Vuelve a activarse el proceso judicial entre Aqualia y el Ayuntamiento de Jaén a petición de la empresa

Los procedimientos judiciales planteados en el anterior mandato por Aqualia contra el Ayuntamiento de Jaén siguen adelante, después de que la empresa haya solicitado su reactivación al juzgado. Lo ha hecho una vez finalizada la suspensión temporal que el nuevo equipo de gobierno (PP-Jaén Merece Más) pidió para analizar la documentación y estudiar posibles consecuencias.

Así lo ha indicado el concejal de Control de Empresas Concesionarias, Vicente Oya, sobre un proceso que la compañía inició contra actos administrativos municipales. Con ellos, el Ayuntamiento pretendía acabar con "situaciones irregulares" que contravenían el contrato por el que le fue adjudicada la gestión del agua y que habrían supuesto cobrar "cantidades indebidas" que se quieren recuperar.

El edil ha explicado que, al llegar al área de asesoría jurídica pidió "los expedientes más importantes que están en vivo" y dos de ellos corresponden a los de Aqualia. "Lo que había era aproximadamente unos procedimientos de más de 3.000 folios que yo quería saber por dónde iban porque es mi obligación", ha comentado.

Fin del plazo de paralización

En este sentido, ha subrayado que lo que se pidió al juzgado "es la paralización de ese expediente a los solos efectos de tener tiempo para poder ver las consecuencias que podía tener" y "no", según ha añadido, para llegar a un acuerdo con la empresa, puesto que aún no tenían "ni conocimiento suficiente para ver si se podía llegar a hacer algo". De este modo, una vez pasados los 60 días del plazo para esa suspensión, "el juez dicta una diligencia de ordenación", en la que solicita a las partes que se pronuncien sobre si plantean su archivo o la continuación del proceso y, en caso de no decir "nada, se archiva".

En este punto, el concejal ha recordado que el Consistorio en esos procedimientos "es demandado", por lo que, "si se archiva el procedimiento, es que se da razón al Ayuntamiento". Ha detallado que hizo "un informe por escrito al servicio jurídico diciendo, primero, que será el director de ese procedimiento el que tendrá que valorar" si seguir o no. "Segundo le digo que no obstante, según mi criterio, será en todo caso Aqualia a la que le interese que continúe el procedimiento porque, si no continúa, directamente los decretos que fueron impugnados serían firmes. Y súper libertad, como no podía ser de otra forma, a los directores del procedimiento y al servicio jurídico para que hicieran lo que en derecho correspondiera", ha defendido.

"A mí no me ha comunicado el servicio jurídico lo que ha hecho (con respecto a contestar o no al juzgado y en qué sentido) porque es una libertad que tiene el director. Pero sí me consta que Aqualia ha pedido la continuación del procedimiento, evidentemente, porque si no pide la continuación del procedimiento, pues mira, sería genial sería una gran noticia para esta Corporación", ha declarado.

Antecedente judiciales

Cabe señalar que la revisión de la situación de Aqualia en el pasado mandato motivó la apertura de dos procedimientos judiciales distintos, según informó entonces el PSOE, en el gobierno junto a Ciudadanos. Los autos número 69/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Jaén, correspondiente a la revisión de costes unitarios de 2019, 2020 y 2021 y que tendrían en su caso unas consecuencias económicas a favor del Ayuntamiento estimadas en torno a 8,3 millones de euros.

Desde el grupo socialista se ha venido resaltando, además, que en caso de tener sentencia favorable del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo, se hubiera iniciado un expediente de reclamación por declaración de lesividad correspondiente además al periodo 1997/2018 por importe de 23,8 millones a favor del Ayuntamiento.

En segundo lugar, los autos número 232/2022 del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Jaén, cuyo objeto es la nulidad de los sucesivos convenios formalizados con Aqualia y que arrojaba una cuantía económica estimada a favor del Ayuntamiento de 31,6 millones de euros.

No obstante, desde el actual equipo de gobierno se reducen sustancialmente esas cuantías y ha Oya cifrado en tres millones de euros la cantidad que el Consistorio "tiene la posibilidad de recuperar" y siempre que haya fallo "a su favor en la resolución de los dos pleitos". Así lo apuntó el propio Oya el pasado octubre tras un pleno extraordinario en el que se rechazó levantar la suspensión solicitada al juzgado. Según defendió, para sumar 63 millones habría que llevar a cabo un expediente de revisión de todos los acuerdos suscritos con la empresa desde 1997 y "no se llega a esa cantidad por mucho que se afine".

Al respecto, manifestó que para alcanzar la cifra planteada por el PSOE es preciso que la justicia declare nulo el conjunto de acuerdos adoptados por las corporaciones que han gobernado la ciudad desde hace 27 años, punto en el que agregó que "en el derecho existe caducidades y prescripciones".