El juez del caso del calabozo de Jódar considera "innecesaria e inútil" la versión de los sanitarios
Tribunales
La familia del hombre que, según la versión oficial, se suicidó ahorcándose, recurre la decisión del magistrado, que ha denegado las declaraciones de tres trabajadores del centro de salud que estaban de guardia la noche de los hechos, en octubre de 2020
Muerte en el calabozo de Jódar: un informe del SAS agrava las lagunas en la versión policial

Jaén/Tres años y medio después de su muerte, aún no hay manera de saber dónde estuvo Cristóbal Montávez entre la medianoche y cerca de las 2:30 de la madrugada del 30 de octubre de 2020, antes de que, según la versión oficial, se suicidara en el calabozo de la Policía Local de Jódar. Dos guardias civiles del puesto de Huelma y los dos policías municipales que lo habían detenido por desórdenes públicos aseguraron en su momento que se lo encontraron ahorcado. Esos dos agentes locales están investigados desde primeros de este año por posible homicidio y abuso de autoridad, entre otros delitos denunciados por la familia del fallecido. Parece demostrado que, antes de encerrarlo en el calabozo, los propios policías llevaron a un alterado Cristóbal al centro de salud del pueblo, donde ellos mismos también fueron atendidos tras haber forcejeado con el detenido. De allí, los tres se marcharon a la oficina de la Policía. La cuestión es cuándo. Un reciente informe del Servicio Andaluz de Salud (SAS), al que tuvo acceso Jaén Hoy, reveló datos sobre las horas a las que Cristóbal ingresó y recibió el alta aquella noche que no concuerdan con la versión de los dos policías y de la Guardia Civil. La única forma de encajar las piezas del puzle es burlando las leyes de la física: Cristóbal tuvo que estar al mismo tiempo en el centro de salud y en las dependencias de la Policía durante casi dos horas y media. Y, a pesar de esas lagunas en el relato oficial, el juez que instruye el caso desde el Juzgado de Instrucción número 1 de Úbeda ha denegado la petición de la familia Montávez de que declararan otros tres trabajadores del centro de salud que, aparte del médico que atendió a Cristóbal y a los policías, estaban de guardia la noche de marras. El magistrado considera que sus declaraciones son "innecesarias e inútiles".
Para más inri, el hecho de que esos profesionales sanitarios no fueran llamados a declarar antes de que la anterior titular del Juzgado de Úbeda sobreseyera el caso en febrero de 2021, fue uno de los argumentos empleados por el Tribunal Constitucional para justificar su orden de reapertura de la investigación en diciembre de 2024. "El juez instructor denegó, o dejó de atender a varias de las diligencias solicitadas a lo largo del procedimiento por la acusación particular (entre otras la declaración judicial de los agentes de la policía local, del denunciante, del personal auxiliar del centro de salud o la geolocalización de los teléfonos móviles), llegando a acordar el sobreseimiento libre de las actuaciones sin esperar siquiera al resultado de diligencias previamente acordada", reza el fallo, en el que se critica la "insuficiente actividad probatoria desplegada por el órgano instructor" en aquella primera y corta investigación.
Respecto a las pruebas enumeradas, los policías investigados ya declararon el 7 de abril en sede judicial y repitieron el relato de los hechos que dieron a la Guardia Civil horas después de que Cristóbal muriera. También se pidió la triangulación de los móviles, aunque en el caso del teléfono del fallecido ha sido imposible por el largo tiempo transcurrido desde entonces. Además, se han registrado los ordenadores policiales y se solicitaron al centro de salud las grabaciones de las cámaras de seguridad entre las 23:30 del 29 de octubre de 2020 y las 11:00 de la mañana siguiente. Y aunque el actual juez instructor -distinto de quien dirigió la investigación entre 2020 y 2021- recuerda que ya está citado a declarar en mayo el médico que atendió al detenido y a los agentes -no pudo testificar el 7 de abril por problemas personales-, dice que las testificales de otros tres sanitarios que estaban trabajando esa misma noche son "innecesarias e inútiles al objeto de este procedimiento".
Recurso de la familia Montávez
La familia de Cristóbal, como acusación particular, ya ha presentado un recurso de apelación contra esa decisión. En el texto dirigido al Juzgado ubetense se lamenta, además, que sólo se hayan remitido a las partes las imágenes de las cámaras del centro de salud que van desde las 23:00 horas del 29 de octubre de 2020 hasta la medianoche, es decir, que la documentación gráfica se corte minutos antes de que los policías y Cristóbal llegaran a las instalaciones sanitarias. Es algo que los Montávez consideran “incomprensible”.
El reciente informe del SAS dice que Cristóbal ingresó en el centro de salud a las 00:07 y que recibió el alta a las 2:23. Pero los dos policías declararon en 2020 -y lo ratificaron a preguntas sólo de su abogado en sede judicial a primeros de este mes- que llevaron al detenido al calabozo sobre las 00:15 -por lo que tendrían que haber salido poco antes del centro de salud-. Por su parte, los dos guardias civiles de Huelma a los que se avisó para trasladar al preso al cuartel de Baeza aseguraron, en su atestado, que Cristóbal estaba armando jaleo en el calabozo entre las 00:35 y la 1:00. Lo dicho: el arrestado tuvo que estar en dos sitios al mismo tiempo durante cerca de dos horas y media.
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