Crónica negra: los juicios por asesinato en Jaén en los que se absolvió a los acusados

El pasado 22 de noviembre, un jurado popular absolvió a Francisco Javier P. S., joven jiennense de 25 años, del delito de homicidio del que se le acusaba por la muerte de Youssef El Gartit de un navajazo en noviembre de 2021. Los nueve miembros del jurado de la Audiencia Provincial de Jaén consideraron, por unanimidad, que el acusado actuó en legítima defensa cuando clavó una navaja cerca del corazón a la víctima tras verse rodeado de tres personas -entre ellas, Youssef-, que le atacaron con palos y cuchillos después de haber discutido y peleado con uno de ellos minutos antes durante el tajo de aceituna. La Fiscalía y su defensa pedían su libre absolución, mientras que la acusación particular, que ya recurrió el fallo, solicitaba un castigo de doce años y medio de cárcel.

No ha sido este el único juicio por homicidio o asesinato en Jaén cuyo acusado o acusados han sido absueltos. Por circunstancias diversas. Falta de pruebas, declaraciones contradictorias, informes periciales puestos en duda... Fuera como fuese, la cuestión es que, aunque se llegó a culpar a alguien, finalmente se consideró que esa persona no merecía cargar con el peso de la Justicia. Algunos de estos casos se convirtieron en fenómenos mediáticos que pasaron a formar parte de un triste cajón de la memoria colectiva jiennense. Porque, por encima de los ingentes ríos de tinta vertidos en torno a especulaciones y avances en la reunión de pruebas, queda el silencio eterno de las víctimas y el dolor de sus familias. Y precisamente para no acallar esas voces es menester que la memoria revisite, de vez en cuando, aquellos lugares oscuros. Ya lo dijo el escritor francés George Bernanos: "El verdadero odio es el desinterés, y el asesinato perfecto es el olvido".

El crimen de los novios

El conocido como crimen de los novios es uno de los más relevantes de la crónica negra de Jaén, no sólo por la crudeza del doble asesinato de las jóvenes víctimas, Óscar Arroyo, de 21 años, y Ana María Torres, de 19, sino también porque, más de treinta años después de los hechos, aún no se sabe quién o quiénes decidieron asesinarlos.

La del 7 de junio de 1992, próximas las fiestas de la Virgen de la Capilla, fue una tarde lluviosa en Jaén. Óscar y Ana María decidieron pasarla en el cine. Luego, como solían hacer tantas otras parejas jóvenes en la época, se desplazaron en coche hasta el Camino de las Cuevas, un paraje cercano al núcleo urbano de la capital. Fue lo último que hicieron en vida.

Al día siguiente, un pastor encontró el cuerpo sin vida de Óscar, desnudo, dentro del vehículo. Tenía dos disparos, uno en el hombro y otro en la cabeza. El cadáver de Ana María se halló dos días después, a unos 300 metros. Estaba vestida. Le habían disparado por la espalda y el tiro mortal le había dado en el cuello. Como le faltaba un zapato, se empezó a hablar en primera instancia del crimen de la Cenicienta. Posteriormente se confirmó que la habían violado.

A partir de entonces comenzó una amplia indagación policial que pasó por las manos de diferentes comisarios del Cuerpo de la Policía Nacional de Jaén y jueces de instrucción, pero que, aún hoy, continúa despertando serias dudas sobre si se llevó a cabo con el rigor necesario. El primer revés llegó cuando los investigadores fueron a revelar las fotografías tomadas de la escena del crimen: fue imposible obtener las imágenes porque habían colocado mal el carrete en la cámara. A ello se sumó que la abundante lluvia había destruido indicios, que a los laboratorios llegaron pruebas en mal estado y que no se encontraron casquillos en el escenario del crimen.

A lo largo de dos años se revisaron decenas de veces las imágenes del multitudinario entierro conjunto de la pareja, en busca de alguna cara sospechosa. También se interrogó a más de 400 testigos, se analizaron llamadas telefónicas y se inspeccionaron miles de vehículos en busca de un Citroën rojo que, supuestamente, fue visto en el paraje en el que se cometieron los asesinatos aquella noche del 7 de junio. Sin embargo, no se obtuvieron resultados concluyentes.

Un año después, se reconstruyeron los hechos en el lugar del crimen. Además, se comenzó a estudiar los restos de ADN en los cuerpos de las víctimas para comprobar si existía una huella genética distinta a las suyas y, posteriormente, compararla con el ADN de posibles sospechosos, una técnica revolucionaria en la época que se introdujo a través del Instituto de Medicina Legal de Granada. Sin embargo, todos los resultados conducían a las autoridades a callejones sin salida. En mayo de 1994, la Audiencia Provincial de Jaén decidió sobreseer provisionalmente el caso por falta de pruebas, aunque la Brigada Judicial de la Policía Nacional continuó con la investigación.

La alarma social creció cuando, por aquellas fechas, se produjo un caso similar al del crimen de los novios: un intento de asalto a punta de escopeta de dos hombres a dos jóvenes dentro de un coche en Las Fuentezuelas. Por suerte, la pareja logró huir y se detuvo a los dos delincuentes, que vivían en un cortijo abandonado, La Casimira, frecuentado por otros enemigos de la ley, además de drogadictos y mendigos. Uno de los arrestados fue José Miguel Núñez.

La investigación por el doble asesinato de Óscar y Ana María pareció encaminarse hacia la luz cuando, ya en 1995, tres años después del crimen, se consiguió dar con un testigo clave: Benito Collado, uno de los indigentes que solían dormir en La Casimira, aseguró que la noche de marras vio tanto a Núñez -el detenido por el intento de asalto en Las Fuentezuelas- como a Juan Domingo León, tío político del primero, llegar al cortijo con Ana María, a la que retuvieron allí antes de violarla y matarla. Ambos fueron conducidos a la Audiencia Provincial en febrero de 1995. León, que ya tenía a sus espaldas un amplio historial delictivo, proclamó a gritos su inocencia en los pasillos de la sede judicial.

El juicio se celebró en enero de 1997. Dos fueron las pruebas fundamentales para acusar a León y a Núñez de homicidio, violación y tenencia ilícita de armas: la primera, el testimonio de indigente Benito Collado; la segunda, el hecho de que en la ropa de Ana María se encontraran dos cabellos cuyo ADN coincidía con el de Núñez. La Fiscalía solicitó para ambos un castigo de 96 años de cárcel y la acusación particular, de 98. Sin embargo, se acabó absolviendo por falta de pruebas a los dos detenidos. En cuanto al testimonio clave, se dudó de la credibilidad de un Collado que, por su bajo nivel cultural, ni siquiera entendió algunas de las preguntas formuladas por las partes y que incurrió en diversas contradicciones. Por otro lado, se consideró que la prueba de ADN no era lo suficientemente fiable.

Cuando el caso parecía abocado a coger polvo en la carpeta de crímenes sin resolver, sufrió un nuevo giro de guion dos años después. Durante su estancia en prisión provisional entre 1995 y 1997, a Núñez y León les dio tiempo a hablar mucho. Llegaron a charlar, entre otras cosas, sobre determinados hechos acaecidos el mismo día del doble asesinato de los novios. Aquellas conversaciones fueron grabadas en más de 60 horas de cintas. En 1998, el Tribunal Supremo ordenó repetir el juicio para que esas grabaciones se tuvieran en cuenta como pruebas.

Los mismos sospechosos se sentaron por segunda vez en el banquillo de los acusados por los mismos hechos en julio de 1999. Sin embargo, la Audiencia Provincial volvió a absolverlos por la ausencia de pruebas directas con las que poder culparlos: además de mantenerse las dudas sobre el testimonio de Benito Collado y sobre el examen de ADN, las cintas eran inaudibles. Cobró fuerza la idea de que hubo una tercera persona implicada en los hechos, pero nunca ha llegado a confirmarse ni a desmentirse. El Supremo ratificó la sentencia absolutoria en 2001. En junio de 2012, veinte años después de los hechos, los delitos por el crimen de los novios prescribieron. Juan Domingo León ya había fallecido, en 2005, sin dejar de defender públicamente su inocencia. Hoy en día sigue sin saberse quién asesinó a Óscar Arroyo y a Ana María Torres.

El crimen del Hospital

11 de marzo de 2011. Primera hora de la mañana, en torno a las 6:00. Mohamed N., un indigente de origen marroquí al que se veía habitualmente por el entorno del Complejo Hospitalario de Jaén, entró aprisa en el Médico-Quirúrgico y advirtió a los empleados de seguridad de que fuera, en los jardines, había un hombre muerto. Tenía la cabeza machacada. Junto al cadáver se encontró una piedra ensangrentada de considerables proporciones. Se trataba de Antonio Estepa, vecino de La Magdalena de 41 años. El suyo fue el conocido como crimen del Hospital. Casi trece años después, todavía sigue sin resolverse.

Sólo hubo una persona acusada oficialmente como presunto autor del asesinato: el propio Mohamed, de 36 años, la persona que encontró el cadáver. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Jaén decretó su ingreso en prisión provisional sólo dos días después del hallazgo. Se le vio como el principal sospechoso porque, entre otras cuestiones, incurrió en algunas contradicciones en sus declaraciones. Por ejemplo, primero afirmó que no conocía de nada a la víctima y, posteriormente, reconoció que sí había hablado con él horas antes de su muerte porque le pidió un cigarro. Además, la Policía Científica concluyó en su informe pericial que, antes de matarlo con la piedra, a Antonio Estepa le dieron una paliza. Entre otras lesiones, en su espalda había un hematoma con forma de huella de zapato que coincidía con la de las botas que llevaba Mohamed el día en el que se cometió el crimen.

Más allá de eso, no se encontraron restos de ADN del detenido en la piedra, tampoco en la ropa y el cuerpo de Antonio. No hubo testigos del asesinato. No había imágenes de cámaras que hubieran registrado el crimen. La única prueba que existía contra Mohamed era esa similitud entre la forma del hematoma y la huella de sus botas. Y la Fiscalía no lo consideró suficiente para acusarle. Por ello, en noviembre pidió el archivo de la causa. Si el proceso siguió adelante fue porque la familia de la víctima, personada como acusación particular, seguía solicitando para Mohamed un castigo de 25 años de cárcel. En julio, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 ordenó la puesta en libertad provisional del investigado.

Mohamed se sentó en el banquillo de los acusados de la Audiencia Provincial en mayo de 2012. Tras varios días de interrogatorios y análisis de pruebas, el jurado popular consideró, como el fiscal, que no existía prueba de cargo para dudar de su inocencia, sino tan sólo meras sospechas. La sentencia que confirmó la absolución llegó en junio. En el auto se destacó que hubo más contradicciones, aparte de las del detenido: un policía aseguró que el compañero de celda de Mohamed contó, durante un traslado, que el acusado se jactaba de haber matado a Antonio, pero, sin embargo, ese mismo preso dijo en el juicio que no había hablado con Mohamed.

Por otro lado, sobre el hematoma en la espalda de la víctima se resaltó que no se logró determinar que se correspondiera con la suela de una de las botas del acusado, en cuya ropa, además, no había manchas de sangre. Tampoco se descubrieron signos de lucha en su cuerpo. La familia de Antonio Estepa no ha dejado de pedir justicia desde entonces.

El crimen de la enfermera

El 8 de octubre de 2012, Jesús Arteaga y Antonia González, marido y mujer, almorzaron en casa. Él tenía 52 años y era funcionario de la Universidad de Jaén, y ella, 46 y trabajaba de enfermera en el Complejo Hospitalario jiennense. El matrimonio no venía de atravesar su mejor momento, pero parecía estar superando sus problemas. Sin embargo, esa tarde discutieron, y Jesús, que se marchó del domicilio marital sobre las 20:00, llamó a un compañero de trabajo para pedirle pasar esa noche en su casa, a la que llegó a las 21:05. Al día siguiente fue a trabajar, comió en el domicilio de su amigo y, posteriormente, viajó a Los Villares para, junto a su hermana, visitar a otro hermano en la residencia del municipio. Por la noche, al pasar por las inmediaciones de su casa, vio que no había luz y llamó a su mujer. Primero al móvil, a las 21:44, y luego al fijo, un minuto después. Al no obtener respuesta, subió a la vivienda y encontró a Antonia en la cama, tumbada bocabajo y con una jeringuilla en una de sus muñecas. Eran las 21:55. Jesús llamó al 112. Se le derivó al 061 y recibió instrucciones para tratar de reanimar a Antonia haciéndole masajes cardiacos y el boca a boca. Todo fue en vano. Los profesionales sanitarios llegaron al domicilio a las 22:07 y confirmaron la muerte de la enfermera.

Los primeros indicios apuntaron a un suicidio porque en la jeringuilla que tenía clavada Antonia había restos de Propofol, un medicamento que tomaba para dormir cuando, después de tener varios turnos de noche seguidos, le costaba coger el sueño. La agente de la Policía Nacional que hizo la inspección ocular de la vivienda encontró otra jeringuilla, sin usar, en la mesita de noche, y una de las médicas de Urgencias que envió el 112 comprobó que en el dormitorio había varios frascos del fármaco aludido, uno de los cuales tenía un esparadrapo. El resto de habitaciones estaban en orden.

Sin embargo, los forenses del Instituto de Medicina Legal de Jaén determinaron posteriormente que la muerte fue de naturaleza homicida. Según su informe, a la enfermera la habían asfixiado un día antes del aviso al 112, entre las 17:00 y las 18:00, es decir, cuando su marido estaba aún en casa con ella antes de irse al domicilio de su amigo. Veintidós días después de fallecer Antonia, el 30 de octubre, Jesús Arteaga ingresó en prisión como sospechoso de haber asfixiado a su esposa y, posteriormente, haber fingido su suicidio. Un plot-twist de manual. Casi de un día para otro, pasó de ser un viudo roto por el dolor a un presunto asesino calculador.

Con Jesús entre rejas, su defensa presentó un informe pericial alternativo elaborado por expertos de las universidades de Málaga y de Santiago de Compostela que ponía en duda los resultados del trabajo de los forenses jiennenses. Se coincidía en que la enfermera había muerto por asfixia, pero también se afirmaba, entre otras cosas, que no se podía descartar que Antonia se hubiera inyectado el Propofol porque, aunque no habían encontrado en su cuerpo restos del fármaco, no se habían analizado muestras suficientes de órganos como los riñones y el hígado. Pero el quid de la cuestión residía en el tramo horario en el que se había fijado el fallecimiento de la mujer: los profesores de Málaga y Santiago de Compostela afirmaron que la muerte tuvo lugar en torno a las 21:00, es decir, cuando Jesús ya no estaba con ella en casa. Tras ello, los peritos del Instituto de Medicina Legal de Jaén rectificaron su informe.

El entonces sospechoso pasó en prisión preventiva nueve meses, hasta el 2 de julio de 2013, cuando el Juzgado de Violencia de Género le concedió la libertad provisional, ratificada en septiembre por la Audiencia Provincial, que desestimó el recurso presentado por la Fiscalía. Numerosos familiares y amigos que se habían manifestado en diversas ocasiones para pedir su libertad, incluidos algunos familiares de Antonia, le recibieron en la calle al salir de la cárcel. Posteriormente, en septiembre, el Instituto de Medicina Legal jiennense volvió a enmendar su propia plana: ratificó "en esencia" su primer informe de autopsia y, finalmente, señaló que la muerte de Antonia tuvo lugar en un amplio tramo horario del 8 de octubre de 2012 que abarcaba desde las 15:34 hasta las 21:55. Es decir, no descartaba la teoría del estudio alternativo presentado por la defensa, pero, al mismo tiempo, no se desdecía a sí mismo.

El juicio no se celebró hasta dos años más tarde. En la sala de vistas de la Audiencia de Jaén aún recuerdan el inacabable interrogatorio de cuatro horas -sin receso- al que se sometió a los peritos del Instituto de Medicina Legal que practicaron la autopsia al cadáver de Antonia. El jurado popular declaró inocente a Jesús por cinco votos a favor y cuatro en contra. El 26 de mayo, el juez emitió su sentencia absolutoria. No se presentó ningún recurso contra el fallo.