Crónica negra de Jaén (V): enterraron su cadáver entre olivos y cerraron el pico

El 24 de mayo de 2022, cuatro hombres y un quinto individuo fueron condenados a un año y a seis meses de cárcel, respectivamente, por su implicación en la muerte de un joven colombiano de 32 años, Miguel Ángel López Restrepo, casi cuatro años antes, en octubre de 2018. Aunque en un principio se denunció la desaparición de López Restrepo, la Policía Nacional siempre receló de sus compañeros de piso. La investigación, bautizada como Operación Humo, llevó a la Fiscalía en diciembre de 2021 a acusar de homicidio imprudente a los dos individuos que convivían con la víctima, además de a otros dos. Al quinto se le atribuyó un delito de encubrimiento. El proceso quedó saldado seis meses después sin que llegara a celebrarse juicio. Este mayo se cumplen dos años del punto final de uno de los casos más recientes que marcó la Crónica Negra jiennense.

Una promesa incumplida tras una larga fiesta en la Feria de San Lucas

Jaén. 14 de octubre de 2018. La capital se desperezaba ya bien entrado el domingo después de una noche larga de sábado: era el último fin de semana de la Feria de San Lucas y apurarlo al máximo se había convertido casi en una necesidad fisiológica. De hecho, algunos hasta no se habían ido todavía a la cama. Entre estos se hallaban Miguel Ángel López Restrepo y varios de sus amigos. Colombiano de nacimiento y con 32 años en el carné de identidad, llevaba viviendo en Jaén desde 2017, cuando dejó su país natal por segunda vez después de haber pasado varios años en España. Llegó siendo un adolescente y trabajó de todo: de camarero, en la aceituna y como peluquero, que era lo que más le gustaba. En esa primera etapa había vivido en Canarias y también en Jaén, donde nacieron sus dos hijos fruto del matrimonio con la que ya era su exmujer desde 2010, año en el que regresó a Colombia antes de instalarse de nuevo, siete años más tarde, en la capital jiennense. La expareja apenas mantenía contacto y, si lo hacía, era para hablar sobre los niños. De hecho, él la llamó a ella el 13 de octubre, por la noche, para decirle que, al día siguiente, iría a por los menores para llevárselos a la feria. Luego la fiesta se alargó y, después del ferial, continuó en el piso de la calle Málaga, en Peñamefécit, donde el colombiano residía junto a un compatriota, Stiven B. A., y otro hombre de origen dominicano, Álex J. E. Miguel Ángel no llegó a recoger a sus hijos ni ese día ni los siguientes. Es más, nadie más supo de él en las dos semanas posteriores.

Testimonios que no encajan

Su exmujer preguntó por el joven a sus amigos y a sus compañeros de piso, y aunque como respuesta apenas obtuvo un silencio tras otro, no se preocupó demasiado. Al otro lado del charco, la situación era bien distinta. La madre de Miguel Ángel, a la que el joven escribía o llamaba casi a diario, estaba inquieta. No era normal que su hijo llevara tanto tiempo sin dar señales de vida. Cuando expareja y progenitora hablaron, decidieron poner sendas denuncias de desaparición. Había pasado un mes desde la última vez que habían tenido contacto con él. Se colocaron carteles con la foto del colombiano en las calles de Jaén, y la imagen también empezó a circular por las redes sociales. La Policía Nacional entrevistó a un nutrido número de personas del entorno de Miguel Ángel para tratar de reconstruir sus últimos pasos antes de que se lo tragara la tierra. En lo referente a los compañeros de piso y los otros amigos del desaparecido que habían estado con él de juerga en la feria, los agentes de la UDEV pronto advirtieron que incurrieron en varias contradicciones, circunstancia que se unía al hecho de que ninguno de ellos hubiera denunciado la desaparición del colombiano. También les pareció sospechoso que, al registrar la habitación en la que dormía Miguel Ángel, encontraran una estancia completamente inmaculada, diríase que demasiado ordenada.

A partir de entonces, la Policía anduvo con la mosca detrás de la oreja y focalizó la investigación en ese círculo íntimo del desaparecido. A la vez que pasaban los días, las semanas y los meses sin que hubiera noticias sobre el paradero de Miguel Ángel, los agentes fueron recabando indicios que, poco a poco, les condujeron a formular una teoría: al joven colombiano lo habían matado en su piso de Peñamefécit el mismo día en el que tenía que haber ido a recoger a sus hijos para ir a la feria.

Un cadáver en mitad de un olivar

De forma paralela, y a medida que transcurría el tiempo, para la sociedad jiennense, Miguel Ángel López Restrepo se convirtió, poco a poco, en apenas el recuerdo vago de una fotografía en un papel o en la pantalla del móvil. El ritmo urbano, las cuitas personales, le pain quotidien, la vida, que no se detiene, en definitiva, trasladaron el asunto a un lugar secundario a ojos del ciudadano. Aquello cambió, sin embargo, nueve meses más tarde de la desaparición del colombiano. El 9 de julio de 2019, un equipo del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) de la Policía Nacional se desplazó desde Madrid hasta Jaén. Con ayuda de un georradar rastrearon el mapa jiennense en busca de más evidencias que apoyaran la hipótesis policial del homicidio. Pronto gritaron eureka: el dispositivo localizó un cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición enterrado a un metro de profundidad en un olivar de Puente Tablas. Aún había que practicar la autopsia y las pruebas de ADN pertinentes y esperar los resultados, pero todo apuntaba a que se trataba del cadáver de Miguel Ángel.

Ese mismo día, la Policía Nacional detuvo a los cuatro principales sospechosos de la muerte del joven: el colombiano Stiven B. A., el dominicano Álex J. E. -los dos compañeros de piso de Miguel Ángel-, y los colombianos Héctor Fabián V. E. y Míchel M. C. Hubo una quinta persona a la que se implicó en los hechos, pero ya estaba en la cárcel por motivos distintos. Los otros cuatro permanecieron algo más de dos días encerrados en los calabozos de la Comisaría de Jaén, hasta que pasaron a disposición judicial en el Juzgado de Instrucción número 3. Los dos primeros se acogieron a su derecho de no declarar, tal y como ya habían hecho en la propia Comisaría tras su arresto. En cuanto a Héctor Fabián y Míchel, ambos negaron estar implicados en la muerte de Miguel Ángel. Es más, añadieron que ni siquiera habían estado con él de fiesta el 13 y el 14 de octubre del año anterior. El juez consideró que aún no existían pruebas suficientes que demostraran que mataron entre los cuatro al que era su amigo. Por ello, los dejó en libertad provisional, aunque con cargos: seguirían siendo investigados como presuntos de dos delitos, homicidio e inhumación ilegal. También se decretó el secreto de sumario y la inhibición en el Juzgado de Instrucción número 4, que era el que dirigía la investigación desde que esta dio comienzo. Hubo que esperar otros dos meses, hasta septiembre, para seguir atando cabos: las pruebas de ADN confirmaron que el cuerpo encontrado en Puente Tablas era el de Miguel Ángel López.

Acusación y acuerdo de conformidad

A primeros de diciembre de 2021, dos años y medio después del hallazgo del cuerpo, la Fiscalía elaboró un escrito de acusación contra las cinco personas que supuestamente participaron, de un modo u otro, en la muerte del colombiano. De acuerdo al documento, citado por Europa Press, el 14 de octubre de 2018, por la tarde, Miguel Ángel estaba “algo alterado” por “consumo de estupefacientes u otra sustancia” durante la fiesta en su piso junto a sus dos compañeros y los otros dos amigos a los que se detuvo en 2019 tras el descubrimiento del cadáver. Para “apaciguarlo”, los cuatro decidieron maniatarlo para inmovilizarlo sobre su cama y taparle la boca “con algún trapo”, aunque sin intención de “atentar contra su integridad ni causarle la muerte”. Sin embargo, cuando, horas más tarde, fueron a ver cómo estaba, se dieron cuenta de que ya no respiraba. De acuerdo a la versión defendida por el Ministerio Público, en lugar de llamar a la Policía, avisaron a una quinta persona para que les ayudara a deshacerse del cadáver. Los cinco transportaron el cuerpo y lo enterraron en el olivar en el que nueve meses después lo encontraron los agentes del grupo GOIT, “una terraza fluvial de difícil acceso”. Para los cuatro primeros acusados, el Ministerio Fiscal solicitó sendos castigos de cuatro años de prisión por un delito de homicidio imprudente y sendas indemnizaciones de 90.000 euros para cada uno de los dos hijos de la víctima. Para el quinto se pidió una condena de ocho meses entre rejas por un delito de encubrimiento.

Aunque seguía contándose sólo con indicios y no con pruebas directas contra los acusados, el juicio quedó señalado para el 24 de mayo de 2022. Sin embargo, no se celebró. Antes de ello, los cinco detenidos llegaron a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía: reconocieron los hechos y aceptaron la condena mínima para los delitos que se les atribuían, a saber, un año de cárcel en el caso de los imputados por homicidio imprudente, más las indemnizaciones de 94.819, en concepto de responsabilidad civil, para cada uno de los hijos del fallecido, y seis meses en prisión en cuanto al acusado de encubrimiento.