Los trabajadores de Salud Responde con sede en Jaén protestarán por el estrés laboral y la internalización del servicio

Sanidad

Protesta de los trabajadores de Salud Responde.
Protesta de los trabajadores de Salud Responde.

Las llamadas que hacen los andaluces desde cualquier punto de la comunidad autónoma cuando se encuentran enfermos o quieren pedir cita al servicio de Salud Responde las resuelven en Jaén una plantilla de 270 trabajadores. Es en la provincia, concretamente en el Hospital Neurotraumatológico, donde se encuentra la sede para toda Andalucía y donde los empleados dicen basta ante las condiciones laborales, el estrés y la presión bajo la que trabajan. Por estos motivos y para solicitar la internalización del servicio telefónico, la plataforma se manifestará mañana 7 abril en la calle de “manera contundente”.

Elvira Ramírez, responsable regional de UGT en Salud Responde y trabajadora del mismo servicio, explica a Jaén Hoy las condiciones en las que se encuentran y como la salud mental y física de sus compañeros se ve mermada. "Cuando pasas de una llamada difícil a otra llamada difícil, llega un momento en el que empieza a dolerte la cabeza o tienes ansiedad. Si alguien te está diciendo oye esta llamada no la has atendido como debes, cualquier cosa hace saltar y los nervios y la tensión se disparan", expresa.

“No es baladí la cantidad de compañeros y compañeras que vienen medicados y medicadas. Con dolores musculares, en la espalda, fibromialgia, muchísimas carencias físicas por el estrés laboral que sufrimos. Es una causa de los riesgos psicosociales”, cuenta Ramírez.

Inspección de Trabajo citó a la empresa adjudicataria del servicio SSG, ayer 4 de abril, para aclarar y atajar todas las denuncias interpuestas a través de UGT y otras secciones sindicales, según informa la responsable regional. El sindicato denuncia que en los últimos meses se les han generado numerosos retrasos en los pagos a los trabajadores que se encuentran de baja, ya que no les han aplicado la subida salarial del convenio colectivo. "De esta manera se les presiona para que se den de alta, lo cual es totalmente ilegal", asevera.

Abierta una mesa de negociación

A estos se suma la supresión de la publicación de los cuadrantes de turnos y que supone que conozcan sus horarios con poca antelación. La empresa abrió un proceso de modificación sustancial de las condiciones de trabajo para implantar las jornadas partidas, algo que señalan, afectaría "gravemente" tanto a la conciliación de los trabajadores como a la ampliación de contratos mensuales. No obstante, recientemente, SSG ha retirado esta modificación y se ha comprometido a abrir una mesa de negociación para solucionar las circunstancias que hayan podido surgir. Así, la primera reunión se celebrará el día 8 de abril a las 12:00 horas.

La dirección de Salud Responde expresa que los niveles de incapacidad temporal este año han descendido con respecto al año anterior, situándose en un 7,3% frente al 7,6% de 2023. "Desde 2019, Salud está cumpliendo con una reivindicación histórica de los profesionales con un incremento salarial del 28,86 % con respecto a 2021, tras el acuerdo alcanzado el 9 de enero del presente año entre la empresa SSG, y los representantes de los trabajadores", indicó la dirección. Además, la Consejería de Salud señala que ha incrementado desde 2019 el presupuesto anual para este servicio en más de 1,2 millones de euros, pasando de un contrato anual de 3.901.554 euros a un nuevo contrato por valor de 5.147.900 euros.

Por su parte, ante la bajada de tres décimas por incapacidad temporal, Ramírez expresa que si los trabajadores se dan menos de baja, no significa que sea porque el estrés laboral haya bajado. "Cuando nos damos de baja, nos quitan una parte del sueldo también. Y no podemos estar dándonos de baja cada cierto tiempo. ¿Por qué? Pues porque nuestro salario se ve disminuido, entonces no podemos hacer eso. Nuestros salarios ya son precarios. Entonces, las personas lo que hacemos es aguantar por desgracia". "La reivindicación histórica de la subida salarial nos ha costado mucha pelea. Aún así, los salarios no son como deberían", expresa la trabajadora.

"Nosotros somos los que damos la cara"

La solución que plantean, además de las demandas anteriores, es la internalización del servicio. Un compromiso que en 2019 adquirió la Consejería de Salud y aún esperan. También, piden desde hace meses un estudio de riesgos psicosociales, que según apunta la responsable regional de Salud Responde, la empresa se niega a hacerlo. "La carga mental es enorme porque además con la que está cayendo de la falta de buena gestión por parte de la Administración Pública, nosotros somos los que damos la cara todos los días a los pacientes y usuarios del Servicio Andaluz de Salud. Por ejemplo, las personas que dependen de una medicación no pueden acceder a ella porque no tienen acceso ni telefónico ni presencial a que su médico les renueve esa medicación que tienen por enfermedades crónicas”, expresa.

Hasta ahora, expresan, que no han obtenido solución alguna desde la Junta de Andalucía para mejorar sus condiciones laborales. El único paso que han dado es la reunión que mantuvieron ayer con el director del Centro de Emergencias Sanitarias 061, Fernando Ayuso, para atender la situación.

Apoyo del PSOE-A

Desde el PSOE se ha trasladado su apoyo a las reivindicaciones de los trabajadores de Salud Responde y ha avanzado que preguntará en el Parlamento andaluz por las intenciones que tiene la Junta de Andalucía respecto a este servicio. El parlamentario socialista Víctor Torres, que mantuvo una reunión con el comité de empresa, reiteró que el PSOE "es partidario de que este servicio sea asumido directamente por la administración autonómica" con el objetivo de "garantizar que su prestación sea de la máxima calidad y con las mejores condiciones laborales posibles" para sus empleados.

Torres recuerda que la Junta ya dijo en 2019 que este servicio iba a dejar de ser de gestión privada y que el propio PSOE concurrió a las pasadas elecciones autonómicas en 2022 con el compromiso de que Salud Responde se gestionara directamente desde el Gobierno andaluz.

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