Integradores sociales denuncian precariedad y la "desatención" de alumnos con necesidades especiales

El personal técnico en integración social (PTIS) de Jaén, que atiende a alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo (NEAE), protesta para pedir mejoras laborales debido a una situación de precariedad que llevan arrastrando más de una década. Piden su subrogación a la Junta de Andalucía ya que están mayoritariamente "externalizados" y prestan servicio a través de una empresa subcontratada.

Denuncian la "falta de profesionales" para ofrecer una educación de calidad a estos estudiantes, por lo que reclaman también más recursos. Además, según cuentan los afectados, cambian de empresa sin ningún tipo de estabilidad en sus contratos.

Así lo cuenta una integradora social de un IES de Jaén, Carmen Constan: "Nos van pasando de unas empresas a otras y se lleva por delante todos nuestros derechos laborales. Hace un par de años tratamos el XVI convenio pero no hubo un acuerdo. Esta empresa no cumple el convenio, que ya de por sí es obsoleto y ha decido por iniciativa propia cambiar las condiciones de los trabajadores, con regulaciones salariales, nos hizo un cambio en el contrato, antes éramos indefinidos y ahora somos fijos discontinuos".

En su centro educativo hay varias compañeras que están en la misma situación ella, y aunque hagan denuncias colectivas o individuales sus reclamos no son atendidos. "No nos queda más remedio que pelearlo en la calle", asegura.

En la provincia jiennense hay 185 PTIS externalizados, donde el 90 % de la plantilla está formada por mujeres. Este personal, al igual que en el resto de provincias de la comunidad andaluza, es subrogado por las empresas mediante licitaciones públicas del servicio por la Junta, siendo la actual adjudicataria Osventos Innovación en Servizos SL.

Los niños con necesidades especiales están desatendidos

Además de la falta de personal para atender a los alumnos, se encuentran con una reducción en su contrato de las horas, por lo que no pueden cubrir las necesidades de los niños cuando lo necesitan y se encuentran con una situación de colapso que repercute directamente en ellos. "En lugar de estar atendidos 30 horas semanales, están atendidos 15 horas, el problema no es solo laboral sino la atención de los niños. Esa es nuestra lucha y la lucha de las familias", expresa la integradora social.

"Les repercute no solamente en atención asistencial, si el alumno tiene una necesidad de llevarlo al cuarto de baño o hacer un cambio postural en niños con parálisis cerebral tú no vas a estar ahí para hacerlo. Por eso, incluso si tuvieras que hacer una atención de apoyo, se queda solo o supervisándole su maestra de pedagogía terapéutica, pero también tienen más niños y no pueden atenderlos a todos", denuncia Constan.

La atención alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo requieren un personal también especializado y dedicado, ya que no todos los profesionales de la educación tienen los recursos y conocimientos para hacerlo. "No valoran nuestra profesionalidad. Detrás de un título de Integración, hay muchos que somos maestros, pedagogos, etcétera. La Junta no valora a este tipo de profesionales. Lo que se quiere en la pública es un servicio de calidad", explica.

Denuncia "discriminación" laboral

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) piden entre otras medidas la subrogación de las trabajadoras por parte de la Junta de Andalucía para solucionar los problemas laborales que sufren año tras año y la equiparación laboral y salarial de las PTIS externalizadas frente a las PTIS laborales contratadas

directamente por la Junta.

Carmen Constan protesta precisamente por esta "discriminación" hacia ella y sus compañeros. "En el mismo centro trabajamos en el mismo tipo de tareas pero con diferentes condiciones. Estamos externalizados bajo empresas con una pésima gestión porque por ejemplo muchas veces se solicita una petición formal para sustituciones y no las hacen", asegura.

"Las empresas no nos pagan los trienios que nos corresponden, la subida salarial no te la dan, las vacaciones lo mismo, te pagan un mes más que menos, y todo el mundo diferente para tenernos confundidos. Es descabellado, nunca se cobra del día 1 al 5 de cada mes. Son una suma de muchas cosas que es para explotar", protesta.

En desventaja para optar a puestos fijos

Además, de la precariedad, que dicen, en la que se encuentran, denuncian una gran desventaja en los procesos selectivos públicos porque están contratados por empresas privadas aunque en los centros en los que se encuentran son públicos.

Cuando pasan el proceso para obtener una plaza pública fija en la bolsa, el trabajador de la privada parte con la mitad de los puntos y la antigüedad puntúa desde cero. Con la formación, señala la integradora, ocurre lo mismo, no tienen opción a que esta sea homologada y acreditada por la administración pública.

El CGT habla de situación de desamparo y desprotección de las PTIS externalizadas permitida por las administraciones laborales y de justicia; abuso, explotación y empeoramiento de las condiciones laborales llevadas a cabo por las empresas hacia las trabajadoras y permitidas por la Junta; desprotección, empeoro y falta de recursos hacia el alumnado de los centros educativos públicos, y contratación de empresas sin conocimiento y capacidad para gestionar el servicio.

"Estamos hablando de 18 años en esta situación, es una injusticia que no lo debería permitir la Junta de Andalucía y más cuando llega esta empresa hace lo que le da gana. Estamos trabajando en colegios públicos", explica Constan.

La concentración del día 6 se enmarca, además, en la segunda jornada de huelga convocada por este personal en la comunidad, tras la que tuvo lugar el pasado 27 de octubre. En todo caso, si no se revierte la situación, no descartan ir a huelga indefinida.