Un jiennense se libra de la cárcel por una trama de corrupción en Valladolid

Madrid/La Audiencia Provincial de Valladolid condenó recientemente a tres exaltos cargos de la Junta de Castilla y León, además de a seis empresarios, por las irregularidades cometidas en el proceso de alquiler y compra del edificio Soluciones Empresariales -conocido como Perla Negra-, en Arroyo de la Encomienda (Valladolid), y la adquisición de terrenos para un proyecto que nunca se llegó a ejecutar: el parque empresarial de Portillo, otra ciudad vallisoletana. Las penas para esas nueve personas oscilan entre la inhabilitación y los dos años y medio en prisión. Había otros dos individuos acusados de participar en la trama, pero fueron absueltos. Entre ellos se encuentra el exdirector gerente de Gesturcal, la empresa pública a través de la que la Junta compraba suelo industrial. Su nombre es Salvador Molina, y aunque está afincado en Valladolid, su DNI dice que nació en Linares hace 83 años.

Los exmandatarios de la Junta castellanoleonesa condenados en el caso, bautizado precisamente como Perla Negra, son Rafael Delgado y Begoña Hernández, que fueron viceconsejeros de Economía, y Juan Carlos Sacristán, exconsejero delegado de Gesturcal. Tras veinte sesiones de juicio entre el 26 de febrero y el 8 de mayo de 2024 y siete meses de espera una vez que quedó visto para sentencia, la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia vallisoletana falló, en una sentencia de más de 300 páginas, que Delgado es culpable de prevaricación administrativa y un delito continuado de malversación de caudales públicos, por los que le ha impuesto penas de tres años y seis meses de inhabilitación especial por el primero y dos años y seis meses de cárcel por el segundo. A Hernández se le ha condenado, por un delito continuado de prevaricación administrativa, a dos años y dos meses de inhabilitación, y a Sacristán, por el mismo delito, a dos años, un mes y 15 días de inhabilitación. Los castigos para los empresarios van desde los tres años hasta los 11 meses de cárcel.

Favores a empresas con "ilícitas intenciones"

Las acusaciones, ejercidas, además de por la Fiscalía, por el PSOE de Castilla y León y por la propia Junta, entendían probado que tanto la compra de la Perla Negra -en la que se tenía pensado concentrar todos los servicios públicos de apoyo a las empresas-, como la iniciativa para el polígono industrial, fueron orquestadas por Delgado, Hernández y Sacristán para "facilitar las ilícitas pretensiones" de los empresarios que ocuparon el banquillo de los acusados junto a ellos.

"Se nos ha tratado de hacer ver que cumplían órdenes del entonces consejero de Economía y Empleo, Tomás Villanueva, ya fallecido, pero, si de verdad no estaban de acuerdo con sus decisiones, lo tenían fácil: pudieron dimitir y no ejecutar los hechos", apuntó en su informe final la fiscal Ana Valle para rebatir la "obediencia debida" alegada por las defensas de los altos cargos acusados.

La fiscal se mostró convencida de que Delgado, Hernández y Sacristán, desde los distintos cargos que ostentaban, tramaron una estrategia para que, a través de operaciones ilícitas, salieran beneficiadas las empresas Urban Proyecta PM3, Parque Empresarial de Portillo y Cementos La Bureba, la primera de ellas propietaria de la Perla Negra, vendida a la Junta por 52 millones de euros más IVA, y también impulsora, junto con las otras dos mercantiles, del polígono de Portillo. Según la Fiscalía, dispuso de información privilegiada al acceder al pliego de condiciones de arrendamiento y venta del edificio antes de que fuera publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León el 30 de diciembre de 2005.

Absolución para el jiennense acusado

El Ministerio Público consideraba que el linarense Salvador Molina había estado implicado en los hechos, y pedía para él una pena de cuatro años de prisión y diez de inhabilitación absoluta para ocupar cargos públicos por un delito continuado de malversación de caudales públicos. La acusación del PSOE era más dura: le consideraba culpable, además de malversación, de sendos delitos continuados de revelación de secretos y de prevaricación. Por todo ello solicitaba una condena de 11 años de prisión y 35 años de inhabilitación. Es cierto que, entre otras cosas, su firma aparecía en unos documentos de orden de pago de facturas a favor de Urban Proyecta para la modificación de unas obras previamente proyectadas, pero su defensa negó en todo momento su implicación ilícita en el caso.

Así ha acabado considerándolo la Audiencia de Valladolid. En la sentencia, indica que “no ha quedado acreditada” su participación directa en los hechos imputados. Sobre la prevaricación, se resalta que las funciones de Molina se limitaban a “gestionar las órdenes de lo dispuesto por sus superiores jerárquicos”. Además, señala que no existen pruebas suficientes de que “fuera consciente de que la adjudicación de esas obras dimanaba de una actuación ilegal y arbitraria de sus superiores”.

A Molina, reza el fallo, se le presentaron las facturas por unas obras que ya había encargado la Consejería de Economía y Empleo, y que, por tanto, venían “avaladas por cargos superiores con facultades decisorias”: “No queda acreditado que, por parte de este acusado exista una connivencia en la concertación de esas obras y tampoco la colaboración eficiente en la adopción de las resoluciones o decisiones configuradoras del delito de prevaricación”, dice la sentencia, que, en cualquier caso, no es firme: cabe interponer un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.