La precariedad habitacional en la campaña de aceituna del covid en Jaén: luces y sombras

La estampa es común cada año, entre finales de otoño y primeros de invierno, en las calles de los 97 municipios de Jaén: coincidiendo con el inminente inicio de la recolección de la aceituna, miles de personas, muchas de ellas inmigrantes, viajan a la provincia para trabajar en un tajo olivarero durante dos o tres meses a lo sumo. Muchos son ya temporeros habituales en cada campaña y llegan a tierras jiennenses con un contrato firmado, y otros lo hacen a sabiendas de que no tardarán en lograrlo, principalmente porque hay manijeros que ya los conocen de otros años. Sin embargo, no son pocos los que ponen rumbo a la provincia sin nada concreto más allá de la esperanza. Es complicado contabilizar a estos últimos con exactitud. Lo que sí se sabe es que la mayoría son extranjeros sin la documentación en regla, sobre todo del norte de África. Puede que consigan trabajo, pero su condición de simpapeles les priva de la posibilidad tanto de firmar un contrato como de contar con el techo que, en teoría, habrían de proporcionarles los propietarios agrícolas que decidan contar con su sudor, si tienen esa suerte. En años con baja cosecha, cuando hace falta menos mano de obra, las posibilidades de que a uno lo cojan para formar parte de una cuadrilla disminuyen considerablemente. Las administraciones competentes -Gobierno de España, Junta de Andalucía y ayuntamientos-, apoyadas por diversas organizaciones y asociaciones humanitarias, ponen en marcha cada campaña de aceituna una serie de medidas para garantizar que se preste la mejor atención posible a estas personas en base a la legalidad laboral. Hay dos objetivos principales: que todo temporero que trabaje lo haga con contrato y que nadie duerma en la calle. Pero es vox populi que ni lo uno ni lo otro llega a cumplirse por completo.

Esta situación se agravó en la temporada olivarera 2020-2021, la del covid-19. A los hándicaps previos hubo que sumar los obvios de la era pandémica. Por un lado, fruto de las restricciones de movilidad derivadas de la declaración del estado de alarma por parte del Ejecutivo central, los dueños de explotaciones agrícolas vieron disminuidas sus opciones de contar con gente del entorno para trabajar en sus tierras. Por otro, se impuso una reducción de aforo en los albergues municipales para evitar contagios. Además, la Junta de Andalucía recortó en más del 50% las ayudas destinadas a acondicionar y mantener abiertas estas instalaciones y a impulsar otras iniciativas de acogida. De los 309.000 euros de 2019 se pasó a 150.000 en 2020. Y aunque las autoridades intensificaron su llamamiento para que nadie sin contrato viajara a Jaén en busca de tajo, finalmente la necesidad se impuso a la cautela. Consciente de la complicada situación, en noviembre de aquel 2020 el Defensor del Pueblo Andaluz incoó de oficio una queja y una investigación en toda la comunidad autónoma “con la finalidad de conocer la situación de los temporeros que se desplazan a los pueblos y ciudades para la recogida de la aceituna, prestando especial atención a las personas con expectativa de ser contratadas”. Para ello, la institución dirigida por Jesús Maeztu solicitó sendos informes a las autoridades sanitarias, a las delegaciones del Gobierno andaluz, a los municipios olivareros con una población mayor a 20.000 habitantes y, para conocer la situación en los pueblos pequeños, a las diputaciones provinciales. Tres años y medio después, las conclusiones del análisis se han publicado y, en lo referente a la provincia de Jaén, no dejan en buen lugar ni al Foro Provincial de la Inmigración ni a dos ciudades: Andújar y Martos.

400 personas durmiendo en la calle

Desde hace años, los sindicatos denuncian que la regulación en torno a la obligación de los grandes y pequeños propietarios de fincas agrícolas de proporcionar un techo a sus temporeros es difusa e insuficiente. El artículo 30 del convenio colectivo del campo de la provincia de Jaén para el periodo 2018-2022 establecía -al igual que ocurre en su actual versión, vigente hasta 2026- que cuando, “como consecuencia del trabajo”, la empresa contratante “disponga de alojamiento y lo proporcione a la persona contratada, este alojamiento presentará condiciones de habitabilidad dignas, según la legislación vigente”. En el documento se enumeran, “a título orientativo”, varias prestaciones mínimas de las que “deberían estar dotadas” las viviendas temporales: “los elementos y utensilios necesarios para la preparación de las comidas, así como los medios idóneos para la pernoctación”, agua potable, luz “directa”, ventilación “suficiente” y medios “adecuados” para “mantener los lugares de estancia con temperaturas admisibles”. Además, el alojamiento ha de estar “alejado de zonas perjudiciales para la salud”. No obstante, en ningún caso se habla de forma específica y tajante de que el contratante esté obligado a proporcionar a sus trabajadores un lugar para dormir.

El 26 de diciembre de 2016, de madrugada, tres hombres de entre 30 y 40 años de Senegal y Mali dormían en una cochera de El Mármol, pedanía de Rus, el único sitio que les había proporcionado su manijero durante la recolección de aceituna. En mitad de la noche, la estufa eléctrica que tenían encendida echó a arder. Los tres murieron por inhalación de humo. Eran unos fijos en cada campaña desde hacía una década. Ya en 2017, la Subdelegación del Gobierno de España en Jaén informó a todos los ayuntamientos de la provincia de que se iban a aumentar los controles para garantizar unas condiciones de techo dignas para los trabajadores de la aceituna a través de la Inspección de Trabajo, que es la autoridad que vigila que estas personas tengan contrato y se les pague el jornal fijado en el convenio agrícola.

La gran alternativa al vacío legal en términos habitacionales son los albergues municipales. La provincia de Jaén cuenta con una veintena. Entre todos suman unas 700 plazas. La Junta de Andalucía reserva cada año un presupuesto de ayudas económicas para, como antes se indicaba, apoyar el funcionamiento de estas instalaciones durante la temporada de aceituna. Para favorecer la movilidad de quienes buscan tajo, de cara a que prueben suerte en diversos municipios si no logran encontrarlo, se establece un tope en el número de pernoctaciones -entre tres y cinco-. Otra medida habitual es facilitar al temporero un billete de autobús para que pueda desplazarse a otro pueblo.

No obstante, la suma de las dos circunstancias ya mencionadas -reducción del presupuesto de ayudas y del número de plazas-, provocó que, arguyendo falta de recursos económicos, siete de los ayuntamientos jiennenses que tienen albergue para temporeros decidieran no abrir sus instalaciones en 2020: Alcaudete, Beas de Segura, Baeza, Ibros, Navas de San Juan, Villanueva de la Reina y Mancha Real. Fruto de ello se multiplicó el número habitual de migrantes durmiendo al raso en pleno invierno, unos 400 dependiendo del día en estaciones de autobús, parques, plazas y otros rincones varios, según algunas estimaciones de partidos políticos y colectivos sociales como Jaén Acoge. Fueron abundantes las iniciativas de voluntarios de Cáritas y Cruz Roja, entre otras organizaciones y asociaciones, para repartir mantas y ropa de abrigo a los sintecho. El Ayuntamiento de Mancha Real acabó habilitando unas naves municipales para acoger a quienes estaban pasando la noche en plena calle, con el frío decembrino calando hasta los huesos.

En el informe del Defensor del Pueblo Andaluz se valoran los casos de Jaén, Úbeda, Alcalá la Real y Villanueva del Arzobispo como ejemplos de cómo tenía que paliarse esa situación. En cuanto a la capital, se indica que, entre otras cosas, “a los agricultores con menos capacidad económica” se les ofrecieron plazas de albergues para sus trabajadores, “una solución que dignifica las condiciones de alojamiento de las personas temporeras”. Sobre la ciudad Patrimonio de la Humanidad se destaca que el Ayuntamiento adaptó la llamada Nave de la Renault, “que, con una inversión de 55.000 euros, permitió ofertar 60 plazas -51 hombres y 9 mujeres- más 8 covid, con el personal necesario para mantener el edificio y atender a la población”, a saber, limpiadores, administrativos, un trabajador social y un mediador intercultural, todos dirigidos por el área municipal de Bienestar Social. Por su parte, en Alcalá “se dispuso un local como alojamiento de urgencia para 30 personas que pernoctaban en la calle en días de inclemencia meteorológica, servicio de duchas y aseos públicos”. De acuerdo al documento, también se habilitó un dispositivo para que no tuviesen que dormir en la calle trabajadores en situación de alta “cuyos empleadores no contaban con alojamiento para facilitarles la estancia”, una iniciativa a la que ya se había recurrido en años anteriores. Por último, se puso a disposición de los temporeros dos casas de 6 y 8 plazas en régimen de alquiler durante el tiempo de recolección. En Villanueva del Arzobispo se aplaude la colaboración del ayuntamiento con Cáritas, Cruz Roja y las cooperativas agrícolas locales para habilitar un asilo de emergencia para 60 personas, medidas “que paliaron la situación extrema de personas que se enfrentaban a las inclemencias meteorológicas en el mes de diciembre”.

Una llamada de atención por falta de prevención

El tirón de orejas se lo llevan ayuntamientos como el de Andújar. “No disponían de recursos residenciales extraordinarios para prever situaciones de emergencia en esa campaña tan difícil, a pesar de que habían transcurrido más de siete meses desde que se declaró el estado de alarma”, reza el informe del Defensor del Pueblo Andaluz, que, aunque reconoce que la situación derivada de la pandemia “fue nueva para todas las administraciones” y “difícil de gestionar”, afirma que ello “no impedía que se tuviera previsto que llegarían trabajadores a los municipios como cada año, con el consiguiente aumento de contagios si no se adoptaban las medidas oportunas”.

En Martos, el problema de la disponibilidad de viviendas para temporeros fue también “una de las cuestiones que preocupaba a la población residente”, según la institución dirigida por Maeztu, en cuyo estudio se explica que la Comisión Local de Inmigración tuccitana se abordó el asunto en 2020: “Se puso de manifiesto la utilización de los cajeros automáticos de las entidades bancarias para dormir y la existencia de los llamados ‘pisos patera’, donde […] se agrupa un número de personas que excede la capacidad de los mismos”. Al respecto, el Defensor del Pueblo Andaluz considera “importante traer a colación la responsabilidad de los empresarios para dar solución a esta problemática” y no dejar toda la carga de ese trabajo “en manos de la administración”, si bien deja claro que hace falta “más coordinación y recursos públicos” para atender “la necesidad de organizar nuevos sistemas para poder ofrecer servicio de comedor a quienes no tienen recursos para ello”.

En este sentido, se lamenta que, en su planificación de la temporada aceitunera 2020-2021, el Foro Provincial de la Inmigración no abordara la carencia de “recursos residenciales” en la provincia. Cabe recordar que los foros provinciales de inmigración dependen de la Junta de Andalucía. En Jaén está constituido por responsables territoriales del Gobierno regional, de la Diputación, de los ayuntamientos, de organizaciones agrarias y de entidades sociales y oenegés como Cáritas, Jaén Acoge y la Fundación Don Bosco, quienes asumen la planificación de cada campaña olivarera. El Defensor del Pueblo Andaluz detalla que, en la memoria del albergue de Jaén facilitada para su estudio, del Foro de la Inmigración sólo se describe su trabajo de coordinación de albergues y de organización y seguimiento de los dispositivos desplegados para evitar contagios de coronavirus. “Si bien los municipios que recibieron temporeros en busca de unos días de trabajo en la recogida de la aceituna hicieron un esfuerzo para poner a disposición alojamientos para esos días, se echa en falta referencias sobre un análisis en profundidad para abordar el estado del parque residencial privado y público y los equipamientos de referencia destinados a dar respuesta a las necesidades habitacionales de las campañas agrícolas”, se indica en el informe.

Es más, se recuerda que en otro informe especial que el Defensor del Pueblo redactó y remitió al Parlamento andaluz en 2001, se incluyó una serie de recomendaciones para con la recolección de aceituna en la provincia de Jaén, entre las que se instó a los organismos competentes a que “se llevase a cabo estudios e investigaciones que permitiesen formar o actualizar bases de datos que sirvan, a su vez, para conocer mejor las cifras de participantes en la recolección”. Por otro lado, se mencionó la “necesidad de ampliar la financiación con la finalidad de acometer las mejoras detectadas en relación a los recursos relacionados con el alojamiento de los temporeros”, en base a lo cual se recomendó a la Junta, “en colaboración con la Administración central”, la elaboración de “un Programa de Alojamiento de Trabajadores Temporeros Agrícolas que contemple medidas como la rehabilitación de inmuebles destinados a esta finalidad y la promoción de unidades habitacionales de nueva planta en régimen de alquiler”.

Dado que, más de dos décadas después, los problemas derivados de las complicaciones para encontrar vivienda en la campaña de aceituna continúan repitiéndose cada año, el Defensor del Pueblo Andaluz considera que “siguen vigentes” las mismas recomendaciones, por lo que vuelve a abogar por que se pongan sobre la mesa en el Foro Provincial de la Inmigración, que, por sus competencias, “constituye el lugar idóneo para que se sensibilice y apoye a los municipios para diagnosticar las necesidades del parque residencial existente para dar cobertura a la demanda en este sector”. En cualquier caso, se vuelve a advertir de que parte de esta tarea también corresponde a los titulares de las fincas agrícolas “en el contexto de la responsabilidad social empresarial”. “Debieran de incluirlo como objeto de debate en los órganos de gobierno y asambleas que se convoquen, como puede ser el caso de las cooperativas agrícolas de los municipios”, se agrega.

Visto bueno a los protocolos contra el covid-19

En el análisis del Defensor del Pueblo sí que se aplaude las iniciativas y estrategias que se pusieron en marcha para evitar contagios de covid-19 tanto en el colectivo temporero de Jaén -migrante y no migrante, con tajo y sin tajo- como en el resto de la ciudadanía entre finales de 2020 y primeros de 2021. En primer lugar, la por entonces Consejería de Salud y Familias de la Junta articuló, a través de su Orden de 1 de septiembre de 2020, diversas medidas para hacer frente a la crisis sanitaria “en las explotaciones agrarias, forestales y agroforestales con contratación de personas trabajadoras temporales”. Para velar por su cumplimiento, en Jaén se constituyó una comisión ad hoc que presidió la delegada del Gobierno andaluz en la provincia en la época, Maribel Lozano. Los informes remitidos desde territorio jiennense al Defensor del Pueblo “detallaron las actuaciones de coordinación de los servicios de salud con el resto de organismos públicos y el tercer sector”, entre las que se hallaron la instalación de dispositivos para practicar tests rápidos de antígenos a temporeros y “a todo transeúnte remitido tanto por los ayuntamientos como por Cruz Roja o Cáritas”, y la habilitación de dos centros de evacuación, uno en Jaén y otro en Villacarrillo, para mantener en cuarentena a temporeros contagiados de covid-19 que, aun contando con alojamiento en una explotación agraria, no tuvieran la posibilidad de cumplir las normas de aislamiento con total garantía.

Por otro lado, en la estación de autobuses de Jaén se instaló el habitual punto de información “para facilitar asesoramiento sobre los dispositivos de emergencia”, y en los centros de salud en los que se hacían tests de antígenos se incorporaron “mediadores interculturales contratados por la administración local y por la Dirección General de Políticas Migratorias”. También “se mantuvieron reuniones con cooperativas agrarias para canalizar demandas de trabajo sin necesidad de tener que recurrir a trabajadores de otros municipios”.

La institución liderada por Jesús Maeztu, finalmente, reconoce “el trabajo y la dedicación” de todos los profesionales sanitarios que, “durante unos momentos de tanta incertidumbre, pusieron en práctica protocolos en coordinación con entidades sociales, población afectada y los ayuntamientos”, y sin cuyo “esfuerzo personal” esas medidas no hubieran podido llevarse a la práctica.