La hermana del fallecido en el calabozo de Jódar: "Fue todo muy raro, no se investigó nada"

Jaén/En casa de los Montávez Sánchez están de enhorabuena. Relativamente, claro. Es difícil hablar de satisfacción plena cuando lo que se aplaude es la reapertura de la investigación sobre la muerte, en extrañas circunstancias, de uno de los pilares de la familia. Cristóbal falleció en octubre de 2020, con 42 años, en el calabozo de la Policía Local de Jódar, dentro del ayuntamiento. Según la versión oficial, se suicidó ahorcándose con el cordón del pantalón de su chándal. Pero sus familiares creían que había indicios suficientes para dudar de ello, y por eso denunciaron a la Policía por homicidio, detención ilegal, obstrucción a la justicia, lesiones y abuso de autoridad. Aunque el Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda sobreseyó la causa en febrero 2021 y la Audiencia Provincial de Jaén ratificó esa decisión en junio de ese mismo año, el Tribunal Constitucional ha ordenado ahora que se retome el caso. Según la sentencia de su Sala Segunda, la jueza instructora decidió dar carpetazo a la investigación demasiado pronto y sin contar con todas las mínimas pruebas necesarias para ello. “Hemos recibido la noticia muy bien, pero sólo en parte. Es una pena que haya que esperar cuatro años para que te digan que tienes razón, que no se hizo todo lo posible en su momento”, dice la hermana de Cristóbal, Loli Montávez, en conversación con Jaén Hoy.

El relato oficial es el que sigue. Cerca de la medianoche del 29 al 30 de octubre de 2020, Cristóbal fue detenido por dos policías locales en la calle Granada de Jódar después de que, supuestamente, se abalanzara sobre los agentes y los agrediera. Tras ello, los policías lo llevaron al centro de salud, donde se le administraron dos medicamentos para tranquilizarlo. Allí permaneció una hora en observación, tras lo cual el médico le inyectó diazepam. Los agentes también fueron atendidos por los sanitarios. Se encerró a Cristóbal en el calabozo de las dependencias policiales y se avisó a la Guardia Civil para que trasladaran al detenido a Úbeda, donde iba a declarar en sede judicial al día siguiente. Sobre las dos y media de la madrugada, los policías locales y los guardias civiles encontraron ahorcado a Cristóbal. Y eso a pesar de que, según los agentes de Policía, se le había cacheado para evitar que pudiera atentar contra su vida con cualquier objeto.

“Fue todo muy raro. En su momento no se investigó nada”, lamenta Loli. La hermana de Cristóbal destaca, sobre todo, el hecho de que, antes de que se ordenara el cierre de la investigación, no se llamara a declarar ni a los policías que llevaron a cabo la detención ni a los sanitarios que atendieron tanto a estos agentes como a Cristóbal la noche de los hechos. ¿Por qué? “La jueza decía que ninguna de las pruebas que pedíamos era determinante para esclarecer lo que había pasado”, afirma. Uno de los aspectos extraños del caso a los que se refiere es el hecho de que se encontraran restos de sangre, posiblemente de Cristóbal, en la calle Domingo Arroquia, es decir, en un sitio distinto al que, según los policías, se produjo la detención: “Cuando fueron a analizar esa sangre, primero nos dijeron que no se podía identificar el ADN porque ya habían pasado varios días, y resulta que, luego, a los siete u ocho meses, aparece un informe en el que se dice que sí, que era la sangre de mi hermano”.

En efecto, el informe del servicio de biología del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses en el que se concluye que el perfil genético de esa muestra de sangre coincide con el de Cristóbal no se incorporó a las diligencias de instrucción hasta el 18 de octubre de 2021. Es decir, casi cuatro meses después de que la Audiencia de Jaén ratificara el sobreseimiento del caso. “Habíamos pedido en su momento la geolocalización de los móviles de los policías, pero también se nos denegó”, recuerda Loli, que afirma que hubo testigos que vieron cómo a su hermano lo llevaron al centro de salud “arrastrándolo”: “La grabación de las cámaras de seguridad hubiese sido determinante para saber lo que pasó, pero no se revisaron, así que esa duda siempre estará ahí. También pedimos que se consultara la base de datos de la Policía porque mi hermano no tenía firmado el documento de lectura de derechos ni de asignación de abogado de oficio, pero no se tuvo nada de eso en cuenta”.

Según el fallo del Constitucional, entre las diligencias que la jueza de instrucción “denegó, o dejó de atender” también estaba el informe definitivo de autopsia. El Instituto de Medicina Legal de Jaén lo emitió el 16 de junio de 2021, cerca de cuatro meses después de que el Juzgado de Úbeda decretara el cierre del caso y poco antes de que la Audiencia Provincial rechazara el recurso de la familia Montávez Sánchez para reabrirlo. Según Loli, en ese informe no hay ni rastro de los medicamentos que, en teoría, se le administraron a su hermano en el centro de salud.

“La insuficiente actividad probatoria desplegada por el órgano instructor no permite mínimamente colmar las lagunas en la reconstrucción de lo sucedido, quedando sin respuesta aspectos elementales y decisivos de la instrucción como las propias circunstancias en que se produjo la muerte, el origen del cordón con el que se produjo el ahorcamiento, el concreto recorrido y las condiciones en que se produjo la detención y en particular, las razones por las que se localizaron restos de sangre del fallecido en lugar distinto de la detención o la corrección en las labores de atención o vigilancia del detenido atendido su estado”, reza el fallo del tribunal de garantías.

"La justicia ha actuado como tenía que actuar"

Cuatro años después de los hechos, Loli afirma que en ningún momento había perdido del todo la esperanza de que la investigación se reanudara. “Mis padres sí que estaban más desanimados, un poco echados para atrás y diciendo que esto no iba a ir a ningún lado, pero yo confiaba en que nos dieran la razón”, cuenta. Según dice, son muchos los familiares y amigos que les han apoyado y les siguen apoyando: “La gente tampoco está contenta con cómo se hicieron las cosas”. Quienes no se han puesto en contacto con ellos en todo este tiempo han sido los responsables del Ayuntamiento: “De hecho, en el recurso que pusimos en el Constitucional, su abogado siguió oponiéndose y se personó para que lo desestimaran”.

Una vez llegados a este punto, lo que queda, según Loli, es esperar: “La justicia ha actuado como tenía que actuar”. Su familia, a través de su abogado, volverá a pedir que se lleven a cabo todas las diligencias y que se tengan en cuenta todas las pruebas que ya solicitaron en su momento. “Han pasado ya cuatro años y yo creo que a lo mejor hay pruebas que se han perdido, pero a mí me queda un mínimo de esperanza de que, al menos, la investigación se haga como se tenía que haber hecho. Lo único que queremos es saber qué pasó aquel día. Despejar nuestras dudas”, concluye.