Los universitarios de Jaén tendrán que acreditar el B2 en un idioma extranjero para obtener el título

Jaén/El gobierno andaluz ha aprobado este martes el inicio de la tramitación del anteproyecto de ley de universidades que, según defienden desde el Ejecutivo, apuesta por potenciar la internacionalización, el relevo generacional, la vinculación con el tejido productivo mediante la colaboración de los profesores con agentes del conocimiento y la transparencia con la rendición de cuentas de los rectores cada dos años en el Parlamento.

La futura ley busca potenciar la internacionalización del sistema universitario andaluz no solo para fomentar la movilidad sino también para el retorno del talento y jugará un papel relevante en este caso la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). Así, se garantizará por ley la movilidad internacional de los universitarios a través de los programas de ayudas y becas que oferten las instituciones académicas públicas y estén financiados por la Junta de Andalucía.

En este apartado, se determina la obligación de disponer del B2 en la acreditación de un idioma extranjero tanto para la obtención de un título oficial universitario como para el acceso del profesorado a las categorías de personal ayudante doctor y contratado doctor. Esa condición será exigible a partir de octubre de 2029.

Asimismo, se garantiza el acceso equitativo a la universidad con la autorización de la oferta de títulos cada dos años tanto a las públicas como las privadas, algo que ya se hace pero se le da carta de naturaleza, y ha garantizado que se van a mantener las carreras aunque tenga poca demanda como puede ser la titulación en lenguas semíticas.

Se impulsa la transparencia en la gestión como la comparecencia cada dos años de los rectores en el Parlamento para rendir cuenta de sus acciones y a los consejos sociales se les refuerzan las funciones en la captación de fondos y se le exigen más requisitos en cuanto a su transparencia y actividades.

Más requisitos para las privadas

La futura ley incrementa los requisitos para la creación, desarrollo y funcionamiento de las universidades privadas en Andalucía y se requerirá que los promotores de las iniciativas dispongan de una trayectoria contrastada en el servicio público de educación superior.

Asimismo, las entidades tengan que reservar un tres por ciento de sus ingresos anuales a programas de becas y ayudas al estudio y destinar un cinco por ciento a planes propios de investigación.

También será necesario acreditar solvencia económico-financiera y garantizar las infraestructuras y el personal adecuados para el ejercicio universitario, y se impondrá a estas instituciones la obligación de disponer de órganos de representación del estudiantado. Además, la norma impone un periodo de cuatro años para volver a presentar una solicitud a aquellos promotores cuyos proyectos hayan sido denegados.

El consejero ha defendido que el aumento de las plazas universitarias al contar con las privadas puede ayudar a que los andaluces estudien en su tierra, ya que hay más de 15.000 fuera el sistema universitario andaluz, y ha rechazado que haya tramitación "exprés" de universidades privadas ya que tardan unos cuatro años en comenzar su actividad desde que lo solicitan. 

Una ley perdurable

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno el consejero de Universidad, José Carlos Gómez Villamandos, ha informado de que este anteproyecto de ley, que sustituirá a una norma de 2013, nace del diálogo con toda la comunidad universitaria con el objetivo de que sea una "ley de consenso" en su tramitación parlamentaria y que "perdure en el tiempo".

Esta iniciativa legislativa de Andalucía supone la "culminación de la mayor reforma normativa del sistema universitario en últimos treinta años", ha destacado el consejero, que ha recordado el acuerdo para la reforma de la financiación del sistema universitario vinculado a resultados.

Aunque este modelo ya se ha puesto en marcha se incluye en el anteproyecto para que sea un sistema estable y ha apuntado que hasta ahora ha generado unos ahorros con un remanente total de 200 millones de euros al sistema universitario que podrán destinar a inversiones o a investigación.

Posibilidades para el profesorado

Para favorecer la retención del talento y dar estabilidad a la carrera académica del profesorado, el anteproyecto introduce la posibilidad de que el personal docente e investigador colabore con otros agentes del sistema del conocimiento o se adscriba a cualquier otra administración durante seis meses para adquirir nuevos conocimientos o reciclarlos.

De igual modo, recoge figuras profesionales en el profesorado para dar estabilidad y adelantar el inicio de la carrera académica, como es el caso del ayudante doctor, que la Ley Orgánica del Sistema Universitario (LOSU) había eliminado previamente, y el del ayudante doctor vinculado al sistema sanitario.

Estos perfiles, junto a los programas posdoctorales de excelencia, garantizarán un relevo generacional de calidad que refuerce el sistema universitario, según el consejero, que ha indicado que la estabilidad en el sistema universitario se alcanza en torno a los 45 ó 50 años y el objetivo es bajar a 35 años.