El Juzgado le da la razón al Ayuntamiento de Jaén en su batalla con Aqualia y dispondrá de 20 millones

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén ha dado la razón al Ayuntamiento de Jaén en su batalla con Aqualia emprendida por el anterior gobierno local (PSOE-Cs) cuando acordó por pleno declarar la nulidad de tres convenios suscritos en años anteriores con esta concesionaria por una cuantía que ronda los 60 millones de euros.

Aqualia interpuso recurso y demanda por estos acuerdos plenarios adoptados el 23 de marzo de 2022 y ahora el juzgado en una sentencia a la que tenido acceso Europa Press establece que "los actos administrativos impugnados lo que vienen a corregir es una serie de irregulares actuaciones tendentes a modificar el contrato concesional" y "adjudicar ilegalmente una serie de contratos de obras a favor de la actora y en correlativo perjuicio de la legalidad, la hacienda municipal y los intereses de los ciudadanos".

Añade la sentencia que "de no ratificar la nulidad de los convenios mencionados, se llegaría a legitimar una ilegal situación que se viene manteniendo desde 1997". Argumenta también que dar beneplácito a que se siga manteniendo hasta la vigencia del convenio es "algo inaceptable y que redunda en la oportunidad y legalidad del dictado de la resolución que acuerda la nulidad del os convenios, y que aquí se ratifica con la desestimación del recurso contencioso".

El Consistorio dispondrá de 20 millones

En lo que respecta al convenio de revisión del canon de mejora para la financiación de obras de Infraestructura, de fecha 28 de Julio del 2006 y que es uno de los impugnados, la sentencia establece que "supuso de facto la modificación de forma ilícita y prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, de uno de los compromisos alcanzados en el contrato concesional", toda vez que "operaba una modificación sustancial de las condiciones financieras ofertadas por Aqualia para la adjudicación del contrato y expresamente pactada en el mismo".

Con este fallo, que todavía es recurrible en apelación ante el TSJA, se frenan las pretensiones de Aqualia de reclamar 36 millones de euros al Ayuntamiento en intereses y permite que el Consistorio pueda empezar a disponer de 20 millones de euros para obras de saneamiento. Además, la sentencia impone las costas procesales a Aqualia al ser desestimadas sus pretensiones.