Condenas por incendios provocados en Jaén: así lo castiga la Justicia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó este martes una alerta especial por altas temperaturas en la que ya es la segunda ola de calor de este verano, con buena parte de la península en alerta naranja, incluida toda la provincia de Jaén, donde se prevén máximas de más de 40 grados. Aunque se espera que las temperaturas se suavicen a partir de este jueves, los riesgos para la salud siguen siendo elevados, especialmente para las personas mayores de 65 años, las mujeres gestantes, los menores de edad y las personas con ciertas enfermedades, tal y como vienen repitiendo las autoridades. Pero ese riesgo también se extiende al entorno natural. Cada año, la Junta de Andalucía diseña, a través del Plan Infoca, una campaña de alto riesgo de incendios por altas temperaturas. En 2023, el dispositivo se cerró con un balance de 73 intervenciones y 16,4 hectáreas afectadas, "los mejores datos de la década", según afirmó en noviembre el delegado del Gobierno andaluz en Jaén, Jesús Estrella, tras una reunión del Comité Asesor del Plan Infoca.

Este 2024, la campaña se puso en marcha el 1 de junio y permanecerá activa hasta el 15 de octubre. La estrategia cuenta con 4.700 profesionales y está dotada con un presupuesto de 243,34 millones de euros. De ese montante, 108,4 millones se dedican a tareas preventivas. Sin embargo, en muchas ocasiones no se puede luchar contra un factor que puede ser incontrolable: la injerencia humana. El Código Penal dedica todo su capítulo II a regular los posibles castigos por delitos de incendios, que pueden llegar hasta los 20 años de cárcel. Estos son algunos de los casos que acabaron con condenas de prisión en la provincia de Jaén.

Incendio por represalias en el Parque Natural de Andújar

El 16 de julio de 2011, un guardia civil denunció a un hombre por circular por un camino no permitido dentro del Parque Natural Sierra de Andújar con un coche que, además, había estacionado en un espacio reservado para los servicios de urgencias para extinguir incendios. Eran en torno a las seis de la tarde. Aproximadamente media hora después, el individuo se trasladó al conocido como Lugar Nuevo, cerca del carril de acceso a la zona recreativa del Encinarejo, y usó su mechero para prender fuego a la abundante vegetación que había en el margen izquierdo del camino. Fue sorprendido por un guardia civil, de modo que se montó en el coche y huyó del lugar a toda velocidad. No obstante, varios agentes de la Benemérita le echaron el guante apenas una hora después en la carretera que conduce al santuario de la Virgen de la Cabeza.

De forma paralela, el fuego provocado empezó a expandirse rápidamente ladera arriba, alentado no sólo por el calor, sino también por la vegetación profusa, por la continuidad del pasto seco y por la sequedad de los combustibles vegetales. Se avisó a los bomberos del Parque Natural, que pudieron sofocar el incendio en torno a las 19:40 horas.

Las llamas afectaron a unos 1.500 metros cuadrados de terreno forestal del paraje Doña Rosa-Encinarejo, compuesto por vegetación herbácea y matocadas de encina. El área, además, es propiedad del Organismo Autónomo Parques Nacionales, dependiente del entonces Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, y está declarada Zona de Reserva. Para más inri, ya entonces acogía el núcleo mejor conservado de población de lince ibérico, aún catalogado como especie en peligro de extinción. Pero es que, además, aquel día había en el entorno del área recreativa unas 50 personas.

La Fiscalía acusó al detenido de un delito de incendio forestal. Pidió que se le condenara a seis años de cárcel y que indemnizara al Organismo Autónomo de Parques Nacionales y al Plan Infoca de la Junta de Andalucía con 119,28 euros “en concepto de gastos de extinción y daños ocasionados” y con 189,82 euros, respectivamente.

En su escrito de calificación, el Ministerio Público aseguró que el individuo actuó “movido por el ánimo de ocasionar un incendio forestal en el Parque Natural” y “en represalia” a la denuncia previa del guardia civil. En el texto se destacó que los hechos tuvieron lugar “en época de extremo peligro de incendio forestal por las elevadas temperaturas y la baja humedad relativa”. La Fiscalía sostenía que el hombre actuó a sabiendas de todo ello y, por tanto, “con la intención y voluntad de que se propagase rápidamente el fuego al terreno forestal y a la masa forestal circundante, como efectivamente, y de acuerdo a su propósito, sucedió”.

En el escrito se subrayaron los “valores ambientales excepcionales” de la zona afectada, “con un gran valor ecológico que posibilita el establecimiento de importantes especies faunísticas”. Por último, se indicó que la “rápida intervención” del guardia civil que descubrió al acusado y de los bomberos, el fuego provocado “habría dado lugar a un incendio forestal de grandes dimensiones”.

Se llegó a señalar en 2014 un juicio con tribunal del jurado en la Audiencia Provincial, pero, finalmente, no se celebró: el acusado llegó a un acuerdo de conformidad con la Fiscalía y aceptó una condena de dos años de prisión, cuatro menos de los que había pedido inicialmente la Fiscalía. Para alcanzar el pacto fue clave que el individuo pagara las indemnizaciones solicitadas por el Ministerio Público, lo cual se consideró suficiente para aplicar atenuante de reparación del daño causado.

Fuego en la orilla del río Guadalentín

De nuevo la intervención de la Guardia Civil fue decisiva para evitar males mayores en otro caso de incendio forestal, en esta ocasión, en Pozo Alcón. El 29 de marzo de 2012, un vecino de 54 años dl municipio del Alto Guadalquivir se internó por un camino del paraje del Molino de la Bajadilla, paralelo al río Guadalentín y dentro del término poceño, y, usando tres mecheros, prendió fuego a la vegetación que había a la orilla del río en hasta once puntos distintos.

Dos agentes del Instituto Armado sorprendieron el hombre, le quitaron los mecheros, avisaron al Infoca y empezaron las labores de extinción para que las llamas no ganaran en intensidad. Los bomberos tardaron casi cinco horas en sofocar el fuego, que afectó a 8.330 metros cuadrados de terreno y masa forestal compuesta de bosque y soto de ribera.

El detenido fue llevado a juicio, acusado de un delito de incendio forestal, en 2017. El mismo día fijado para la vista, admitió los hechos. El Juzgado de lo Penal número 1 de Jaén le condenó a un año y medio de cárcel y al pago de una multa de 720 euros. También se le obligó a indemnizar con 668,71 euros a la Junta de Andalucía por los gastos derivados de la extinción del fuego, y con 1.500 euros a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y otros 1.325 euros a repartir entre los propietarios de las parcelas afectadas.

Castigo por quemar 163.000 metros cuadrados de zona protegida

Un año y medio antes, en julio 2016, una persona que circulaba por la carretera JA-6100 El Centenillo-La Carolina vio cómo, en torno a las tres de la tarde, un individuo abrió la puerta trasera del coche en el que iba montado a la altura del paraje del Cerro de la Cruz y, sin bajarse completamente, prendió fuego a la zona de abundante pasto seco que había en el margen de la carretera, a apenas un kilómetro del núcleo urbano carolinense. El testigo no pudo identificar al hombre, pero sí se fijó en la matrícula del coche y, en cuanto llegó a La Carolina, denunció los hechos ante la Guardia Civil.

Los bomberos del Plan Infoca lograron extinguir el incendio sobre las seis y media de la tarde. Las llamas afectaron a 163.400 metros cuadrados de vegetación forestal, de los que 125.000 estaban ya entonces considerados Espacio Protegido de la Red Natura como Zona de Especial Conservación (ZEC) en las cuencas del Rumblar, el Guadalén y el Guadalmena. También se quemaron 4.300 metros cuadrados de superficie agrícola y 2.000 metros cuadrados de pasto.

Ya en 2019, el todavía presunto pirómano se sentó en el banquillo de la Audiencia Provincial acusado de un delito de incendio forestal de especial gravedad. El individuo negó los hechos. Reconoció que se bajó del coche, pero indicó que fue para hacer sus necesidades y que, para entonces, el fuego ya estaba provocado. Sin embargo, el tribunal dio por buena la declaración de la persona que le denunció en 2016, que declaró en el juicio como testigo protegido y que, esta vez sí, identificó al acusado como el hombre que prendió el pasto con un mechero. En abril de ese año, la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén condenó al pirómano a tres años de cárcel y al pago de una multa de 3.240 euros.

Le embargaron el piso e incendió el edificio "por venganza"

Cabe resaltar un último caso que, si bien no se produjo en un entorno natural, sí tuvo lugar en plena canícula. El 13 de agosto de 2022, un hombre entró de madrugada, sobre las seis menos cuarto, en un bloque de viviendas de la calle Núñez de Balboa de Torredelcampo. Se trataba de un antiguo propietario de uno de los pisos. El banco le había embargado la vivienda, que ya había sido adquirida por una familia, aunque todavía no se había mudado. El hombre, de 64 años, llevaba consigo un bidón de cinco litros de gasolina y le prendió fuego en el rellano del que había sido su piso. Había al menos ocho personas durmiendo en el inmueble. Los bomberos sofocaron el incendio, pero cuatro de los residentes sufrieron quemaduras y hubo daños en elementos comunes del edificio y dentro de las viviendas.

Se detuvo al hombre que provocó las llamas, que ingresó en prisión provisional. La Fiscalía solicitó que se le condenara a 10 años de cárcel como autor de un delito de incendio con riesgo para la vida de las personas. Sin embargo, el juicio, señalado para noviembre de 2023, no se celebró. A primeros de octubre, el acusado reconoció los hechos y las partes llegaron a un acuerdo para fijar una condena de conformidad de tres años de prisión y una multa de 2.400 euros por cuatro delitos de lesiones leves, a los que se sumaron 48.456 euros en concepto de indemnizaciones por lesiones y por daños materiales. Por último, se prohibió al hombre residir en Torredelcampo durante cinco años. En la sentencia, la Sección Segunda de la Audiencia de Jaén indicó que el torrecampeño provocó el incendio como “venganza por haber sido privado de su vivienda por ejecución hipotecaria”.