La licitación para la depuradora de Lopera vuelve al punto de partida dos años después

Jaén/La Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural volverá a licitar el contrato para construir la estación depuradora de aguas y la agrupación de vertidos en Lopera. A pesar de que el proyecto se adjudicó a finales de 2022 a la empresa malagueña Guamar por casi 3,3 millones de euros, las obras nunca llegaron a comenzar por problemas con la disponibilidad de los terrenos. Ahora, el Consejo Consultivo de Andalucía ha dado el visto bueno a la resolución del contrato de mutuo acuerdo entre la Junta y la empresa para que repetir el proceso de licitación.

La construcción de la depuradora de Lopera forma parte de un proyecto en el que también están incluidas infraestructuras de la misma índole para Cazalilla y Campillo de Arenas-Noalejo. El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobó, el 28 septiembre de 2021, destinar a los tres trabajos una inversión de 13,2 millones de euros. El montante forma parte de los 59 millones de euros procedentes del canon del agua autonómico a los que el Gobierno andaluz dio el visto bueno aquel día para financiar no sólo los proyectos jiennenses, sino también obras de depuración en Granada y Sevilla, todos declarados de interés en la comunidad autónoma.

La Dirección General de Infraestructuras del Agua adjudicó a Guamar la ejecución de las obras de la depuradora de Lopera algo más de un año después, el 11 de octubre de 2022. El contrato -de 3,3 millones de euros aunque con un valor estimado de casi 4,4- se formalizó el 12 de diciembre. Sin embargo, la empresa pidió resolverlo “por mutuo acuerdo” meses más tarde, en marzo de 2023, porque, según alegó, no pudo comenzar las obras “por la falta de disponibilidad de los terrenos” por los que tenían que discurrir los colectores, de lo cual quedó constancia en el acta de comprobación del replanteo del 2 de febrero de 2023.

La contratista, además, indicó que, “adicionalmente”, se sumaba otro problema: el encarecimiento de materiales -en un contexto de fuerte inflación- hizo que se quebrara “el equilibrio económico del contrato”. Sin embargo, en el expediente consta que esa circunstancia no estaba considerada motivo de resolución.

No hubo responsabilidad de la empresa

Todos estos detalles figuran en un dictamen del pasado 10 de octubre del Consejo Consultivo de Andalucía, al que la Consejería de Agricultura acudió para que se pronunciara sobre el modo de proceder para resolver el contrato de obras. En principio, la Administración también apostaba por hacerlo “de mutuo acuerdo”, algo que contempla el artículo 211.1.c de la Ley de Contratos del Sector Público. Pero había algunas circunstancias que generaban ciertas dudas.

Según se explica en el dictamen, que es público, la misma normativa establece un plazo máximo de un mes para comprobar el replanteo de terrenos desde la formalización de un contrato, y en el caso de la depuradora de Lopera ese plazo se cumplió el 12 de enero de 2023. Sin embargo, el acta de comprobación de replanteo está fechada el 2 de febrero. De acuerdo al artículo 245.a de la Ley de Contratos del Sector Público, la “demora injustificada” de ese trámite es motivo para romper un contrato de forma unilateral. Además, en el artículo 212.4 se indica que una resolución por mutuo acuerdo sólo será posible si las causas de dicha resolución no son imputables al contratista “y siempre que razones de interés público hagan innecesaria o inconveniente la permanencia del contrato”.

He ahí el quid de la cuestión. La Consejería consideraba que no se podía atribuir a la empresa las circunstancias que habían impedido comenzar las obras. Además, según el dictamen, sostenía que la resolución del contrato "permitirá actuar con celeridad, iniciando una nueva licitación de las obras" para, así, cumplir "los objetivos de la calidad de las aguas de Andalucía" y "las exigencias" de una Directiva europea "sobre tratamiento de aguas residuales urbanas”.

El Consejo Consultivo “comparte” esa “conclusión” y sostiene, por tanto, que “concurren razones de interés público que justifican la resolución del contrato de mutuo acuerdo”, de modo que da el visto bueno a la propuesta de la Consejería y a la devolución a Guamar de la garantía acordada previamente, tal y como había solicitado la propia empresa, para dar vía libre a la nueva licitación.