Crónica negra (II): los culpables de haber quitado la vida después de la pandemia

Decía Hitchcock que estaba seguro de que a cualquiera le gusta un buen crimen "siempre y cuando no sea la víctima". No es menester, sin embargo, frivolizar con ello. El auge de los podcasts y espacios de true crime ha contribuido, en cierto grado, a suavizar la mirada con la que el ojo ajeno radiografía al asesino, cuando no a romantizar su figura. Pero cabe no olvidar que, del ethos del criminal, no hay nada que admirar: es, en esencia, alguien que priva de su vida a otro alguien. Y no existe nada más despreciable que ello.

El atasco en los órganos judiciales fruto de la inactividad durante la pandemia de coronavirus provocó que en la agenda de la Audiencia Provincial de Jaén se acumularan tres juicios por asesinato que se celebraron a primeros de 2022 en apenas tres meses. El perfil de los presuntos asesinos era diverso. Quién sabe si su apriorística naturaleza criminal habría encajado en los antiguos postulados pseudocientíficos de la fisiognomía o la frenología. En cualquier caso, y más allá de mediáticas teorías criminológicas, he aquí el resumen de los hechos. He aquí las claves para entenderlos.

El hombre que degolló a su hermana en Mancha Real

El 25 de septiembre de 2020, Mancha Real y el resto de la provincia de Jaén quedaron conmocionados por un crimen cometido en plena calle y a plena luz del día. Lucas P. R., de 51 años, aparcó su vehículo tras una esquina y, a sabiendas de que su hermana Manoli, de 52, tenía que pasar por esa zona tarde o temprano porque su casa estaba cerca, la esperó dentro del coche. Al verla llegar, cogió un serrucho, salió del vehículo, empujó a Manoli, se puso sobre ella para que no pudiera moverse, la cogió del pelo y, con la herramienta, le serró el cuello en repetidas ocasiones hasta degollarla. Luego fue al cuartel de la Guardia Civil y contó lo que acababa de hacer. Cuando varios agentes fueron a detenerle, se resistió y agredió a dos de ellos.

Sobre el asesino confeso pesaban varias órdenes de alejamiento hacia Manoli por amenazas fruto de un conflicto familiar: otra hermana de ambos había echado de casa de su madre al hijo de Lucas tras acusarle de usar la vivienda de la anciana para trapicheos de droga. El Ministerio Fiscal le acusó de haber cometido varios delitos, principalmente, el de asesinato. Solicitó que se le castigara con 27 años de cárcel. Las dos acusaciones particulares -una ejercida por el viudo y las hijas de Manoli, y otra, por sus hermanas y su madre-, pidieron 32 años.

Lucas prestó declaración en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Jaén el 7 de febrero de 2022. Sólo aceptó responder preguntas de su letrado. Se definió como una víctima de constantes humillaciones por parte de sus hermanas desde pequeño, algo que le llevó a refugiarse en el alcohol y las drogas desde muy joven. Para tratar sus adicciones pasó por varias clínicas de desintoxicación y rehabilitación, a pesar de lo cual nunca llegó a dominar su querencia al consumo. No en vano, uno de los responsables de las asociaciones por las que pasó afirmó en el juicio que un alcohólico nunca deja de ser alcohólico en toda su vida, sino que lo único que puede hacer es tratar de domeñar ese instinto. El propio Lucas culpó al alcohol y las drogas de lo que le hizo a su hermana: según dijo, aquel día se había fumado un porro y había bebido varias copas en más de un bar después de salir de una vista en Jaén, precisamente por una de las denuncias de Manoli. Además, un psicólogo llamado a declarar por la defensa arguyó que, el día de marras, Lucas sufrió un trastorno mental transitorio: básicamente, que no estaba en sus cabales cuando atacó a su hermana. Es más, el abogado aseveró que la muerte de Manoli fue accidental, no fruto de una agresión deliberada, sino de un forcejeo en el que ambos cayeron al suelo.

Por su parte, tanto las hermanas de la víctima, como su viudo y sus hijas afirmaron que Lucas sí que tenía controlado su alcoholismo y que no era habitual verlo beber en celebraciones familiares. Estas últimas, además, hablaron del "miedo" que sentía su madre por las amenazas del acusado, que solía pasar habitualmente en coche por la tienda que regentaban Manoli y su marido para intimidarla. Y, por otro lado, varios testigos presenciales de los hechos aseguraron que, lejos de la versión del letrado de la defensa, Lucas se hallaba sobre su hermana para inmovilizarla mientras le cortaba el cuello con el serrucho. Además, diversos peritos forenses rechazaron la idea de que las heridas que tenía Manoli en el cuello fueran accidentales.

Después de cuatro largos días de juicio, varios de los cuales se alargaron hasta la noche y, por momentos, se hicieron interminables, las partes pronunciaron sus alegatos finales. La fiscal, que en su calificación de los hechos no había contemplado el agravante de ensañamiento que sí pedían las dos acusaciones particulares, acabó adhiriéndose a la pena que solicitaban ambas.

El portavoz del jurado leyó su veredicto pasadas las diez de la noche del 11 de febrero: Lucas fue considerado culpable de prácticamente todos los delitos que se le imputaban: asesinato con los agravantes de parentesco, alevosía y ensañamiento, quebrantamiento de la orden de alejamiento hacia su hermana, amenazas hacia su madre, atentado a la autoridad y lesiones a los dos agentes de la Guardia Civil el mismo día de los hechos, cuando fue detenido. La sentencia llegó en marzo: 26 años y nueve meses de cárcel.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) le rebajó, posteriormente, la condena a Lucas al considerar que no podía aplicarse el agravante de alevosía. Sin embargo, el Tribunal Supremo le aplicó el castigo original tras aceptar parcialmente los recursos de casación presentados por las dos acusaciones particulares.

Plot-twist en la paliza mortal en Frailes

La tarde-noche del 1 de enero de 2020, mientras los vecinos de Frailes aún digerían la resaca de las uvas de la noche previa, el municipio se tiñó de sangre. Alguien había apalizado hasta la muerte a un temporero de la aceituna de origen rumano, Cristinel N., de 41 años, en la casa en la que vivía desde el inicio de la campaña. Se detuvo a dos compatriotas de la víctima, de 33 y 19 años y también temporeros, como sospechosos de haber cometido el crimen. Ellos, que apenas dominaban el idioma, no dijeron ni una palabra hasta más de dos años después, cuando se celebró el juicio, en marzo de 2022. Sus abogados de oficio les habían aconsejado que lo mejor era que mantuvieran la boca cerrada.

La Fiscalía solicitó que ambos permanecieran en la cárcel durante 19 años por sendos delitos de asesinato con alevosía, mientras que la acusación particular, ejercida por la familia de Cristinel, pidió 25 años para cada uno por asesinato con el agravante de ensañamiento. La prueba de cargo fundamental era el testimonio del único testigo presencial de los hechos: un cuarto temporero, hermanastro de uno de los acusados, que, durante la instrucción del caso, inculpó a los dos hombres que se acabaron sentando en el banquillo de la Audiencia Provincial. Sin embargo, fue imposible localizarlo para que corroborara esa versión en el juicio. De él sólo se sabía que estaba en Rumanía cuidando ovejas. Por lo demás, se lo había tragado la tierra.

Los dos acusados aseguraron ante el jueza, las partes y el jurado popular que la tarde de marras estuvieron junto al testigo fantasma bebiendo copas en un bar, tras lo cual siguieron la fiesta en casa de Cristinel. Sin embargo, y siempre según esta versión, la víctima subió en un momento determinado a la segunda planta de la casa y bajó con un cuchillo jamonero, con el que amenazó de muerte al más joven de los acusados, que le golpeó y le hizo una llave para zafarse de él. Tras ello, los dos huyeron y no volvieron a saber nada de Cristinel hasta tres horas más tarde, cuando el cuarto temporero les informó de que lo habían matado.

Una de las claves, si no la principal, para entender en su conjunto este caso, llegó antes de empezar el juicio. El abogado de uno de los acusados intentó aportar una prueba de última hora a la causa: una carta, sellada en la Corte de Rumanía, en la que el testigo desaparecido venía a autoinculparse y a retractarse de su testimonio ante el juez de instrucción en el que atribuía el asesinato a los dos imputados. La magistrada, sin embargo, no la aceptó al dudar de su credibilidad.

Otro de los aspectos fundamentales fue el hecho de que los agentes de la Policía Científica de la Guardia Civil que comparecieron en el juicio explicaron que aún no había resultados de las pruebas biológicas que se tomaron de las zapatillas ensangrentadas que llevaban los acusados la noche de los hechos. Es decir, que todavía no se podía confirmar ni desmentir que esa sangre fuera la de la víctima y que, por tanto, no existían pruebas biológicas que vincularan con el crimen a las dos personas sentadas en el banquillo. Más de dos años después de haberse recogido las pruebas. Aquel mismo día, la Fiscalía, de hecho, rebajó su calificación de los hechos de asesinato a homicidio, y su petición de condena, de 19 a 12 años entre rejas.

Un día más tarde, el 18 de marzo, en torno a las tres de la tarde, el jurado leyó su veredicto: culpables de un delito de homicidio con el agravante de abuso de superioridad por ocho votos a favor y uno en contra. Los nueve miembros del tribunal consideraron que no hubo delito de asesinato y que no tenían que aplicarse los agravantes de alevosía y ensañamiento, ni tampoco los atenuantes de embriaguez y legítima defensa.

El fiscal volvió a cambiar su solicitud de castigo, finalmente, a 15 años de prisión, a lo cual se adhirió la acusación particular. Ambas defensas solicitaron que se aplicara a los condenados la pena mínima contemplada por la ley para este delito: 12 años y medio de cárcel. Finalmente, la sentencia fijó la condena en 14 años.

Uno de los letrados de la defensa recurrió el veredicto ante el TSJA para que se revisara el juicio por la incomparecencia del testigo clave: el desaparecido, el fantasma. El giro de guion hithcockiano llegó meses más tarde. En septiembre de 2022, el TSJA declaró nulo el juicio tras aceptar el recurso y obligó a que se repitiera el proceso oral para que se tuviera cuenta la carta del temporero desaparecido en la que se autoinculpaba. Pero, no sólo eso: se logró dar con el paradero de este para que, ahora sí, testificara en la Audiencia de Jaén. El inicio del nuevo juicio se fijó el pasado 16 de octubre, pero hubo de suspenderse porque, de nuevo, se le perdió la pista al testigo clave. Los dos acusados están desde este año en libertad al haberse cumplido el tiempo máximo que podían permanecer en prisión preventiva.

El estrangulamiento de Toñi en Arroyo del Ojanco

Arroyo del Ojanco, 6 de abril de 2019. Entre las 10:30 y las 11:00, el padre de Toñi, de 37 años, entró, como hacía habitualmente, al cortijo en el que vivía su hija con su marido, Abdoulaye S. C., de 42, y la hija de ambos, de cuatro. Extrañado porque nadie salía a recibirle, subió al dormitorio. Toñi estaba en la cama, aparentemente dormida, pero su padre no consiguió despertarla. Alarmado, llamó al 112, pero los médicos y enfermeros tan sólo pudieron certificar la más terrible de las sospechas: Toñi estaba muerta.

Abdoulaye no se encontraba en la casa, así que su suegro lo llamó al móvil para darle la triste noticia. El ya viudo contestó que estaba en Jaén. Había salido temprano del cortijo, sobre las seis y media de la mañana, para ir a hacerse unas pruebas y que le dieran un Certificado de Aptitud Profesional, así que emprendió el camino de vuelta al pueblo. La que sí estaba en la vivienda era la hija de Toñi y Abdoulaye. La pareja empezó a salir en 2012, cuando él llegó desde su país de origen, Senegal, para trabajar en otro pueblo de la Sierra de Segura. La cosa fue para adelante y, dos años más tarde, ya tuvieron a su niña. Se casaron en 2015.

Los interrogantes en torno al fallecimiento de Toñi comenzaron a despejarse cuando los profesionales sanitarios descubrieron en el cadáver indicios de muerte violenta, que fueron confirmados in situ por agentes de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial y forenses. Todos los caminos condujeron a un único sospechoso: el viudo, Abdoulaye. A priori, él, aparte de la niña, fue la única persona que estuvo en el cortijo con la víctima la noche anterior. No obstante, había que confirmar la etiología del fallecimiento con los resultados definitivos de la autopsia que estaba por practicarse.

Hubo que esperar más de lo habitual, once meses durante los cuales Abdoulaye estuvo vigilado por la Guardia Civil, hasta contar con ese informe final. Las forenses estimaron que Toñi murió estrangulada, mientras dormía, entre las 3:42 y las 9:18, un rango horario amplio que coincidía, en parte, con el tiempo que Abdoulaye estuvo con ella en el cortijo hasta que se fue hacia Jaén, sobre las 6:30, tal y como él mismo había dicho a las autoridades.

Tras la investigación y la instrucción, la Fiscalía consideró que había pruebas suficientes para acusar al senegalés de asesinato, con los agravantes de parentesco y género, y llevarlo a juicio. La pena que solicitó se elevaba hasta los 23 años de cárcel, a la que se sumaba la privación de la patria potestad sobre su hija y la prohibición de acercarse a la menor y a sus suegros a menos de 500 metros y de residir en el mismo municipio que estos durante los diez años posteriores a su salida de prisión. Además, pidió que el acusado les indemnizara con 300.000 euros -100.000 para cada uno-. A todo ello se adhirió la Junta de Andalucía, personada como acusación popular, cosa que no había hecho en la instrucción.

El primer día del juicio en la Audiencia Provincial, el 4 de abril de 2022, Abdoulaye se declaró inocente. Reconoció que Toñi y él tenían problemas, sí, que discutían, sí, pero que eran cuitas “normales en cualquier pareja”. “Hasta en la cárcel sigo llorando la muerte de mi mujer”, aseguró. Según explicó, la noche de los hechos él se fue temprano a la cama porque tenía que viajar hasta Jaén al día siguiente. Toñi, sin embargo, se quedó cenando hasta tarde antes de acostarse, algo que, de acuerdo a la versión de Abdoulaye, era habitual. Es más, agregó que su mujer solía pasarse con el alcohol. Por lo demás, confirmó el resto del relato ya conocido: salió del cortijo sobre las 6:30, rumbo a Jaén, y dejó allí a Toñi y a su hija.

En la reconstrucción de estos hechos es de vital importancia la hora a la que Abdoulaye abandonó el inmueble. Más que eso: es la clave principal. Por el momento, es necesario tener en cuenta lo siguiente: de la versión del acusado sobre cuándo se fue del cortijo -cabe repetirlo, a las 6:30 horas- no se podía -ni se puede- dudar porque a Abdoulaye le grabaron las cámaras de seguridad de un vecino que tenía un chalé enfrente, a unos 100 metros. Estos dos aspectos también son fundamentales: en primer lugar, las cámaras sólo apuntaban a la parte delantera del cortijo, de cara a la única carretera que existía para llegar hasta el enclave; en segundo, aparte de al segenalés, en las imágenes no se ve a nadie más entrando o saliendo de allí en toda la madrugada.

Para el padre y las amigas de Toñi que declararon como testigos, Abdoulaye, lejos de ser un ángel, se trataba poco menos que un trasunto de Satanás. “No tengo la menor duda de que -el asesino- fue él, no pudo ser otra persona porque estaban los dos solos”, aseguró el progenitor de la víctima, que añadió que el acusado “le hacía la vida la vida imposible” y “anulaba” a su hija hasta el punto de que ella “dejó de tener ganas de salir”. Tanto él como otras personas del entorno de Toñi coincidieron en indicar que, al principio de la relación, el senegalés era un hombre bueno y amable, todo lo contrario a en lo que se convirtió después de nacer la niña. Según contaron, las muestras de desprecio de Abdoulaye hacia la víctima y las discusiones en público eran frecuentes.

El abogado del acusado trató en todo momento de demostrar que no fue su cliente, sino una tercera persona, la que estranguló a Toñi. Sus argumentos fueron varios: que alguien pudo acceder al cortijo por la parte trasera, a través del campo, sin que le grabaran las cámaras, y que en las uñas de la víctima y en un cinturón que había en la mesita de noche se encontraron restos de ADN de una persona que no era ni Abdoulaye, ni Toñi, ni su hija, ni el padre de la víctima. Aparte de todo ello, el médico de Urgencias que acudió a la vivienda la mañana en la que el padre de Toñi halló el cadáver, declaró, por videoconferencia, que la mujer llevaba muerta unas cinco horas cuando él llegó al cortijo, sobre las 12:30. Esto es, que, por ende, Toñi habría muerto en torno a las 7:30, cuando Abdoulaye ya se había ido.

Se preguntó a varios de los testigos si era posible llegar hasta la zona por aquel camino alternativo a través de los olivos, pero la mayoría señaló que se trataba de un área de difícil acceso y tránsito para un vehículo. Por otro lado, las forenses que practicaron la autopsia concretaron que, más allá de que en el cuerpo de la víctima no se encontraron señales de lucha, el hecho de que haya restos biológicos en las uñas de una persona no tiene que ser necesariamente fruto de una pelea. Tampoco se podía confirmar ni descartar que se usara el cinturón para estrangular a Toñi.

El testimonio definitivo con el que quedó desmontada la versión de la defensa lo aportó precisamente una de las forenses. Según explicó, aunque se había estimado que la muerte de Toñi se produjo entre las 3:42 y las 9:18, se podía afirmar que fue “más cerca de las tres que de las nueve”. De hecho, añadió que era “prácticamente imposible” otra opción porque la víctima, que se había ido a la cama justo después de cenar y de haber bebido, no había hecho la digestión y tenía una tasa de 0,99 gramos de alcohol por litro de sangre cuando falleció. Es decir, que la mataron poco después de comer y beber, cuando Abdoulaye todavía estaba en el cortijo.

Después de tres días de preguntas, respuestas y aportación y análisis de pruebas, el jurado se retiró a deliberar sobre las ocho de la tarde del 6 de abril, miércoles. Sus nueve miembros tardaron sólo tres horas en tener su veredicto, que fue unánime: culpable de asesinato. La Audiencia de Jaén le condenó a 20 años de cárcel, fallo que confirmó el Tribunal Constitucional el pasado octubre.