Reescribir la infamia

Si el socialismo gobernó durante 40 años de manera implacable Andalucía, no fue por su extraordinaria capacidad de gestión. Permaneció durante 4 décadas al frente del poder porque tenía el control absoluto de todo. No había institución civil o social que no contara con miembros del PSOE en sus órganos de dirección. De asociaciones de padres y madres a organizaciones sindicales y empresariales, sus delegados eran infiltrados en las directivas de uno u otro modo, de manera que estos ejercían de comisarios políticos para el partido y de embajadores del régimen para los miembros de los colectivos infiltrados. De Ayamonte a Velez Blanco, no había asociación de mujeres, de vecinos, club deportivo o banda de música en la que no hubiera un socialista infiltrado.

Estos medios de perpetuación en el poder durante más de 3 décadas, hace no tanto eran denominados regímenes. Resulta raro pues creer que en un régimen que durante 37 años ejerció un poder y un control social absoluto en Andalucía no tuviera conocimiento de que se estaban dilapidando 700 millones de euros sin control en uno de los mayores casos de corrupción de nuestra historia; el Caso ERE.

Cuesta mucho creer que los ex presidentes Chaves y Griñán, con ese control social que ejercían con su Otto Strasser particular –ideólogo del régimen nazi- personificado en el omnipresente Gaspar Zarrías, fueran ajenos a los trapicheos de los personajes de saga Torrente que la trama nos fue desvelando capítulo a capítulo; de Trujillo –chófer de la droga- a Lanzas –alias el conseguidor- que tenía billetes para asar una vaca en el mar se confeccionó una colección de oportunistas que se repartían comisiones del erario público entre rayas de coca y clubes de alterne. Todo un modelo de inspiración para los Koldo y Aldama de última generación.

Los ERE fue la fórmula por la cual, el PSOE en su función de control de la sociedad, compraba una impostada paz social a base de generar un sistema de pagas fraudulento que garantizaba el voto al aparato socialista. Una auténtica tómbola ecijana de la paguita en la que el boleto agraciado casi siempre tenía el sello del PSOE. Y en esa gira del tocomocho en el que se cambiaban votos por pagas, cada lugar donde la trama desembarcaba se convertía en un erial; Santana en Linares. Molina en Jaén. EDM en Mancha Real…

Chaves y Griñán no solo eran conocedores de lo que sucedía –así lo dictaminó el Supremo- sino que además eran beneficiarios del sistema corrupto, ya que si bien no se ha podido demostrar que se embolsaran un euro de la trama, sabían que mirando para otro lado mientras sus secuaces campaban por Andalucía de burdel en burdel entre pagas, comisiones y mordidas ellos mantenían el poder regional, perpetuando el régimen socialista.

Este era hasta estos días, el mayor caso de corrupción de Europa. Solo el propio dictamen de un Tribunal Constitucional, convertido ya en un mero instrumento posibilitador del sanchismo, supera el escándalo que supuso tener durante años un sistema de compra de voluntades irregular como el que tuvimos en Andalucía. Porque solo hay que leer los votos particulares de los magistrados discordantes, como el de César Tolosa: “La sentencia […] ha devastado los límites de la jurisdicción constitucional, al irrumpir en el ámbito reservado a la jurisdicción ordinaria y suplantar la función del Tribunal Supremo como máximo intérprete de la ley y, que como consecuencia de ello ha ocasionado un daño institucional difícilmente reparable, al anular las sentencias dictadas en el asunto de corrupción más importante de la historia reciente de España” para darse cuenta de que esta vez Sánchez ha ido demasiado lejos y que más allá de querer perpetuarse en el poder, pretende reescribir los renglones de la justicia como en cualquier régimen bananero dictatorial.