Detectan 16 plantaciones de marihuana enganchadas a la luz en Jaén

Endesa ha desconectado de la red eléctrica 16 enganches para alimentar plantaciones ilegales de marihuana durante el primer semestre del año en la provincia de Jaén. De enero a junio de este año, han detectado en Jaén 932 expedientes de fraude, 16 de los cuales estaban vinculados al cultivo de marihuana que han llegado a consumir el 13 por ciento del total de la energía defraudada.

Las cifras, según ha indicado la compañía eléctrica en un comunicado, ponen de manifiesto "la magnitud de un problema creciente que amenaza la seguridad física de los vecinos y la calidad de suministro en zonas con alta concentración de fraude". En el caso de la provincia esta problemática se detecta sobre todo en los municipios jiennenses de Mancha Real, Torreperogil, La Carolina y Fuerte del Rey.

En los últimos años se han registrados "numerosos casos de incendios y electrocuciones vinculados a la manipulación de las instalaciones eléctricas". Solo en el último mes, seis centros de transformación han quedado calcinados en Andalucía al no poder resistir la sobrecarga de la red derivada del fraude masivo, especialmente por plantaciones de marihuana.

Gran consimo de luz

La energía consumida por las plantaciones detectadas entre enero y junio de este año ascendió en Jaén a un millón de KWh, suponiendo el 13% de la energía consumida de forma fraudulenta. No obstante, se calcula que el total de las plantaciones de cannabis existentes en España consumen unos 2,2 TWh de electricidad, equivalente a la demanda de una ciudad del tamaño de Sevilla en un año.

Los datos de las fuerzas de seguridad indican que las plantaciones indoor son más difíciles de detectar y tienen mayor rendimiento que las plantaciones a cielo abierto, de cuatro a seis cosechas al año. Estos dos factores son claves para explicar el importante peso de las plantaciones de interior dentro del cultivo de marihuana en España, que según el European Drug Report 2024, acaparó en 2022 el 81 por ciento de las plantas de marihuana incautadas en la Unión Europea.

Los sistemas de iluminación y ventilación utilizados para acelerar el crecimiento de las plantas funcionan 24 horas al día mediante enganches ilegales que "causan estragos en la red eléctrica". La sobrecarga de potencia activa las protecciones de los centros de transformación y provoca interrupciones de suministro que afectan a los vecinos de la zona.

Estas conexiones ilegales provocan incendios en las instalaciones generales, pero también en los edificios y viviendas en los que se ubican las plantaciones, originando "graves riesgos" tanto para las personas que manipulan las instalaciones como para los vecinos del entorno, que sufren además problemas en su suministro eléctrico.

Técnicos con pasamontañas

Al margen del riesgo eléctrico, la proliferación de estas instalaciones ilegales controladas por "organizaciones trasnacionales con una potente actividad policriminal" según el Ministerio del Interior, supone además un riesgo físico para la actuación de los inspectores y técnicos. En determinadas zonas deben trabajar con la cara cubierta para evitar su identificación y desarrollan su labor siempre acompañados por fuerzas policiales cuando acuden a desconectar las plantaciones de marihuana.

Las coacciones y amenazas a los trabajadores se registran en todo tipo de labores de inspección, no sólo en las vinculadas a plantaciones. En los últimos tres años los empleados de la compañía y de las contratas que trabajan sobre el terreno han sufrido un centenar de casos de violencia física y verbal, en concreto, 51 casos de agresiones y 45 de amenazas, cuando procedían a desmantelar fraudes.

Las conexiones ilegales vinculadas a plantaciones de marihuana acaparan, junto a los grandes consumos vinculados a la actividad industrial y los negocios el 74 por ciento de la energía defraudada detectada por la filial de redes de Endesa.

El uso de las últimas tecnologías y la inteligencia artificial se han convertido en aliados para detectar las instalaciones fraudulentas, pero el trabajo final corresponde a los técnicos e inspectores de la compañía y de las contratas, que han realizado cerca de 200.000 inspecciones sobre el terreno en lo que va de año en España para detectar las manipulaciones de la red.

En algunas de esas inspecciones fue decisiva la colaboración de los ciudadanos, que pueden informar de manera anónima a su compañía distribuidora si sospechan que se está cometiendo fraude en su entorno.

Las estimaciones indican que el fraude eléctrico le cuesta al conjunto de los consumidores españoles más de 2.000 millones al año, el equivalente a 69 euros al año por cada punto de suministro.