Regulación, innovación y empresa

En tres artículos sobre el Informe Draghi, que busca el progreso en la Unión Europea (UE), hemos visto que la política industrial viene hoy unida a la digital; que la UE no tiene liderazgo en tecnologías punteras salvo en técnicas computacionales y nuevas energías; y, en fin, que la inversión en innovación y sus desarrollos por parte de las empresas es pobre, y la del sector público se dispersa y pierde efectividad entre países y regiones. En el Informe se detallan medidas y propone una cuantiosa inversión para revertir estas tendencias; “una cuestión existencial” para la UE, la llama Draghi, si queremos mantener nuestra independencia, Estado de bienestar y la responsabilidad que hemos asumido frente al cambio climático.

En este último artículo nos hacemos eco del aviso que se da en el Informe sobre un exceso de regulación que puede dificultar la innovación. Pocas frases de grupos de presión han tenido tanto éxito como “la regulación frena la innovación”, pero no es verdad, dice Marietje Shaake, de Stanford, pues, en el caso de la regulación medioambiental que tanto se cuestiona, ha transformado la producción y reducido la dependencia energética y los precios; la innovación ha sido espectacular en consumo, y se ha extendido prácticamente a cualquier actividad productiva, como por ejemplo el transporte o el sector inmobiliario. Sin embargo, no puede ignorarse el aviso del Informe Draghi sobre los cambios frecuentes en la legislación europea, y adaptación desigual a normas nacionales; y sus propuestas como una Vicepresidencia del UE que se encargue de valorar y simplificar la regulación, implementando un software que procese la información y centralice el cumplimiento para las empresas con una interfaz multilingüe. El problema no es sólo de la UE, pues la regulación en las autonomías supone dificultades para invertir fondos Next Generation, e incluso ejecutar presupuestos de inversiones, que permitirían la innovación, y están también en los ayuntamientos que lastran la ejecución de proyectos como, por ejemplo, los energéticos; aunque lo anterior, más que a regulación se debe seguramente a mala organización y procesos deficientes. Desde el Ministerio de Economía se sugiere centralizar proyectos de innovación, lo que no es fácil de aceptar por las autonomías, y el propio ministro, Carlos Cuerpo, ha propuesto a la UE desarrollar tecnología directamente en coaliciones de unos pocos países, interesados como España en romper la inercia burocrática que frena los proyectos europeos.

Dicho esto, la innovación en la UE hay que entenderla en el respeto a derechos fundamentales, información, salud, protección al consumidor en precios y calidad, competencia justa y seguridad nacional, lo que implica regulación, que puede verse como una restricción, o impulsando innovación sostenible y socialmente útil.

Pero no debemos interpretarlo de manera simplista y lineal entre más o menos regulación y menos o más innovación, pues teniendo en cuenta calidad y oportunidad, y sin caer en el relativismo, como dice en una de sus novelas Olga Tokaczuk, ideas y principios no hay que tratarlos “como una secuencia, sino como una constelación, que es lo que lleva a la verdad”.