Hablemos de la vivivenda

La situación de la vivienda en España se ha convertido en uno de los principales focos de preocupación de la sociedad, llevando el pasado domingo a 20.000 personas a manifestarse todavía no sabemos contra quién, pero exigiendo vulgaridades más propias de una dictadura bolivariana que de una democracia occidental seria. 

Las convocantes, el Sindicato de Inquilinas, una nueva plataforma de corte podemita, exige al Gobierno que intervenga los precios y expropie viviendas vacías, para que la vivienda tenga un coste que ellas consideran dignas. Unas medidas que, además de no solucionar nada, traspasan la línea de lo Constitucional, en cuanto la propiedad constituye un derecho, muy por encima del pretendido derecho a una vivienda. Lo llamativo de esta protesta, es que asistieran a la misma miembros de los partidos que gobiernan España, como si con ellos no fuera la música. 

Curioso que sea la izquierda, que lleva 6 años gobernando el país la que haya salido a manifestarse contra la oposición, por el nefasto resultado de una Ley de Vivienda del Gobierno, que lo único que ha logrado es incrementar un 5% el precio de la vivienda en España. Y para colmo de los esperpentos, el presidente del Gobierno no tardó ni 24 horas en anunciar la puesta en marcha de un Bono de Alquiler, anunciado como medida novedosa cuando lleva 4 años en vigor, logrando lo que hasta hace poco parecía impensable; cabrear por igual a la derecha y a la izquierda patria. 

Sánchez –en realidad todo el socialismo- funciona así; para cada problema ponemos una paga. Si en lugar de repartir 800 millones en los últimos 4 años en bonos que apenas dan para cubrir una parte del alquiler durante un corto periodo de tiempo y únicamente a los jóvenes de España, se hubiera destinado esa cantidad a la promoción de vivienda de VPO de promoción privada, financiando 100.000€ por vivienda, se hubieran construido 8.000 viviendas asequibles en las zonas más tensionadas de España. Eso son 8.000 familias que dejarían de buscar alquiler, dejando esas mismas viviendas disponibles para nuevos inquilinos, ejerciendo un efecto multiplicador –habría 16.000 viviendas disponibles- en un mercado con mucha menos oferta que demanda. 

Esto es solo un ejemplo de lo que el Gobierno podría hacer si de verdad buscase promover una solución definitiva a la alta demanda de vivienda que existe en las llamadas zonas tensionadas. Porque como he escrito en otros artículos, la situación de la vivienda en España es de geometría variable ya que mientras en algunas zonas es imposible acceder a una vivienda digna, en las zonas rurales hay medio parque inmobiliario vacío. Parece sensato pues que los problemas de un bien básico como la vivienda, se afronten de forma local. Pero para ello hay que dotar a los Ayuntamientos de las herramientas necesarias; los problemas de vivienda de Málaga o Madrid no son los problemas de vivienda de Escañuela o  Calasparra. 

Y es precisamente el Gobierno quien puede dotar de esas herramientas a las corporaciones locales. Una buena medida, pensando en esas zonas tensionadas, donde muchas de las viviendas de alquiler tienen destino turístico, sería permitir a los Ayuntamientos bonificar o gravar el IBI de una vivienda en función de si el uso es residencial o turístico. De esta forma, un propietario sabría que si destina su propiedad a un alquiler residencial podría disfrutar de una ventaja fiscal, mientras que si lo destina al uso turístico, va a ver incrementado sustancialmente el impuesto municipal, de tal manera que se revirtiera la tendencia a qué, cada vez más, las propiedades se destinen al fin turístico. 

Por no hablar del verdadero problema de fondo que hace que en las zonas de gran expansión, exista gran escasez de viviendas; los Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU). Documentos extensísimos y de un desarrollo lento y costoso para los Ayuntamientos que ahogan a los municipios por la imposibilidad de dotarse de suelo para uso residencial. Si el Gobierno destinase recursos tanto económicos como materiales a los consistorios locales para desatascar los PGOU’s se construirían muchas más viviendas que aumentarían la oferta ostensiblemente, equilibrando la escalada de precios que estamos viendo en los últimos tiempos. 

Son medidas que, en algunos casos como permitir la bonificación o gravamen del IBI a los Ayuntamientos, se pueden poner en marcha vía Real Decreto, con la simple modificación del art. 74 de la Ley de Haciendas Locales. Medidas que combinadas con una verdadera política de incentivo fiscal para quien ponga su vivienda al servicio del alquiler residencial y dotando de más seguridad jurídica para el arrendador, solucionarían el problema sobre todo pensando en el medio y largo plazo. 

Sin embargo, ya sabemos que, en política, nada se piensa más allá del momento electoral y todo funciona a base de eslóganes. Más en un Gobierno que todo lo soluciona a base de subvenciones, bonos o pagas.