La cruzada de los abogados jiennenses contra sus pensiones "exiguas": "Nos han estado engañando"
Seguridad Social
Según la asociación del turno de oficio, en la provincia hay unos 600 mutualistas alternativos del ramo perjudicados por una situación que afecta a 65.000 letrados en toda España
El Movimiento nacional #J2 y el Colegio de Abogados de Jaén demandan al Ministerio de Seguridad Social una ventana de paso al régimen de autónomos sin perder los fondos ya cotizados en la Mutualidad
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“Hay compañeros a los que ves ahora trabajando con 80 años, pero no les queda otra”. La situación, lejos de ser paradigmática, sí que resulta, cuando menos, llamativa en tanto en cuanto no es fruto de esa “extraña locura” del “amor al trabajo” al que Paul Lafargue dedicara su ensayo El derecho a la pereza (1880), sino de la necesidad. Es, al menos, el panorama que describe Gemma Fernández, presidenta de la Asociación Jiennense de Abogados del Turno de Oficio (Ajato) y una de las voces provinciales más críticas con la antigua Mutualidad de la Abogacía -llamada Mutualidad, a secas, comúnmente, hoy Grupo Mutualista tras su fusión, en 2021, con la Asociación de Mutualistas de la Ingeniería Civil-, por las pensiones “ruinosas” que les están quedando a los profesionales que se jubilan después de años y años de trabajo. “La media pensión no llega a los 375 euros, y sin revalorización. Eso si coges la vitalicia. Puedes elegir la financiera, que dura 15 años y llega a los 600 euros. Pero, claro, si no te mueres antes de esos 15 años, te quedas sin nada”, detalla Fernández, que también critica que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones no esté ofreciendo soluciones adecuadas a ello. En España, el Movimiento #J2 -por ‘jodidos’- representa desde mediados de 2023 a los en torno a 65.000 abogados afectados en este sentido. La presidenta de Ajato cifra en 600 a los profesionales jiennenses ‘jodidos’ en la misma línea.
La Mutualidad de la Abogacía la crearon los colegios profesionales del ramo de toda España en 1948 como entidad de previsión obligatoria. En principio ofrecía coberturas de fallecimiento, invalidez y viudedad. No fue hasta 1971 cuando se incluyeron las prestaciones por jubilación. En 1996 dejó de ser obligatorio ser abogado mutualista -la cotización vía Mutualidad se convirtió en un sistema alternativo- y se abrió la puerta a que los letrados, si lo preferían, cotizaran en el régimen Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Eso sí: quien optara por esta segunda vía empezaría a cotizar desde cero, es decir, no tenía posibilidad de recuperar sus aportaciones monetarias a la Mutualidad para su futura jubilación y traspasarlas al RETA. “Al principio no había problema. Era una mutua sólo de abogados, un plan colectivo de carácter solidario. Había pocos abogados y, cuando se jubilaban, siempre les quedaba una buena pensión. Además, algunos tenían otros trabajos. La liebre ha saltado cuando ha empezado a jubilarse la generación del baby boom”, indica la presidenta de Ajato a este periódico. Lo que denuncia, además, el Movimiento #J2 es que, desde los colegios oficiales, si bien no se les obligaba a firmar con la Mutualidad a los nuevos colegiados, sí que se les empujaba a ello. “Te plantaban los papeles encima de la mesa y te decían que ibas a tener mejores condiciones. El Consejo General de la Abogacía es el primero que nos ha estado engañando”, asegura Fernández, que, además, describe un sistema mutualista de coberturas mínimas: “Sólo tienes derecho a 365 días de incapacidad temporal. Si lo agotas, te quedas sin ese derecho".
Para entender el panorama hay que tener en cuenta otro año clave, aparte de 1996: en 2005, fruto de la reforma de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, quedó modificado el sistema de capitalización colectiva por el que se regía la Mutualidad y pasó a ser un sistema de capitalización individual. En román paladino: que las aportaciones de los mutualistas, desde entonces, ya no van a parar a un fondo común y solidario como al principio, sino que cada uno cotiza en su propio beneficio según el capital que vaya aportando a lo largo de los años. Es a este último aspecto al que se agarra la Mutualidad para defender su gestión: según se afirma desde esta parte, los abogados a los que les están quedando bajas pensiones son los que han ido contribuyendo con menos dinero a su fondo. Sin embargo, los afectados aseveran que no se les informó debidamente de las consecuencias que el cambio del modelo entrañaba.
Tres reivindicaciones del Movimiento #J2
El credo del Movimiento #J2 se resume en tres reivindicaciones, según se indica en su página web. En primer lugar, el colectivo pide mejoras fiscales en fase de jubilación. “La Mutualidad de la Abogacía para los profesionales que la tienen como sistema alternativo al RETA no puede ser considerada un simple plan de pensiones complementario”, dicen, y para justificarlo resaltan que, dado que los importes acumulados son “escasos”, “en la mayoría de los supuestos permiten unas rentas mensuales muy reducidas”. En segundo, solicitan que los abogados mutualistas en edad de jubilación a los que les hayan quedado “exiguas pensiones” tengan facilidades para acceder a un retiro parcial, es decir, que puedan ‘elongar’ su ejercicio profesional, aunque sea de forma reducida, para complementar esos ingresos escasos por la pensión, al menos hasta que den su fruto las mejoras solicitadas, lo cual se asume que no será de forma inmediata. “Esta cuestión constituye un problema social que debe ser abordado”, destacan.
La última reivindicación del colectivo es que se establezca una ventana de traslado al RETA “puntual y voluntaria” para que quienes lo deseen puedan recuperar sus aportaciones a la Mutualidad para pasarlas a la Seguridad Social “y canjear su capital acumulado por años de cotización”. Para facilitar esa transición, se propone que la ventana pueda ser total o parcial, esto es, que exista la posibilidad de no ‘sacar’ de la Mutualidad todo el dinero acumulado, sino sólo una parte que pueda complementarse con “aportaciones extraordinarias personales”, o bien, en el caso de que el traslado del importe al RETA sea completo, que no se haga de una vez, sino en varias fases. El quid de la cuestión es “buscar y dar soluciones” al problema, algo que, según la plataforma, ha de lograrse a tres bandas: Mutualidad, Estado y mutualistas. “El Estado no nos ha protegido como debe e incluso nos ha discriminado, imponiendo obligatoriamente la cotización sólo a través de la Mutualidad y, posteriormente, incentivándose la opción por dicho sistema privado”, denuncian.
La propuesta del Ministerio de Seguridad Social
A mediados de abril, el departamento ministerial de Elma Saiz presentó la que, hasta ahora, es su última propuesta para mejorar la situación de los abogados mutualistas y que se basa en tres puntos: el primero, obligar a los nuevos colegiados a darse de alta en el RETA a partir de 2027, excepto en los casos de pluriactividad; el segundo, incrementar hasta el 100 por 100, de forma progresiva, la aportación mínima a la Mutualidad -que, según la Ley General de la Seguridad Social, es del 80 por ciento de la base mínima- para equipararla a las cotizaciones de los autónomos en el RETA, de cara a “garantizar la suficiencia de las prestaciones de los mutualistas”, según se detalló desde el ministerio en un comunicado. Por último, se planteó permitir que los abogados en situación de vulnerabilidad que comenzaran a ser mutualistas antes de 2005 -es decir, hasta que dejó de existir el sistema de capitalización colectiva- puedan rescatar el capital acumulado en la Mutualidad. En un comunidado, la entidad aseguradora ya hizo público su rechazo a estas medidas, anunciadas “sin que se haya producido un diálogo previo”. Además, defendió el derecho de los mutualistas alternativos de poder elegir el sistema que más les convenga.
El principal problema de esta propuesta reside en que no se contempla la ventana voluntaria al RETA con traslado de todo el capital acumulado en la Mutualidad que reivindica el Movimiento #J2. “Si yo me fuera ahora mismo al RETA, lo haría perdiendo todo mi dinero, es como si empezara a cotizar desde cero”, explica Fernández, que asegura ser “optimista a ratos” para con las negociaciones con los responsables de Seguridad Social: “El ministerio cada día cambia de opinión”, dice, entre irónica y resignada.
El Colegio de Abogados de Jaén defiende la pasarela al RETA
La Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jaén, en un comunicado remitido a Jaén Hoy, expresa su apoyo “de manera incondicional” a la incorporación voluntaria al RETA mediante una pasarela “que permita a los mutualistas alternativos que así lo deseen el paso al sistema público de pensiones”. La institución también aboga por que, en esos casos, los profesionales sean considerados trabajadores autónomos “desde la fecha de inicio del ejercicio profesional, con el traspaso íntegro de sus aportaciones al sistema público de pensiones y sin necesidad de realizar una aportación complementaria”, teniendo en cuenta “no sólo el importe íntegro” de las aportaciones, sino también el número de años cotizados y las cantidades abonadas en concepto de seguro médico privado. “No debemos olvidar que los abogados que no estaban en el RETA, estaban, hasta la reforma del año 2012, excluidos de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social, lo que obligaba a contratar un seguro privado de salud”, sentencia el Colegio jiennense de Abogados.
La próxima concentración convocada por el Movimiento #J2 se celebrará, si nada lo impide, el próximo 17 de junio, a partir de las nueve de la mañana, en Madrid, bajo el lema Por unas pensiones y coberturas dignas para todos. Será antes de que, el 29 de junio, tenga lugar la nueva asamblea general de la Mutualidad en la que está previsto someter a votación su gestión y las cuentas. “Vamos a ir todos para votar que no. No podemos validar lo que están haciendo”, resume la presidenta de Ajato.
Comunicado íntegro de la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Jaén
La Mutualidad de la Abogacía, fue creada por los abogados en 1948, tiene naturaleza de Mutualidad de Previsión Social alternativa al sistema público de Seguridad Social. Hasta el año 1995 era de incorporación obligatoria para el ejercicio profesional de la abogacía, estando vetado para los abogados su incorporación al RETA. En el año 2005 pasa de sistema de capitalización colectiva al de capitalización individual, lo que supone que la pensión de jubilación de cada mutualista depende única y exclusivamente de sus aportaciones.
Las prestaciones mínimas que da la Mutualidad no son comparables a las que da el RETA, no solo por la cuantía de la pensión, en muchos casos por debajo de una pensión no contributiva, sino de otras prestaciones como viudedad, orfandad, invalidez, y en el caso de optar por el cambio al RETA después de haber estado cotizando años a la Mutualidad, no se permite el rescate de esas aportaciones realizadas, ni siquiera para destinarlas al RETA, como tampoco se computa el tiempo a efectos el devengo de la prestación de jubilación en el sistema público.
El cambio de sistema implica el comienzo desde cero en la cotización en el RETA, sin que se computen los años cotizados a la Mutualidad, lo que impide que muchos mutualistas mayores de 52 años puedan optar por el cambio o se condenen a trabajar hasta unas edades inaceptables, para alcanzar un mínimo de quince años cotizados en el RETA que les permita obtener una pensión pública mínima.
Ante esta situación, la Junta de Gobierno apoya de manera incondicional la incorporación voluntaria al RETA, mediante la creación de una pasarela al RETA que les permita a los mutualistas alternativos que así lo deseen, el paso al sistema público de pensiones, y se les considere trabajadores autónomos desde la fecha que inicio del ejercicio profesional, con el traspaso íntegro de sus aportaciones al sistema público de pensiones y sin necesidad de realizar una aportación complementaria.
En este traspaso debe tenerse en cuenta no solo el importe íntegro de nuestras aportaciones, sino también el número de años que se han cotizado, así como las cantidades abonadas en concepto de seguro médico privado, pues no debemos olvidar que los abogados que no estaban en el RETA, estaban hasta la reforma del año 2012, excluidos de la cobertura sanitaria de la Seguridad Social, lo que nos obligaba a contratar un seguro privado de salud.
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