Tráfico y fabricación ilegal de armas en Jaén: así lo combate la Guardia Civil

A finales de octubre de 2023, la tranquilidad de la que habitualmente gozan los menos de 1.000 habitantes de Iznatoraf se vio alterada de forma inesperada. La Guardia Civil detuvo a tres personas de la misma familia del municipio en el marco de un dispositivo a gran escala contra la fabricación ilegal y el tráfico de armas en diversos puntos de la provincia de Jaén. La operación, denominada Joe, había comenzado en abril y concluyó en diciembre con ocho arrestos entre Villanueva del Arzobispo, Linares, Úbeda, Villacarrillo y la propia Iznatoraf. Tres de los detenidos ingresaron en prisión como investigados por sendos delitos de depósito de armas de guerra, de municiones y de explosivos, tenencia ilícita de armas y tráfico de armas y municiones.

Los agentes del Instituto Armado que participaron en la investigación, dirigida por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número dos de Villacarrillo, desarticularon dos talleres clandestinos para modificar armas y fabricar cartuchería metálica. Durante los registros que se practicaron, intervinieron un subfusil de guerra, una pistola con culatín, 16 pistolas convencionales, nueve revólveres y seis escopetas y rifles, una granada de mano, 17.200 cartuchos metálicos de diferentes calibres, incluida munición de guerra, tres kilos de pólvora, 3.420 pistones y numerosas vainas y proyectiles para la fabricación ilegal de munición, cinco pistolas y un revolver detonador, ocho silenciadores, tres cañones de armas de fuego y varios componentes esenciales, 8.000 euros en efectivo, cinco teléfonos móviles y un ordenador, así como documentación.

Esta no fue esta la única intervención contra el tráfico de armas en la provincia de Jaén a lo largo de 2023, un año especialmente profuso en este sentido. También en diciembre, la Guardia Civil detuvo a seis personas, desarticuló varios talleres ilegales e incautó más de 80 armas de fuego, guerra y de impresión 3D fruto de la llamada operación Carmelo en León, Madrid y Jaén, una investigación que coordinó la Europol por sus ramificaciones internacionales. Pero es que meses antes, en febrero, un dispositivo conjunto de la Policía Nacional y la Benemérita, denominado Botijo-Butkus, permitió arrestar a tres individuos y desmantelar otra trama delictiva de fabricación ilícita y tráfico de municiones y armas de fuego asentada en la provincia jiennense y que surtía de armamento a organizaciones criminales del Campo de Gibraltar y el sur de España. Por último, en marzo, agentes del Instituto Armado pusieron las esposas a otras tres personas, una de ellas en Jaén, en el marco de la operación Dux, iniciada en 2021 y que se extendió, además de a Jaén, a Barcelona, Madrid, Murcia y Vizcaya.

La unidad de la Guardia Civil encargada de luchar contra el tráfico de armas en la provincia es el Grupo de Información de la Comandancia en Jaén. Sólo en 2023, sus agentes consiguieron incautar 92 armas, la mayor cota de los últimos años, según destacan a Jaén Hoy fuentes del Grupo de Información. Además, entre todas las operaciones citadas, Botijo, Dux, Carmelo y Joe, sólo en la provincia jiennense se consiguió detener a 16 personas y desmantelar cuatro talleres clandestinos. “El perfil principal del traficante en Jaén es el de una persona con gran afición a las armas, para caza o tiro deportivo, pero especialmente al coleccionismo enfermizo”, explican las mismas fuentes. El quid de la cuestión es que no todas esas armas acaban siendo para uso propio: el delito empieza a gestarse cuando a una parte de la colección se le da salida a través del comercio ilegal. “En algunas ocasiones el destino final es la delincuencia organizada, con el peligro que eso conlleva para la seguridad ciudadana”, señalan desde la unidad.

La Guardia Civil activa la alerta en cuanto recibe informaciones que hacen sospechar de que una de estas personas esté, en efecto, dedicándose a actividades ilegales con armas de por medio. “Tras poner en conocimiento de la autoridad judicial los hechos, se adoptan diferentes medidas de investigación para tratar de obtener evidencias sobre los delitos e identificar a todas las personas implicadas”, detalla el Grupo de Información. Una vez se cuenta con las pruebas suficientes, se detiene a los presuntos delincuentes y se practican entradas y registros en los espacios en los que se sospecha que se almacenan o manipulan ilegalmente las armas y municiones.

Las armas 3D, nueva amenaza de bajo calibre

A la tradicional elaboración ilegal de armas se ha sumado en los últimos años una variante: la fabricación por adición o, como se conoce popularmente, por impresión 3D. El método no dista del que se sigue para obtener cualquier objeto sólido mediante esta técnica. “Consiste en manipular un material, normalmente en forma de polvo, a escala micrométrica y depositarlo de forma muy precisa en sucesivas superposiciones de capas”, indica desde la Comandancia de la Guardia Civil de Jaén a este periódico.

Son dos los tipos de armas que se elaboran con impresión 3D. En una primera etapa se hacían completamente con material plástico, “salvo alguna pequeña pieza de metal como la aguja percutora”, apuntan las fuentes del Instituto Armado. Se trataba de las armas tipo ‘liberator’, “muy rudimentarias, monotiro, de pequeño calibre y que se dañan tras efectuar unos pocos disparos”, añaden. Para salvar ese inconveniente, los delincuentes dieron un paso más y comenzaron a fabricar otras armas ‘híbridas’. “La mayoría de las partes siguen siendo de plástico, pero, para reforzarlas y hacerlas más resistentes, otros elementos, como el cañón, el cierre o el cajón de mecanismos, son de metal”, según la Benemérita. Son precisamente estas piezas metálicas las que se fabrican artesanalmente en talleres clandestinos como los desarticulados en la provincia de Jaén el pasado año en el marco de las operaciones Carmelo y Joe. “Al contar con partes de metal elaboradas con impresión 3D, ya no son tan rudimentarias como las anteriores. Han pasado de ser monotiro y poco útiles por su corta vida y su fragilidad, a armas mucho más complejas, semiautomáticas o incluso automáticas, por lo que incluso pueden compararse con las armas tradicionales”.

Sin embargo, en el Grupo de Información no tardan en rebajar el tono de alarma. “El auge de la fabricación de armas 3D en nuestro país y otros de nuestro entorno es bajo. Las operaciones contra el tráfico de armas tradicionales siguen siendo exponencialmente mayores”, aseguran. Es algo que confirman, además, los datos: según la Europol, entre 2018 y 2022 sólo se han reportado algo más de 60 casos de tráfico de armas 3D en toda la Unión Europea.

Ello no quiere decir que el trabajo para evitar que el peligro crezca sea sencillo. En primer lugar, no hay un marco legal específico que regule o se pronuncie exactamente en torno a la fabricación o la tenencia de armas 3D, aunque, en cualquier caso, se entiende que quedan englobadas en las limitaciones recogidas en el Reglamento de Armas aprobado por el Real Decreto 137/1993, de 29 de enero. Su artículo 4.1 prohíbe “la fabricación, importación, circulación, publicidad, compraventa, tenencia y uso” de, entre otras, “las armas de fuego que sean resultado de una fabricación ilícita o de modificar sustancialmente las características de fabricación u origen de otras armas, sin la reglamentaria autorización”, así como de “cualesquiera otros instrumentos especialmente peligrosos para la integridad física de las personas”.

Por otro lado, desde el Grupo de Información detallan que la principal dificultad que entraña la investigación de tramas vinculadas a este tipo de armas caseras es que, al carecer de marcajes identificativos, son “irrastreables”. “Eso se une a que casi cualquier persona con una impresora 3D, los planos y los conocimientos adecuados puede fabricarlas”, advierten, aunque en seguida vuelven a llamar a la calma: “La experiencia acumulada por el Servicio de Información de la Guardia Civil en este tipo de investigaciones evidencia que la mayoría de las personas que fabrican armas mediante impresión 3D lo hacen con fines de experimentación y no con intención de utilizarlas para la comisión de delitos”. Por ello, sentencian: “Por el momento la podemos calificar como una amenaza emergente de baja intensidad”.