La indemnización que la Junta de Andalucía ha tenido que pagar a los diseñadores del Museo Íbero de Jaén

Tribunales

La Justicia da la razón a Solid Arquitectura, a la que se le quitó el contrato en beneficio de otra empresa 

La administración autonómica ya ha pagado los 136.030 euros de sanción por este proceso

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Museo Íbero de Jaén.
Museo Íbero de Jaén.

Siete años después de su inauguración, después de un proceso tortuoso para Jaén, los procesos judiciales abiertos alrededor de la construcción del Museo Íbero siguen dando coletazos. El último es el que ha obligado a la Junta de Andalucía a pagar 136.030 euros como indemnización a la empresa Solid Arquitectura, que fue la ganadora del Concurso Internacional de Ideas que en abril del 2003 la administración autonómica realizó para crear el que iba a ser el Museo Internacional de Arqueología y Arte Íbero.

La idea ganadora fue la que firmaron los arquitectos Álvaro Soto y Francisco Javier Maroto a quienes se encargó, en 2004, la redacción del proyecto básico de ejecución y estudio de seguridad del Museo Íbero, con un contrato que ascendía a 639.630 euros. Y todo marchó según lo previsto hasta que la Consejería de Cultura, que había ido emitiendo certificaciones positivas sobre el trabajo de estos profesionales, decidió en 2008 resolver el contrato de forma unilateral por “incumplimiento del contratista”. Incluso le pide por dicha resolución 966.803 euros, en concepto de indemnización por daños y perjuicios, a Solid Arquitectura.

Esta decisión de la Junta fue anulada por dos sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), en el año 2012, y confirmadas dos años más tarde por el Tribunal Supremo. Pero para cuando llegaron estas cuatro sentencias en contra del proceder de la Junta de Andalucía (por entonces socialista), esta ya había adjudicado la redacción del proyecto a la mercantil IDDIP Dirección de Proyectos. En la última sentencia, a la que ha tenido acceso Jaén Hoy, se especifica que esta nueva adjudicación se hizo “en tiempo récord” (apenas 15 días desde que le quitaron el contrato a Solid) y por un importe 276.445 euros más caro que el original.

IDDIP Dirección de Proyectos “no había podido alcanzar la definición, ni el resultado formal de su proyecto sin contar previamente con la documentación completa del proyecto original”, se específica en una de las sentencias. “El proyecto presentado por el nuevo equipo no sólo mantiene la idea propuesta ganadora sino que tiene un grado alto de similitud con la misma”, se añade más adelante.

Sin compensación

La velocidad con la que la Junta de Andalucía adjudicó de nuevo la redacción del proyecto a otra empresa fue clave para que no se pudiesen cumplir las sentencias que obligaban a poner al frente de la construcción del Museo Íbero a los arquitectos Álvaro Soto y Francisco Javier Maroto. Lo que sí recibieron estos profesionales fueron dos correos electrónicos, en 2014, en los que se les solicitaba un número de cuenta por parte de la jefa de servicio de Infraestructuras Cultural, para “dar cumplimiento a la ejecución de las sentencias”, algo que había implicado que se les involucrase en la dirección de la obra.

Al no poderse dar esto último, Solid Arquitectura reclamó en 2015 la ejecución forzosa de los títulos judiciales y que se fijase una indemnización. Siendo esta obviada, y confirmando el Tribunal Supremo todo lo anteriormente expuesto, en 2020 los diseñadores del Museo Íbero solicitan una indemnización de 1.969.355 euros desgranados en varios conceptos, a lo que la Consejería de Cultura, ya en manos del Partido Popular tras el cambio histórico al frente de la Junta de Andalucía, alegó que debía ser inadmitida por extemporánea.

No sirvió este argumento pues el 12 de enero del año 2023 llegó la última y definitiva sentencia del TSJA que ha obligado a la Junta de Andalucía a indemnizar, finalmente con 136.030 euros (un diez por ciento que corresponde en estos casos) a Solid Arquitectura. Un pago que se produjo en octubre del año pasado y que puso fin a más de una década de pleitos por un cambio de empresa adjudicataria, que la justicia ha determinado que fue irregular y que no se ha explicado.

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