Pobreza estructural y Pacto de Estado

Segúnen este tercer país europeo con más población en riesgo de pobreza y exclusión, que es el nuestro, según los datos del Análisis de la Encuesta de Condiciones de Vida presentado por la Plataforma de la Infancia, también se alcanzó en 2023 un récord histórico de pobreza infantil: casi el 11% de niños y adolescentes carecía de lo necesario para una vida digna. La falta de alimentos o de acceso a la energía eléctrica en hogares con menores nunca había sido tan alta: los datos de la Plataforma reflejan que la carencia material severa afectó a 867.000 niños y adolescentes. Y Andalucía, informaba el compañero Miguel Lasida, es la comunidad con más niños en riesgo de pobreza, lo que supone un retroceso a 2016 de los datos de carencia material en la población con menos de 18 años. Nos siguen Canarias –que otras veces encabeza la triste lista–, Extremadura y Murcia. ¡El sur!

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia –ministerio creado en 2023 como una escisión del de Derechos Sociales y Agenda 2030– ha tenido que reconocer la existencia de “un problema estructural” de pobreza infantil en España que debe abordarse “de manera global” con las competencias de cada administración y de cada Gobierno “a través de un Pacto de Estado contra la Pobreza Infantil”. ¿Un Pacto de Estado en la España de 2024? Si un pacto de estado se establece entre partidos políticos de tendencias e ideologías opuestas para afrontar y planificar una acción del Estado a largo plazo en asuntos de la mayor trascendencia, sin que importe qué partido gobierne, y que necesariamente requiere el consenso de la mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario, mal futuro tiene tan grave cuestión en este miserable momento político partidista, polarizado y cortoplacista.