Ahorro y eficiencia energética: la lista de deberes pendientes de Jaén
Desarrollo sostenible
Un informe del Tribunal de Cuentas sobre los planes y estrategias aprobados en ayuntamientos y diputaciones destaca de forma positiva a Andújar y Martos, especialmente, y a Linares y Alcalá la Real en el aspecto negativo
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Jaén/En la libreta de deberes en materia de ahorro y eficiencia energética de Jaén hay aún una serie de tareas pendientes. Según un informe del Tribunal de Cuentas en el que se fiscaliza a los ayuntamientos de municipios con más de 20.000 habitantes y a las diputaciones provinciales de toda España, sólo Andújar, dentro de la provincia jiennense, cumple la normativa andaluza al respecto. A pesar de ello, destaca de forma positiva Martos, que tiene aprobados varios planes de ahorro y eficiencia energética. El suspenso completo se lo llevan Linares y Alcalá la Real, cuyos ayuntamientos no contaban a 30 de junio de 2023 -fecha a la que llega el análisis- con ningún tipo de estrategia ni planificación sobre la materia.
Tal y como se explica en el informe del órgano fiscalizador, en España no hay una normativa que obligue a los ayuntamientos a poner en marcha políticas de ahorro y eficiencia energética. El “principal instrumento de planificación general” de las entidades locales sobre “políticas de clima y energía” es el Plan de Acción para el Clima y la Energía Sostenible (PACES), que tienen que elaborar los ayuntamientos adheridos al llamado Pacto de Alcaldes, una iniciativa impulsada por la Comisión Europea en 2008 para asumir el compromiso voluntario de mejorar la eficiencia energética en sus territorios usando fuentes de energía renovable.
Sin embargo, hay entidades que, aun no estando adheridas al Pacto, han elaborado planes generales distintos a un PACE y tomando como referencia, fundamentalmente, la legislación autonómica. Sólo hay siete comunidades autónomas que cuentan con normativa específica sobre eficiencia energética. Una de ellas es Andalucía. “La Ley 8/2018, de 8 de octubre, de medidas frente al cambio climático y para la transición hacia un nuevo modelo energético en Andalucía, establece la obligación a los municipios andaluces de elaborar y aprobar planes municipales contra el cambio climático, en el ámbito de las competencias propias y dentro del marco del Plan Andaluz de Acción por el Clima, en los que se incorporen medidas y actuaciones de ahorro y eficiencia y energética”, se recuerda en el informe del Tribunal de Cuentas.
Esos Planes Municipales Contra el Cambio Climático (PMCC) tienen que “concretar las líneas de actuación para la mitigación de las emisiones de gases de efecto invernadero, la transición hacia un nuevo modelo energético y la adaptación al cambio climático”. La fecha límite que tenían los ayuntamientos para aprobarlos era octubre de 2022. Sin embargo, de acuerdo al informe, el 88% de los municipios andaluces de más de 20.000 habitantes no contaban con PMCC a 30 de junio de 2023. Entre estos se encontraban Jaén, Linares, Úbeda, Martos y Alcalá la Real. Sólo Andújar estaba entre los 10 municipios que sí cumplían la normativa andaluza. Si hablamos de medidas de planificación general, el porcentaje de municipios grandes que no contaban con ninguna estrategia se reducía al 77%. En este aspecto, además de Andújar, Martos estaba entre los municipios comprometidos con el ahorro y la eficiencia energética. La Diputación de Jaén, que estaba entre las entidades incumplidoras en la fecha fiscalizada, aprobó un Plan Provincial de Lucha Contra el Cambio Climático posteriormente, en mayo de 2024.
Otros instrumentos de planificación en ahorro energético
Pero, al margen de los instrumentos de planificación general, los ayuntamientos pueden poner en marcha planes sectoriales de ahorro energético en transporte, alumbrado público y edificios e instalaciones municipales, dentro de sus competencias. De hecho, en el caso de los municipios de más de 50.000 habitantes, la ley de cambio climático de 2021 les obliga a contar con un Plan de Movilidad Urbana Sostenible desde 2023. En la provincia jiennense, las dos ciudades afectadas por la medida, Jaén y Linares, no cumplían la normativa. “El resto de los planes sectoriales son prácticamente inexistentes”, se lamenta en el informe. En Jaén, sólo Martos contaba con un plan de ahorro energético a mediados de 2023.
Por otro lado, en junio de 2018 el Gobierno de España aprobó el Plan de Acción de la Agenda 2030, que, entre otras cosas, enumera medidas para impulsar la Agenda en 2018-2020. Entre estas, se cita a la Agenda Urbana Española (AUE) como “una de sus más relevantes políticas palanca”. La iniciativa se puso en funcionamiento en 2019 con “un alcance más amplio que el ámbito del clima y la energía”. “Se trata de una actuación alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la Nueva Agenda Urbana de las Naciones Unidas y la Agenda Urbana para la Unión Europea; su objetivo es alcanzar la sostenibilidad en las políticas de desarrollo urbano y acelerar su implementación”, reza el informe del Tribunal de Cuentas. En el ámbito local, la Agenda Urbana Española se adapta como Agenda Local Urbana. En la provincia jiennense, sólo Martos y Úbeda tenían aprobado un Plan de Agenda Local Urbana (PALU) a 30 de junio de 2023. Jaén capital lo aprobó posteriormente: el ya exalcalde Agustín González la presentó en marzo de 2024.
La principal conclusión a la que llega el Tribunal de Cuentas tras analizar todos los datos a nivel estatal es que, a 30 de junio de 2023, el 46% de los municipios de población superior a 20.000 habitantes, diputaciones, cabildos y consejos insulares no contaban con planificación en materia del ahorro y eficiencia energética. De estos, la mayor parte aplicaba medidas sectoriales de eficiencia y ahorro energético para el alumbrado público, los edificios públicos, la movilidad y el transporte públicos, aunque sin planificación general alguna. En cualquier caso, el órgano fiscalizador indicó en un comunicado de diciembre que el “marco heterogéneo de normas y estrategias” es un hándicap que “impide que la planificación responda a un procedimiento o documento común” a todas estas entidades y, por tanto, “dificulta la implantación de medidas de acción por el clima y la energía”.
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