Reclaman una indemnización al Ayuntamiento de Mengíbar por "invadir" un terreno privado
Provincia
Una empresa denuncia que parte del parque multiaventura, inaugurado en 2022, se construyó ocupando una parcela de su propiedad
La Administración local se habría adueñado parcialmente de la finca mediante una reparcelación en 2001 "absolutamente irregular"
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Los titulares de una sociedad mercantil reclaman que se declare nulo parte del proyecto del parque multiaventura de Mengíbar, construido en 2022 en unos terrenos a priori cien por cien municipales, porque, según afirman, las instalaciones invaden parcialmente una parcela de su propiedad de la que la Administración mengibareña se habría adueñado burlando la normativa urbanística en 2001, época en la que ostentaba la Alcaldía el exsocialista Gil Beltrán. Por ello, además, exigen que se les indemnice.
El 25 de octubre de 2022, la Concejalía de Deportes de Mengíbar anunció a bombo y platillo la inauguración, cuatro días más tarde, del parque multiaventura Iliturgi, un espacio de unos 4.000 metros cuadrados cerca de la antigua N-323, con rocódromo, pistas deportivas, circuito de calistenia, pista de skate y tirolinas, entre otras instalaciones. Para construirlo todo se usaron fondos municipales, en una apuesta por potenciar el turismo local.
Sin embargo, poco después, los titulares de la firma Cereales y Gránulos Toledo, S. L., (Cegrato), descubrieron que parte de este parque ocupaba una zona de unos 2.000 metros cuadrados que, en teoría, formaba parte de unos terrenos de los que son dueños y que, de hecho, están separados de los que sí que pertenecen al Ayuntamiento por un canal de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG).
El espacio en el que hoy se halla el parque multiaventura es el fruto de una reparcelación de dos fincas municipales a las que se añadió parte de una tercera al otro lado de dicho canal -la zona que desde Cegrato, S. L., se reclama como propia-. El Ayuntamiento de Mengíbar aprobó de forma definitiva aquella 'reordenación' de parcelas mediante una Resolución de Alcaldía del 24 de octubre de 2001. Años más tarde, en 2013, se dio el visto bueno a una modificación puntual de la adaptación de las Normas Subsidiarias del Planeamiento Municipal de Mengíbar a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA) para ejecutar el proyecto "adaptación de zonas verdes", en el que quedó enmarcada la zona de esta tercera finca adherida a las otras dos iniciales. Para ello, el Ayuntamiento se amparó en el Decreto 11/2008, de 22 de enero, por el que se desarrollan procedimientos dirigidos a poner suelo urbanizado en el mercado con destino preferente a la construcción de viviendas protegidas.
Pero, según los titulares de la mercantil Cegrato, ambos procesos estuvieron llenos de irregularidades. En primer lugar, sostienen que la reparcelación de 2001 se hizo "prescindiendo del procedimiento legal para la adquisición de dichos terrenos" y "sin respetar el planeamiento general" del municipio porque, entre otras cosas, supuso la modificación de uso del suelo, inicialmente industrial, "en vía de hecho".
Por otro lado, denuncian que la adaptación a la LOUA mediante el Decreto 11/2008 "no está prevista para incorporar zonas verdes", y que aquello, por tanto, no fue sino una jugada del Ayuntamiento para "intentar revestir de legalidad" la "invasión de terrenos exteriores". Además, aunque desde la Administración mengibareña se les indicó que la inclusión de parte de la tercera finca en la reparcelación fue "como resultado de cesiones obligatorias y gratuitas", destacan que la empresa Aceites Lamarca, S. L., a la que Cegrato compró los terrenos en 2018, no tenía ni idea de que parte de ese suelo ya no era legalmente suyo, básicamente, porque el Ayuntamiento no le dijo nada.
Tales son los motivos por los que desde Cegrato hablan de "invasión" y de "ocupación ilegal" de su finca, y por los que aseguran, en definitiva, que lo que hizo la Administración local fue adueñarse de parte de sus terrenos "en vía de hecho", es decir, "de forma absolutamente irregular".
El Ayuntamiento se opone a rectificar la reparcelación de los terrenos
Días después de la inauguración del parque multiaventura, el 10 de noviembre de 2022, los titulares de Cegrato, S. L., presentaron una instancia en el Registro de la Propiedad para que se rectificara aquella reparcelación de hacía veintiún años que consideran ilegal. Sin embargo, el Ayuntamiento se opuso.
El pasado 23 de noviembre, los afectados registraron en la Administración mengibareña una nueva solicitud de revisión de oficio para que se declare la nulidad la reparcelación "en lo que afecta a los terrenos ocupados de forma irregular" para construir el parque. Además, reclaman una indemnización porque, aunque se les acabara dando la razón, ya se ha construido sobre la zona en cuestión.
"Resulta absolutamente esclarecedor cómo una unidad que linda al norte con el canal no puede tener como resultado un espacio público de zona verde al otro lado del canal, si no es que se ha extralimitado sin procedimiento legal, violando la delimitación aprobada en las Normas Subsidiarias de Planeamiento Municipal de Mengíbar, y sin conocimiento de los titulares de la finca que fue invadida", reza el documento, al que ha tenido acceso Jaén Hoy.
El concepto 'vía de hecho', clave en la reclamación
La mercantil Cegrato basa su reclamación en que el Ayuntamiento se hizo con parte de sus terrenos "en vía de hecho", un concepto que, en una sentencia del 22 de septiembre de 2003, el Tribunal Supremo define como "una construcción del Derecho Administrativo francés que desde lejos viene distinguiendo dos modalidades, según que la Administración haya usado un poder del que legalmente carece (manque de droit) o lo haya hecho sin observar el procedimiento establecido por la norma que le haya atribuido ese poder o potestad (manque de procédure)".
En una sentencia posterior del 7 de febrero de 2007, también del Supremo, se explica: "La finalidad de la vía de hecho articulada en la nueva Ley de la Jurisdicción responde a la intención del legislador de no dejar sin cobertura jurídica y tutela judicial a las actuaciones materiales de la Administración que, sin procedimiento administrativo y la cobertura de un acto de este carácter, perturbe el ejercicio de sus derechos por los particulares, al objeto de obtener la cesación de esa ilegítima actividad material por parte de la Administración".
En resumen, la vía de hecho es el método por el cual una Administración pone un disfraz de legalidad a una actuación previa en su beneficio para la cual se saltó la ley a la torera.
Como se ha señalado, tanto la reparcelación supuestamente irregular de 2001 como su adaptación a la LOUA en 2013 se hicieron con Gil Beltrán como alcalde. El exsocialista estuvo al frente del Ayuntamiento mengibareño entre 1995 y 2015 a excepción de los años comprendidos entre 2008 y 2011, tras una moción de censura a tres que le arrebató el bastón de mando.
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