Aplazan a noviembre la vista para decidir si el atropello mortal de Marmolejo se investiga como asesinato

La Audiencia Provincial de Huelva ha aplazado al próximo 15 de noviembre la vista, en un principio convocada para este miércoles, en la que decidirá si el atropello mortal de la onubense Alicia Rodríguez en Marmolejo hace dos años se sigue investigando como asesinato, que es lo que reclama la familia de la víctima, o como homicidio imprudente, tal y como calificó los hechos en julio el Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 1 de Huelva.

El único investigado en el caso es Manuel Q. S., vecino de Marmolejo de 37 años y pareja de la reportera gráfica onubense. El 12 de junio de 2021, sobre las tres y media de la madrugada, llamó al 112 pidiendo ayuda para atender a una mujer que había sufrido un accidente en un paraje del municipio cercano al cementerio. Los agentes de la Guardia Civil encontraron a Alicia bajo el coche de Manuel. Los servicios sanitarios confirmaron que la reportera había fallecido y activaron el protocolo judicial por muerte violenta. Los guardias civiles detuvieron a Manuel como sospechoso de haber atropellado a Alicia.

Dos días más tarde, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para el marmolejeño por un presunto delito de homicidio doloso o asesinato. El caso pasó al Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Huelva, que, un año más tarde, concedió a Manuel la libertad provisional sin fianza después de que el abogado defensor lo solicitara.

¿Deliberación o imprudencia?

El pasado julio, la jueza resolvió calificar los hechos no como asesinato, sino como homicidio imprudente, a lo cual no se opuso la Fiscalía, a pesar de que las pruebas parecían ir en la dirección contraria. Por un lado, un equipo de reconstrucción de accidentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil concluyó en su estudio pericial que hubo "intencionalidad clara" de Manuel a la hora de atropellar a Alicia. Por otro, dos expertas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Huelva afirmaron, tras entrevistar al investigado, que sus “capacidades cognitivas y sensoriales no estaban gravemente afectadas” la madrugada de los hechos.

La familia de la reportera, que ejerce la acusación particular, y el Ayuntamiento de Huelva y la Junta de Andalucía, que están personados como acusación popular, recurrieron la decisión ante la Audiencia Provincial onubense, cuya respuesta tendrá que esperar casi un mes más de lo previsto.