Tomás Boyano
Deportes exclusivos
El actual estado de la cuestión es que el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Jaén ha decidido cambiar la situación de bonificación de tarifas de acceso a las instalaciones deportivas para los colectivos vulnerables y con discapacidad. De esta forma, ahora también dichas personas tendrán que pagar para poder utilizar los recursos deportivos públicos locales. Eso supone un giro de 180 grados con respecto a lo que hasta ahora se venía haciendo.
Debo recordarles a los miembros del Patronato y, por extensión, al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento, que esos colectivos ya cargan, de manera añadida, con sus propios costes. Y no toco de oído, sino que lo digo por propia experiencia, como padre de una persona con discapacidad que, hasta el mes de junio pasado, utilizaba sin coste las instalaciones deportivas de la Salobreja.
No solo la discapacidad intelectual de un hijo conlleva un cambio de planes vital, haciendo saltar por los aires cualquier proyecto de vida normalizado, sino que incluye tener la capacidad para poder dedicar recursos económicos añadidos que no todas las familias pueden afrontar. Hablo de terapias, medicinas, revisiones, apoyos técnicos, asistenciales e integradores. Hablo de costes personales y renuncias respecto a su evolución educativa y social. Hablo de costes presentes a incurrir y futuros a presupuestar para dotarle de una autonomía personal a la que también tiene derecho y esperanza, como cualquier ciudadano. La suma de todos esos esfuerzos son soportados por las familias.
Pero nuestra Constitución, siendo consciente de esa situación, proclama en su artículo 1, que España es un estado Social. Es decir, que los poderes públicos velarán por apoyar a los ciudadanos que tengan mayores dificultades respecto al resto. Y entre esos ciudadanos se encuentran los colectivos vulnerables y con discapacidad, colectivos que sufren mayores niveles de dificultad para su total integración como ciudadanos. Al amparo de ese mandato constitucional, y del artículo 49.2 de la Constitución por el que los poderes públicos han de impulsar las políticas que garanticen la plena autonomía personal y la inclusión social de las personas con discapacidad, es por lo que se ha de facilitar el acceso a los recursos públicos, sobre todo para colectivos que los utilizan para socializar, para integrarse, para aumentar su autonomía, para mejorar su mermada movilidad, para ser educados en el respeto a lo público, para normalizar su rutina cotidiana.
Ellos no buscan mejorar una marca personal o jugar en clubes profesionales. Ellos quieren palpar lo cotidiano, la normalidad, sentirse igual a cualquier ciudadano. Y ese tiene que ser el objetivo prioritario del sector público, para eso existe lo público. Para igualar oportunidades entre los desiguales, para arropar a aquellos que más necesitan su aliento y apoyo.
Medida como la tomada por el Patronato de Deportes del Ayuntamiento de Jaén va radicalmente en contra de la esencia y fin del sector público. Un ayuntamiento solidario destaca cuando toma medidas igualitarias, apoyando al que más lo necesita. Mi hijo no quiere utilizar las instalaciones deportivas para aspirar a ser un futuro jugador profesional. Quiere utilizarlas para reír y divertirse con sus iguales, para estimular sus articulaciones, para conseguir tener una rutina de horarios, itinerarios y aseo en unas instalaciones deportivas públicas. En suma, para sentirse parte de una sociedad solidaria, facilitando la realización de actividades deportivas inclusivas, no las exclusivas.
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