Rectores

No irán a una huelga, en la calle con una pancarta, ni se tirarán al barro de un agrio debate político, pero su oposición a la Junta es un claro toque de atención que debería ser motivo de desvelo para el presidente andaluz. Los rectores de las universidades públicas de Andalucía, salvo alguno como el de Málaga que arguyó problemas de agenda, se plantaron el martes en el Rectorado sevillano para escenificar su unidad en las reivindicaciones económicas. Reclaman casi 50 millones de euros comprometidos en dos acuerdos de este año, el de financiación y otro para el pago de complementos al personal docente e investigador.

La Consejería de Universidad ofrece ahora algo menos de la mitad de ese dinero, pero como una dádiva extraordinaria, que no le compromete en el futuro, ni siquiera el inmediato de 2025. Mediante audios y notas, a diferencia de la contundente puesta en escena de los rectores, alega el Gobierno que está haciendo un gran esfuerzo y que estas instituciones académicas están mejor financiadas que nunca. Lo que se interpreta como que, si sus responsables no tienen suficiente, será porque algo falla en la gestión. Son las formas sutiles y a la vez descarnadas de esta guerra. Una contienda que puede acabar con vino y rosas, pero que dejará cicatrices, como ya ocurrió con el conflicto reciente del mapa de titulaciones o la denuncia habitual de los mismos rectores por las facilidades dadas por el Gobierno del PP a las universidades privadas.

Todo esto ocurre en el contexto del reciente rescate millonario a la Universidad de Málaga, que hizo enormes inversiones y ahora necesitaba un bote salvavidas de 48,5 millones de euros. La Junta pide a los rectores andaluces que sean solidarios con las instituciones que lo están pasando mal y además les acaba de acusar de utilizar a la comunidad universitaria como “rehén”, al rechazar sus propuestas y bloquear el pago de complementos de la plantilla. Vemos que el lenguaje sutil se desvanece poco a poco.

Los dirigentes universitarios ya apelan directamente a Juanma Moreno y piden negociar con él tras meses de diálogo con una Consejería liderada por uno de los suyos, José Carlos Gómez Villamandos, que fue rector en Córdoba. Se acabó el tiempo de esa lealtad institucional disfrazada de silencio público. Los rectores hablan alto y bastante claro. Este Gobierno, con frentes abiertos en la sanidad o la dependencia, no puede permitirse el lujo de una oposición así, desde la cúpula de instituciones cuya actividad equivale a la de las principales empresas de la región.