanidad Pública está reconocido en el artículo 43 de la Constitución. En dicho artículo se reconoce el derecho que tenemos todos los ciudadanos a la protección de la salud, derecho que, para ser efectivo, requiere de los poderes públicos la adopción de las medidas idóneas para satisfacerlo. La ley 14/1986, General de Sanidad, reconoce el derecho a obtener las prestaciones del sistema sanitario a todos los ciudadanos y a los extranjeros residentes en España.

Desde la promulgación de la Constitución, y la puesta en marcha de la ley que desarrolló el mandato constitucional, todos nos hemos beneficiado, en mayor o en menor medida, de un sistema sanitario pionero en todo el planeta por su modelo y de los mejores por su asistencia y resultados. Y no hablo ni escribo de oídas. Mis propios hijos hoy están vivos gracias a una Sanidad Pública que puso todos los medios a su alcance para que pudieran eludir la mayor parte de las nefastas consecuencias de su nacimiento como grandes prematuros. Nacer con 26 semanas fue una opción descartada por una sanidad privada y posible en una Sanidad Pública.

El coste de nacer tan pronto, los meses en incubadora de la UCI pediátrica, las revisiones periódicas por tantos especialistas, la medicación de por vida, es totalmente inasumible para el 99% de la población. Sin embargo, el artículo 43 de la Constitución, al promover el derecho a la salud de todos nosotros, permite igualar oportunidades, dar esperanza a cualquier ciudadano, sin importar su origen, raza, religión, sexo, opinión o cualquier otra condición social o personal. Incluso ampara a aquellos que defraudan impuestos o los eluden de acuerdo a su capacidad económica. Tal es la potencia y contundencia del artículo 1 de la Constitución, cuando define a nuestro país como un Estado Social. La privatización de la Sanidad es una decisión meramente ideológica no amparada por la Constitución.

Según el informe La Privatización Sanitaria en las Comunidades Autónomas 2024, publicado recientemente por la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), Madrid, Baleares, Cataluña y Andalucía son los territorios con un mayor grado de privatización. En el caso concreto de Andalucía, entre los años 2014 a 2019 se encontraba entre las comunidades con menor grado de privatización. A partir de 2020 experimentó una fuerte subida, situándose entre las comunidades con un grado intermedio de privatización, para pasar en 2023 a colocarse la cuarta con mayor nivel de privatización.

El deterioro de la Sanidad Pública es el principal aliado para el crecimiento de la privada, siendo éste el principal argumento para la consolidación de esta tendencia. El gasto sanitario privado en España es del 28% del total del gasto sanitario, cuando la media de los países de la OCDE 24%. No me cansaré de defender que favorecer la sanidad privada fomenta la desigualdad y la exclusión social, incentivando a la población con mayores recursos y aumentando los niveles de mortalidad evitable al desarbolar los centros públicos de asistencia.

Este verano seremos testigos, una vez más, de esta situación. A los que se les llena la boca de defender la Constitución, parece que no tienen reparo en que se vacíen las partidas presupuestarias destinadas a la Sanidad Pública, promoviendo el crecimiento de la desigualdad. El patriotismo empieza por creer y defender que todos somos iguales, en todos los órdenes.