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Tribuna Económica
Hace unos días, el BCE, en su blog, publicó un estudio sobre la geopolítica de los minerales verdes, materias primas fundamentales para las nuevas fuentes de energía. La transición que propone el Acuerdo de París va a suponer que la demanda de ciertos minerales, como el litio, el cobre, el níquel, el cobalto, el manganeso y el grafito, se cuadripliquen de aquí a 2040. El precio de la energía dependerá en gran medida de la disponibilidad que se tenga de ellos.
Estos minerales en bruto se extraen principalmente en las economías en desarrollo y emergentes de América del Sur y África, lo que provoca que el suministro de estos minerales verdes esté muy concentrado. Esta circunstancia, los hacen particularmente susceptibles a las interrupciones de la cadena de suministro y a limitaciones comerciales. De hecho, todos los minerales están actualmente sujetos a restricciones a la exportación.
Esta concentración, además, puede favorecer que se formen cárteles, que intenten dominar la oferta y, por tanto, los precios. Los tres principales mineros de cobre, níquel y grafito muestran una alta alineación política, y la vinculación es menor entre los mineros de litio, cobalto y manganeso, pero debido a que uno de ellos es Australia, que no suele estar generalmente de acuerdo con el resto.
China, más afín a los países productores, se posiciona mejor en términos geopolíticos que la UE y los EEUU. También se ha posicionado estratégicamente en la cadena de suministro de minerales verdes al convertirse en el mayor procesador de níquel, cobre, litio y cobalto, acaparando entre el 35% y el 70% de la actividad. Y, por si fuera poco, su control sobre estas materias primas ha ido aumentando debido a las inversiones en minería en el extranjero.
Recientemente, consciente de la importancia de estos minerales, la UE dio un paso importante al adoptar la Ley de Materias Primas Esenciales. Plantea varios objetivos para 2030. Así, al menos el 10% del consumo anual de materias primas críticas de la UE debería extraerse dentro de la UE, y el 40% debería procesarse a nivel nacional. La reciclabilidad (al menos el 15% del consumo deberá cubrirse mediante reciclaje) y la diversificación (la proporción de importaciones de un solo país tercero tampoco debería superar el 65% del consumo anual) son otros dos puntos clave.
Para conseguirlos, y aumentar la seguridad de los suministros de minerales verdes, tendría que adoptar diferentes medidas. En primer lugar, fomentar la inversión privada en la extracción y refinación de minerales, con el objetivo de debilitar el poder de los líderes actuales del mercado. En segundo lugar, fomentar la investigación sobre materiales sustitutos necesarios para las tecnologías verdes. En tercer lugar, invertir en el desarrollo de tecnologías de reciclaje. Para todo ello, la Ley propone agilizar los procedimientos de aprobación de estos proyectos y beneficiarlos en el acceso a la financiación.
De nada le sirve a la UE liderar, como hace desde décadas atrás, la transición verde si no dispone de los minerales verdes que precisa este cambio. Con la guerra de Ucrania, ya hemos comprobado de forma bien clara el precio de la dependencia energética.
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