Las VPO que hasta el momento se construirán en Jaén: "Estamos apostando por la emancipación de los jóvenes"

Jaén/La falta de vivienda asequible es una de las realidades a nivel nacional y en Jaén, especialmente para los jóvenes, que se ven abocados a pagar precios desorbitados en el alquiler o la imposibilidad de poder comprar una casa o piso. El pasado 24 de febrero, la Junta de Andalucía aprobó un decreto ley de medidas urgentes para construir más Vivienda de Protección Oficial (VPO) para intentar paliar uno de los principales problemas que preocupan a buena parte de la sociedad.

En Andalucía se permitirá la construcción de 20.000 viviendas protegidas en los próximos cinco años. En Jaén está por ver el número que se podrá construir, aunque en primera instancia ya hay una cifra de las que sí están confirmadas bien para su construcción o rehabilitación: 86 ecoviviendas VPO. Entre las medidas, el Decreto ley contempla ampliar la oferta de solares para uso residencial protegido, autorizar mayor densidad de viviendas en parcelas que se destinen a VPO, crear una bolsa de suelo con los ayuntamientos e incluir promociones residenciales en la Unidad Aceleradora de Proyectos (UAP).

Hoy 12 de marzo, el delegado del Gobierno de la Junta, Jesús Estrella y el delegado de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Miguel Contreras, han desgranado este decreto ley y como afectará a Jaén. “Tutelamos así el derecho a la vivienda, especialmente entre los más jóvenes, al tiempo que fortalecemos un sector económico productivo importante, que es el de la construcción, que representa en Andalucía el 17% del PIB y que, en la provincia de Jaén, supone 1.700 empresas y 15.000 empleos". "Estamos apostando por los jóvenes, para que puedan emanciparse", explicó Estrella.

La construcción de vivienda pivota sobre cuatro ejes fundamentales: la ley LISTA, que agiliza el desarrollo urbanístico; el Plan Ecovivienda, que sólo en la provincia de Jaén ha supuesto más de 30 millones de euros en materia de rehabilitación de edificios, eficiencia energética, fomento de la vivienda y la Ley de Vivienda de Andalucía, que se encuentra en fase de tramitación y que busca acabar con la dispersión normativa, que se convertirá en un instrumento al "servicio de la emancipación de los jóvenes", además de propiciar más y mejores espacios verdes, según explicó Estrella, quien ha enmarcado el decreto ley de medidas urgentes precisamente en esta Ley de Vivienda.

Construción de VPO

Con el Plan Ecovivienda en Jaén ya se ha adquirido un compromiso de inversión de 15,6 millones de euros en la última convocatoria para comunidades propietarios y viviendas particulares de 900 viviendas. También ha tenido como resultado el programa para rehabilitar edificios en Las Protegidas, en El Valle de la capital jiennense y en el municipio de Jamilena con 5,7 millones de euros.

Además, supondrá la construcción de viviendas de alquiler asequible para ayuntamientos en ocho municipios de la provincia: en Andújar (26), La Guardia (12), Lupión (8), Linares (36), Espeluy (1), Santiago Pontones (8), Villardompardo (2) y Orcera (1). "Ya hemos firmado acuerdos con estos ocho ayuntamientos que van a suponer la construcción de 86 viviendas en la provincia de Jaén con una inversión por parte de los ayuntamientos de alrededor de 8 millones 300 mil euros y con una ayuda de cuatro millones por parte de la Junta", afirmó Contreras.

Deducción IRPF

“En total hablamos de haber movilizado para políticas del Plan Ecovivienda en la provincia de Jaén más de 30 millones de euros, por tanto, supone una apuesta sin precedentes en la política de eficiencia energética, limitación y fomento del alquiler y construcción de vivienda”, afirmó Estrella. Aludió al “marco fiscal atractivo para las políticas de vivienda” como tercer eje de ese ecosistema, en el que se incluyen deducciones del IRPF y bonificaciones en impuestos como el de Transmisiones o el de Actos Jurídicos Documentados, además del Impuesto de Sucesiones. También las medidas específicas enmarcadas en el Presupuesto 2025 de la Junta de Andalucía, como deducciones del IRPF de hasta un 15% en el caso de los alquileres.

Tendrán que ser los ayuntamientos los que asuman implementar estas medidas con las que se establece el marco normativo y los instrumentos jurídicos que permitan agilizar que haya más suelo disponible. Cuentan con el plazo de un año y deberán establecer un acuerdo plenario para sumarse a estas medidas que permitirán el cambio de uso de suelo (siempre que no sea destinado a Educación y Salud) con una mayor agilidad.

Acogiéndose a este decreto ley, a partir de ahora los ayuntamientos tienen la posibilidad de que aquellos propietarios privados que tienen en posesión suelo terciario destinado a hostelería o a oficina podrán ver modificado su uso para construcción de vivienda protegida, así como el suelo público destinado a equipamiento de uso general. Podrá hacerse de forma inmediata así como destinarse a vivienda en alquiler. “Facilitamos a los ayuntamientos, que, sin ningún cambio en su planeamiento urbanístico, puedan destinar estos suelos a la construcción de viviendas protegidas”, señaló Contreras.

Uno de los objetivos de este paquete de medidas urgentes es el conocimiento del suelo disponible en Andalucía. Para ello, se va a poner en marcha una bolsa de suelo para la cual los ayuntamientos de municipios de más de 100.000 habitantes tendrán un plazo de tres meses para comunicar a la Junta de Andalucía el suelo disponible para la construcción de vivienda protegida. Miguel Contreras ha destacado que, a través de esta iniciativa, “se facilita que los promotores puedan conocer de forma clara y transparente qué parcelas y qué suelo tiene cada ciudad que pueda destinarse a vivienda protegida”.

Aumento del 20% de viviendas

Otra de las medidas incluidas en el decreto ley es el aumento de la densidad y de la edificabilidad, de tal modo que, en aquellas parcelas en las que está permitida la construcción de vivienda libre, en el caso de que se destinen a vivienda protegida, se va a permitir que se incremente un 20% el número de viviendas previstas y que se aumente proporcionalmente la edificabilidad de esas viviendas. Contreras también detalló que, en el caso de las viviendas que ya estaban reservadas para vivienda protegida, se va a posibilitar que se aumente un 20% el número de viviendas previstas y un 10% la edificabilidad. “Con esta medida, pretendemos conseguir un mayor uso del suelo que se traduzca en un abaratamiento de los costes de acceso a la vivienda”, ha explicado. Para acogerse a esta medida, los ayuntamientos y promotores privados tienen un plazo de 2 años para solicitar la correspondiente licencia de obras; una vez concedida, tendrán 3 años para su ejecución.

El delegado de Fomento expuso el “impulso" a la agilización y simplificación de los trámites necesarios para la construcción de viviendas protegidas. Así, el decreto ley de medidas urgentes contempla la posibilidad de que aquellas promociones que prevean la construcción de más de 250 viviendas protegidas, así como aquellas de más de 500 viviendas libres, puedan ser incorporadas a la Unidad Aceleradora de Proyectos de la Junta de Andalucía con el objetivo de agilizar su construcción.

Registro de demandantes

Igualmente, se va a trabajar en la modificación del registro de demandantes con el objetivo de poder realizar una preselección de demandantes de vivienda, y se amplían los requisitos para acceder a una vivienda protegida, ampliando los límites de renta anteriormente establecidos.

Por otro lado, el decreto ley incluye la puesta en marcha del procedimiento necesario para que promotores privados y públicos puedan acogerse a la financiación del ICO, con un aval de financiación del 50% de la JA, así como una nueva convocatoria del Programa de Fomento de Vivienda de Alquiler que, como ha explicado Contreras, proporcionará ayudas a los promotores de hasta 30.000 euros por vivienda construida.

Por último, el paquete de medidas urgentes reduce también los coeficientes territoriales existentes en los que se establece el precio máximo para la venta de vivienda protegida, pasando de 4 a 2. El decreto ley ha sido consensuado con empresarios y sindicatos del sector, quienes aplauden la puesta en marcha de estas medidas que tienen el objetivo de paliar el déficit de vivienda que existe en los municipios andaluces.