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El vecino de Navas de San Juan investigado por el ciberacoso a Nieves Lafuente, la joven del municipio que acabó suicidándose fruto de ello, y a su familia, no ha acudido a su cita de este miércoles para declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de La Carolina por motivos de salud, según ha argumentado su letrada. Está investigado por un presunto delito de odio por orientación sexual.
También estaban llamados a prestar declaración los padres de la joven navera, que han ratificado las denuncias interpuestas desde mayo contra el investigado, al que acusan de haber seguido enviando paquetes contra reembolso a nombre de Nieves y de los progenitores y suplantando su identidad en redes sociales después de que la joven se quitara la vida, en diciembre de 2021, cuando tenía 20 años.
A la salida del Juzgado, la familia Lafuente ha trasladado "su profundo dolor y malestar" por la nueva incomparecencia del supuesto ciberacosador, lo cual considera "una maniobra deliberada con la única finalidad retrasar las actuaciones y todo el procedimiento", según ha expresado el presidente de la Delegación Territorial de la Fundación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) para la Provincia de Jaén y portavoz de la familia, Luis Francisco Sánchez.
Cabe recordar que este es el primer caso de un posible delito de odio contra la orientación sexual en el que la Junta de Andalucía se persona como acusación. Lo hizo el pasado abril.
Tal y como afirmaron este verano fuentes cercanas a la investigación citadas por Europa Press, el investigado formaba parte del entorno de Nieves. La Guardia Civil registró su vivienda y le requisó varios dispositivos electrónicos. En septiembre, el presunto ciberacosador sí compareció en el Juzgado de Primera Instancia de La Carolina como presunto autor de un delito de usurpación de estado civil de Nieves. Según informó entonces el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), respondió a todas las cuestiones que se le plantearon.
No obstante, el citado Sánchez aseguró posteriormente que la familia siguió recibiendo "la misma clase de insultos, amenazas y suplantación de estado civil en redes sociales". La Guardia Civil volvió a registrar la casa del investigado, al que le incautaron nuevos dispositivos electrónicos.
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