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Notas al margen
El problema de la vivienda por fin ha logrado centrar el debate. La escasez de suelo es solo comparable al desinterés de los políticos por invertir en un parque de viviendas públicas decente. Y las consecuencias sociales tras la frenética escalada de precios son cada vez más profundas, sobre todo, entre los jóvenes. Como si de pronto hallaran un nicho de mercado que tenían delante de sus narices, Pedro Sánchez y Juanma Moreno ya parecen ser conscientes de la cruda realidad. Y en plena bronca por la Ley de la Vivienda, ambos se han lanzado a entregar las llaves en mano de todas las viviendas sociales que les pongan por delante, como expertos agentes inmobilarios. Exhiben tanto entusiasmo, que el día menos pensado se presentan en cualquier piso de protección oficial sin avisar, a la hora del arroz, para explicarle a los inquilinos que se construyeron con materiales de bajo impacto ecológico. Son tan osados que incluso se permitirían dar algún consejo para rematar el arroz.
Esta semana, visitaron a la misma hora –el presidente andaluz en Cádiz y el del Gobierno en Barcelona– los pisos que esperaban decenas de familias. Hace tanto que el Estado abandonó sus posiciones en Cataluña, que Sánchez hace bien recordándole a la Generalitat que una buena parte de sus recursos y de sus servicios públicos salen del bolsillo solidario de todos los españoles. Y también se agradece el interés de Moreno por afrontar el problema desde la raíz. Ya sólo falta que se pongan de acuerdo, porque por ahora sólo saben competir por ver quién tiene un programa más social. Según el Banco de España, en Andalucía faltan 90.000 viviendas y subiendo. Urge aumentar la oferta para lograr un precio asequible y sobra toda confrontación. Nuestros líderes ganarían mucho si pasaran por el conservatorio para estudiar armonía y composición. Muchos jóvenes emigran por un mejor salario y mayor estabilidad laboral. Pero la mayoría también se marcha porque los alquileres están imposibles. La vivienda en propiedad ni siquiera se les pasa por la cabeza. Por más que el Gobierno se invente un plan de alquiler asequible o que la Junta bonifique a jóvenes y familias numerosas, sin consenso no llegarán lejos. La competencia es de Andalucía pero la financiación depende del Gobierno, que amenazaba con no soltar un euro si no se limitan los precios del alquiler y se declaran zonas saturadas. Al final, ha retirado su advertencia, pero premiará a los territorios que sigan sus reglas. Generar una corriente de inversión potente bajo este clima de tensión no es fácil. Y sólo será posible cuando se elimine tanta incertidumbre sobre la oferta y la demanda. Limitar el precio del alquiler hasta ahora nunca funcionó. Pero mientras se aclaran, la sociedad civil con su generosidad corrige la inoperancia de los políticos con soluciones originales. Los primeros son nuestros mayores que viven solos y que ofrecen habitaciones a los estudiantes. No es la panacea, pero menos da el Gobierno, ¿verdad?
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