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Jaén/El Centro de Formación Integrar tiene como objetivo normalizar el día a día de las personas con discapacidad en la ciudad de Jaén. Cuenta con 102 matriculados de los que más de un 90 por ciento tienen algún tipo de discapacidad intelectual y de los que 25, todos ellos mayores de 21 años venían desarrollando, dentro de su programación, actividades deportivas enfocadas a la mejora de su motricidad y al impulso de sus relaciones sociales.
Unas actividades que este año ya no están pudiendo llevar a cabo porque desde el Ayuntamiento de Jaén les han exigido el pago de las instalaciones municipales que usaban en La Salobreja, algo que, según denuncian desde Integrar, supone el quebranto de un acuerdo bilateral que mantenía desde hace al menos ocho años con la Concejalía de Deportes.
“Nosotros llegamos a un acuerdo con Charo Morales de Coca, que por entonces era concejala de Deportes. No pagábamos por las pistas y a cambio desde Asuntos Sociales se nos derivan personas con discapacidad que no tienen recursos. Cobramos una tarifa muy bajita porque no queremos hacer negocio y no es imposible pagar el precio que ahora se nos exige por las instalaciones”, denuncia Lucía Ruiz, directora del centro, en palabras para Jaén Hoy.
Concretamente el uso que Integrar hacía del polideportivo de La Salobreja consistía en una hora los viernes en el pabellón de frontón y una hora en la piscina cubierta de este mismo recinto. “A cambios los chicos que no derivan reciben la misma atención que el resto, con reeducación pedagógica, logopédica e incluso la preparación de oposiciones”, especifica Ruiz.
Alega que este convenio nunca se puso por escrito porque los diferentes concejales que suscribieron el acuerdo original les transmitieron que “era de cajón” el que ellos pudieran disfrutar de estas ventajas y denuncia que desde el Consistorio no se les ha ofrecido ninguna solución. “Concejales de la oposición nos informaron de que el Ayuntamiento tiene conveniada una sala en el gimnasio Forus que se podría emplear, pero ya nos ha dicho el actual equipo de gobierno de que eso no es tan sencillo. No nos ofrecen ninguna solución, seguimos sin respuesta y cuando hemos propuesto firmar un nuevo convenio nos dicen que tiene que ser sin contraprestación por su parte. Estamos muy molestos y es que si hiciéramos las cuentas nos tendrían que pagar ellos a nosotros”, argumenta Lucía Ruiz.
Desde el Ayuntamiento explican a Jaén Hoy que se están limitando “al cumplimiento de la ordenanza que establece el precio público por la prestación de servicios y actividades deportivas del Patronato Municipal de Deportes”. “Así como a la que también existe que regula el uso de las instalaciones. Hablamos de ordenanzas que no dependen de qué partido político esté gobernando sino de ordenanzas que han sido aprobadas en pleno, donde están representados los partidos políticos que han elegido los ciudadanos”, añaden fuentes del Consistorio.
“Cuando llegó este equipo de Gobierno reparamos en que no se estaba cumpliendo la ley amparándose en una serie de convenios que, ya sean orales o firmados, nunca pueden estar por encima de la regulación vigente”, se defienden.
La ordenanza a la que se refieren desde el Ayuntamiento de Jaén contempla colectivos y entidades que no están obligados al pago de los precios públicos en cuatro casos: centros de enseñanza público-concertados que no dispongan de instalaciones deportivas adecuadas para el desarrollo de programas de educación física o expresión dinámica, aquellos centros de enseñanza privados autorizados expresamente por la Junta de Andalucía, que en situaciones de excepcionalidad no dispongan de instalación deportiva; la Policía Local y el Servicio de Extinción de Incendios y Voluntarios de Protección Civil de Jaén para que presten sus programas de formación física para que estén en forma y, por últimos, los deportistas de alto rendimiento amparados por la ley 516 del 19 de julio del deporte de Andalucía.
“Hay colectivos que disfrutan de varios descuentos o de precios especiales. Entre ellos, los clubes deportivos, que tienen también que cumplir una serie de requisitos, como en todos los casos anteriores, y los que están catalogados como colectivos de carácter social sin ánimo de lucro. Tienen primero que demandar la aplicación de ese porcentaje y deben solicitarlo por escrito, por sede electrónica y aportando una serie de documentaciones que acrediten primero que ese colectivo existe, está debidamente constituido y luego tienen que también aportar una memoria detallada donde se explique el trabajo que realizan y tienen que justificar el interés social de la solicitud de las instalaciones”, explican con detenimiento fuentes municipales a esta Redacción.
En esos casos, ese precio público se reduce hasta en un 50 por ciento para colectivos, para estos colectivos sujetos a convenio de colaboración o incluso de un descuento del 75 por ciento para usuarios con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33 por ciento. Entonces, está tipificado específicamente en esta normativa el precio que tienen que satisfacer estos colectivos. “Les echamos una mano en lo que necesiten, les ayudamos a tramitar, así como informarles de los descuentos que pueden obtener. Pero lo que no podemos hacer es saltarnos la ley y ni mucho menos con convenios, con acuerdos entre partes que en ningún caso se saltan una ley que está aprobada en un pleno municipal”, finalizan en su alegato desde el Consistorio.
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