El juicio por la Cantera de la Fuente de la Peña en Jaén sigue esperando nueva fecha

La sala de vistas de la Audiencia Provincial de Jaén estaba preparada a finales del pasado enero para acoger el juicio por la actividad supuestamente ilegal en la cantera de La Quebrada, en la Fuente de la Peña. El inicio del proceso suponía la luz al final de un largo túnel lleno de vicisitudes legales. En el banquillo iban a sentarse tanto los ocho responsables de las empresas que explotaban la cantera, situada en monte público propiedad del Ayuntamiento de Jaén, y el asesor técnico de la Junta de Andalucía que elaboró un informe favorable a la prórroga de concesión para la actividad extractora durante 30 años, que se iban a sumar a otras tres décadas previas. Sin embargo, la defensa de una de las empresas encausadas pidió la suspensión del juicio porque, según dijo, no había recibido el escrito de acusación de la Fiscalía. La celebración de la vista quedó suspendida sine die. Hoy, casi ocho meses después, aún no hay fecha prevista para ello, según han indicado a Jaén Hoy desde la asociación Iniciativas, andamios para las ideas, una de las denunciantes.

La cantera de la Fuente de la Peña comenzó a explotarse a finales de los años setenta. El extinto Instituto para la Conservación de la Naturaleza (Icona) del Ministerio de Agricultura concedió un permiso de aprovechamiento temporal de dos años, según se recuerda en la web del Observatorio Ibérico de la Minería (Minob), un proyecto financiado por el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. No obstante, en 1981 el Estado otorgó una concesión de explotación directa a pesar de que la cantera no tenía licencia de actividad municipal. De hecho, en los años previos desde el Ayuntamiento ya se había intentado en varias ocasiones paralizar las labores de extracción, pero sin éxito.

Las 100 hectáreas que ocupa la cantera no sólo son públicas, sino que, además, están catalogadas como suelo no urbanizable de especial protección. En el Minob subrayan que la explotación afecta al perímetro de protección del conjunto rupestre Abrigos de la Fuente de la Peña, declarado Bien de Interés Cultural (BIC) en 1985. A ello hay que sumar el importante impacto paisajístico en el núcleo urbano de Jaén, dada su cercanía a la ciudad.

La concesión se mantuvo vigente durante más de 30 años y, tras expirar, en 2012 la Dirección General de Minas de la Junta de Andalucía dio el visto bueno a que se prorrogara por otros 30 años el permiso a la sociedad Salaman Stone, S. L., amparándose en un informe técnico del funcionario ahora imputado. A pesar de ello, la Junta de Andalucía declaró la nulidad de la concesión por medio de una Resolución del 22 de junio de 2017. Tras varias inspecciones en los meses previos, se detectó que la actividad extractora estaba sobrepasando los límites de explotación fijados en el Plan de Restauración aprobado en 2008 que, entre otras obligaciones, incluía medidas de protección del entorno natural y el paisaje que, según sostiene actualmente la Fiscalía de Medio Ambiente, “nunca se llevaron a cabo”.

La empresa recurrió la Resolución y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le dio la razón. Según consta en la sentencia, a ojos de la Sala de lo Contencioso-Administrativo no se había producido “ningún incumplimiento de condición alguna impuesta en la prórroga de concesión”. Frente a ello, Ecologistas en Acción, por un lado, y la asociación Iniciativas, andamios para las ideas, por otro, presentaron sendas denuncias en la Fiscalía de Medio Ambiente de Jaén, que elevó una denuncia penal al ver en la explotación de la cantera indicios de delito continuado contra el medio ambiente y los recursos naturales, además de otro ilícito continuado contra la ordenación del territorio y el urbanismo. Como medida cautelar se solicitó la suspensión de la actividad extractora.

El archivo del caso se anuló dos veces

Del caso se hizo cargo el Juzgado de Instrucción número 3 de Jaén, que decretó el archivo provisional de la causa. El magistrado encargado de la instrucción dijo que no había delito de prevaricación administrativa, que la cantera contó desde el principio con la autorización pertinente y que el delito contra el medio ambiente y contra la ordenación del territorio no estaba convenientemente acreditado. El Ministerio Público recurrió la decisión ante la Audiencia Provincial, que, en diciembre de 2020, rechazó el carpetazo al caso y devolvió la investigación al Juzgado para que se practicara una prueba pericial para determinar los costes de la restauración medioambiental necesaria en la cantera. Esas pruebas se llevaron a cabo en marzo de 2021, tras lo cual el Juzgado volvió a acordar el sobreseimiento provisional de las actuaciones. La Fiscalía recurrió una vez más y, en junio de ese mismo año, la Audiencia Provincial volvió a enmendar la plana al Juzgado de Instrucción.

De manera paralela, la empresa que explotaba la cantera solicitó a la Junta de Andalucía que se expropiara la finca en la que se había estado ejerciendo la actividad, pero el área de Minas desestimó la petición en enero de 2022. Un informe del Ayuntamiento remitido a la Delegación Territorial de Empleo e Industria acreditaba que los terrenos eran públicos, lo cual impedía -e impide- su embargo o su expropiación.

La Fiscalía pide penas de cárcel

Ya en 2023, después de una larga instrucción judicial y de numerosas protestas y manifestaciones del movimiento ciudadano Salvemos el cerro de la Fuente de la Peña, la Fiscalía elaboró su escrito formal de acusación contra los ocho responsables de la actividad extractora en la cantera -que lleva paralizada desde 2017-, así como contra el funcionario de la Junta de Andalucía que hizo el informe para prorrogar la concesión en 2012.

A todos se les acusa de delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente. El Ministerio Público solicita para los primeros de sendos castigos de seis años de cárcel y multas de 18.000 euros. También se pide que sean inhabilitados durante cinco años para ejercer la gerencia, dirección o trabajo en cualquier empresa o industria de extracción o tratamiento de minerales. Para el funcionario se solicita un año entre rejas, una multa de 7.200 euros y diez años de inhabilitación como asesor técnico de minas de la Junta de Andalucía. Por último, para los nueve acusados se pide la restauración del daño ecológico causado en la cantera y su entorno.

El Ayuntamiento de Jaén, personado como acusación particular, pide, en su escrito de calificación elaborado en 2022, tres años de cárcel para los ocho responsables de la actividad en la cantera, y para el funcionario, dos años de prisión. Pero, para saber qué decide al respecto la Justicia, habrá que esperar a una fecha que aún se desconoce.