Los médicos deberían elegir

El debate lo ha abierto quien podía: la ministra de Sanidad, Mónica García. Probablemente lo haga por cuestiones ideológicas pero quizás habría que analizar si no repercutiría en una mejora de la gestión sanitaria. La ministra plantea que los jefes de servicio de la sanidad pública no puedan trabajar en la privada, y lo hace con un argumento de peso, “nadie está obligado a ser jefe de servicio”. Parecería que ha descubierto la pólvora pero, en realidad no hay nada de eso. Es más, esa compatibilidad está permitida en Andalucía sólo desde 2021 (decreto 132/2021, de 6 de abril) y siempre y cuando se pida una autorización expresa para ello y no afecte a las horas de trabajo. Todos estamos de acuerdo, mucho más cuando viajamos, que la sanidad pública española, y por supuesto la andaluza, es digna de elogio por más que no esté pasando por su mejor momento. Es un tesoro que hay que conservar.

Las restricciones del personal sanitario para compatibilizar la pública y la privada son un viejo debate y afectan directamente a la calidad del servicio que reciben los ciudadanos. En los años 80, con aquella famosa ley de incompatibilidades, se obligó a muchos médicos andaluces de ese incipiente sistema sanitario a quedarse sólo con un puesto público, puesto que muchos tenían varios. Fue una revolución y costó bastante esfuerzo pero con el tiempo vimos que era evidente.

Muchos doctores andaluces compatibilizan ahora su trabajo en el SAS y en las compañías privadas generando, en muchos casos, un conflicto de intereses. Cuántas veces el facultativo manda a sus pacientes que se hagan las pruebas diagnósticas (más caras, claro) en la pública... pero luego los atiende en su consulta privada para darles el diagnóstico, con el correspondiente pago de sus honorarios. Cuántas veces el médico tiene la agenda cerrada en la pública porque tiene una operación en su clínica privada a la misma hora. Evidentemente, no todos los facultativos que compatibilizan ambas actividades realizan estas prácticas, pero sería inocente decir que son un hecho aislado.

Quizás el debate que plantea la ministra quede un poco corto. La sanidad privada es una opción legítima para pacientes y profesionales, como la pública, pero deberían ser compartimentos estancos. “Entonces no habrá médicos en la pública”, es la respuesta inmediata. ¿Por qué? ¿Que es necesario pagarles más acorde a su dedicación? Claro. ¿Que se les debe permitir investigar? Claro. Una vez abierto el debate, y la correspondiente guerra sindical, tal vez es el momento de ser ambiciosos.