La provincia de Jaén registra 73 agresiones a personal de centros sanitarios

Enfermeros, médicos, celadores, y en general, personal que trabaja en centros de salud y hospitales de la provincia de Jaén tienen que soportar de manera casi diaria diferentes tipos de agresiones. Así lo refleja los últimos datos difundidos por el Servicio Andaluz de Salud (SAS) sobre el primer semestre de 2024, que apuntan a 73 agresiones.

Tal y como llevan reivindicando años, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) en Andalucía, primera fuerza sindical multiprofesional en el Servicio Andaluz de Salud vuelve a peir al SAS para que Andalucía disponga cuanto antes de un régimen sancionador contra las agresiones al personal de la sanidad pública. Según señalan la propia ex consejera de Salud y Consumo, Catalina García, anunció que materializaría hace ahora casi un año.

Tras conocer los datos difundidos por el SAS sobre el primer semestre de 2024, que apuntan a un incremento del 5,8% respecto al mismo periodo del año pasado en la provincia de Jaén con 73 agresiones producidas, cuatro más que en el mismo periodo del año pasado. CSIF apunta que es urgente que se publique dicho régimen sancionador aplicable a las conductas violentas hacia empleados del sector sanitario ya que, según señalan, constituiría un elemento disuasorio de primera magnitud.

139 agresiones en Jaén el año pasado

La vicepresidenta de CSIF Sanidad Andalucía, Carmen Jiménez, recuerda la cifra de 1.564 agresiones registradas en 2023, 139 de ellas en la provincia de Jaén, y ha incidido en la necesidad de que se adopten medidas para frenar este tipo de situaciones, especialmente en Atención Primaria, donde se producen seis de cada diez agresiones al personal que trabaja en la sanidad pública andaluza.

“Debería ser una prioridad para la Administración andaluza contar con este régimen sancionador, como una de las medidas para mejorar las condiciones en las que desempeñan su trabajo los profesionales del SAS, algo que redundaría también en el aumento de la calidad de los servicios prestados a nivel asistencial”, expresa el sindicato.

Asimismo, CSIF Sanidad Andalucía reclama que se aceleren los trámites para la creación efectiva del Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS después de que se hayan acentuado los episodios violentos contra profesionales. De hecho, las organizaciones sindicales sólo cuentan por el momento con un borrador de decreto para regular dicho organismo que, además, deja fuera a profesionales a los que se debería incluir.

El Observatorio de Agresiones a Profesionales del SAS se plantea como herramienta útil para aportar ideas, planes y evaluar las medidas aplicadas por la Junta para combatir las agresiones a personal de la sanidad pública. En él participan responsables de colegios profesionales, sindicatos, asociaciones de pacientes, sociedades científicas, Fiscalía y Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, además de miembros de la Administración andaluza, tanto de la Consejería de Salud como de la de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad.

Inclusión de veterinarios y farmacéuticos en el Observatorio

A juicio de CSIF, dicho organismo debería incluir a todos los colegios profesionales cuyos integrantes se encuentran en situación de mayor riesgo por el trabajo que desempeñan, como por ejemplo los veterinarios o los farmacéuticos, que no están incluidos, y que son los profesionales que realizan las inspecciones sanitarias en establecimientos comerciales y de hostelería y que en muchas ocasiones se enfrentan a situaciones amenazas y agresiones.

La vicepresidenta autonómica del Sector de Sanidad de CSIF, que urge a la Administración a revisar el Plan de Prevención y Atención frente a Agresiones a Profesionales del Sistema Sanitario Público de Andalucía, cuya evaluación anual aún está pendiente, ha subrayado que no se puede normalizar las conductas violentas que sufre el personal de la sanidad pública. "Lamentablemente se producen cada vez con mayor frecuencia e incluso con reincidencia”, asevera.

“Entendemos que hay muchas formas de manifestar el desacuerdo a un profesional, pero nunca está justificada la violencia”, ha manifestado Carmen Jiménez, quien ha insistido en la necesidad de que se publique el régimen sancionador para estas conducta.