Las cinco razones por las que los agricultores se han levantado contra la Unión Europea

El martes 6 de febrero se desató una ola de protestas espontánea y organizada por redes sociales por todo el país, de agricultores y ganaderos por las medidas aplicadas por la Política Agraria Común (PAC) desde la Unión Europea (UE). Una mecha que ya se había prendido en Francia y otros países europeos desde hacía días y que ha llegado hasta España y Jaén. Desde este martes, centeneras de agricultores y ganadores se han manifestado en la provincia jiennense cortando carreteras y frente a la Delegación de Gobierno en la capital, si bien que la virulencia y repercusión ha sido menor que otras provincias andaluzas, los agricultores jiennenses consiguieron paralizar el tráfico en varías vías, especialmente el primer día.

Las principales organizaciones agrarias, Asaja, COAG, UPA y Cooperativas Agro-alimentarias convocaron oficialmente movilizaciones para el 14 de febrero en varias provincias andaluzas, entre ellas Jaén, para protestar principalmente por estos motivos:

Competencia desleal del exterior

Una de las más importantes quejas a las que hacen referencia el sector del campo es la lucha de los agricultores frente a un mercado desregulado que importa productos agrarios a terceros países a bajo precios y que presionan a la baja los de la UE y a los producidos en España. “Estas producciones extracomunitarias no cumplen las normativas internas de la UE y representan una contradicción e hipocresía en la actuación política de la UE, entre la política comercial y la política agraria común propia. Una competencia desleal que pone en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España y Europa”, subrayaron las tres organizaciones Coag, UPA y Asaja.

Los agricultores exigen que todos los productos que entran procedentes de países extracomunitarios en el territorio español tengan las mismas exigencias de las normativas fitosanitarias y de bienestar animal y que se establezcan aranceles a la entrada de productos extracomunitarios.

“Sin embargo, la UE sigue cerrando más acuerdos de libre comercio con terceros países, que agudizan los problemas de los agricultores y ganaderos de toda la UE”, señalaron las organizaciones.

En este sentido, reclaman la paralización de las negociaciones de acuerdos como con Mercosur (bloque económico fundado por Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay), la no ratificación del acuerdo con Nueva Zelanda y que se paralicen las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia. Además, expresan que el Gobierno de España con la supervisión de la Comisión Europea, debe aumentar los controles en la frontera con Marruecos para garantizar que los productos agrícolas marroquíes importados cumplen con las normativas internas de la UE y las cantidades arancelarias establecidas en el acuerdo de libre comercio. “Es vital recuperar la preferencia comunitaria para recuperar y garantizar nuestra soberanía alimentaria”, sostienen las tres organizaciones agrarias.

Menos papeleo y burocracia

Otro de los motivos es el malestar y frustración cada vez mayor debido a las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que están produciendo las normativas aplicadas por la UE. La excesiva burocracia está suponiendo unos “costes inasumibles” para los agricultores y ganaderos que además no posibilitan cumplir los objetivos en materia medioambiental.

Quejas también con el ‘Cuaderno Digital’: Asaja ya alertó que la implantación del "cuaderno digital" que exige la nueva Política Agraria Común (PAC) supone "discriminar digitalmente al campo", un sector cuyo 91 por ciento de trabajadores "tienen más de 40 años". Además, de que en muchas zonas donde se encuentran los cultivos no existe cobertura.

Medidas ambientales más flexibles

Los agricultores solicitan cambios en el Pacto Verde y en otras normativas de la PAC sobre pastos o rotaciones de cultivos. La Comisión Europea ha propuesto flexibilizar la obligación de dejar el 4% de las tierras en barbecho para recibir las ayudas de la PAC, que había propuesto dejar ese porcentaje de barbecho obligatorio. Las organizaciones gracias solicitan eliminarlo y también redefinir el concepto de cultivo secundario.

Ley de Cadena alimentaria

Por otro lado, a nivel nacional, UPA, ASAJA y COAG reclaman la modificación y ampliación de la Ley de la Cadena Agroalimentaria para prohibir las prácticas desleales para que los precios de los agricultores cubran los costes de producción. Asimismo, señalan que la AICA- Agencia de Información y Control Alimentario- debería de aplicar sanciones económicas más acordes a la infracción cometida y que se amplíen sus recursos de control.

También han solicitado al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, soluciones inmediatas para abordar las problemáticas del sector, en todo aquello relacionado con las consecuencias de la sequía y la Guerra en Ucrania, precios y costes de producción, simplificación y flexibilidad de la PAC, sectores ganaderos y cuestiones laborales y de Seguridad Social.

En ganadería

Les preocupa la evolución de la concentración de la ganadería, el crecimiento de la integración y la desaparición de explotaciones ganaderas. En gran medida es debido a la promulgación de normativas muy difíciles de cumplir por las explotaciones familiares y pensadas para esos modelos. Entre sus propuestas se encuentran la indemnización justa por los daños de los lobos.

En relación al Real Decreto 364/2023, de 16 de mayo, por el que se establecen las obligaciones de vigilancia del titular de la explotación y al plan sanitario integral de las explotaciones ganaderas, en el que se incluye la figura del veterinario de explotación y en su Anexo IV el contenido mínimo del Plan Sanitario Integral de las explotaciones ganaderas, expresas que no pueden contar con que la Agrupación de Defensa Sanitaria (ADS) sea la respuesta a la nueva carga burocrática, puesto que no todos los ganaderos están en ADS ni quieren estarlo, y no se dispone de profesionales veterinarios suficientes para hacer frente a estas exigencias. Esto supondrá un mayor coste para los ganaderos y mayor carga burocrática sin tener garantía de que se vaya a obtener un claro beneficio. Por lo tanto, piden la eliminación de esta figura.