La tecnología, al servicio de la investigación

EL pasado martes, el juez Hurtado, magistrado del Tribunal Supremo que lleva el caso del fiscal general del Estado, imputado por un presunto delito de revelación de secretos, fue informado por la UCO de que tanto Google como Whatsapp habían autorizado la conservación de los mensajes de correo electrónico y de Whatsapp que fueron borrados por Álvaro García Ortíz cuando tuvo conocimiento de su imputación.

El fiscal general, que supuestamente había filtrado a un medio de comunicación que el novio de Ayuso trataba de llegar a un acuerdo de conformidad con Hacienda tras detectar posible fraude fiscal, borró de sus dos teléfonos móviles los mensajes intercambiados con la teniente fiscal y con la fiscal provincial de Madrid dándoles instrucciones para que dieran curso a esa información, y todo apunta a que con el borrado quería eliminar pruebas de sus maniobras.

El presidente del Gobierno, al conocer la noticia, pronunció una frase demoledora: en el móvil del fiscal general había “cero mensaje”, y se preguntaba “quién iba a pedirle perdón” por sospechar de él. Palabras que provocaron auténtica estupefacción; fue el único español que no relaciono el borrado con la intención de García Ortíz de eliminar pruebas que podrían incriminarle en un acto que podía ser delictivo. Especialmente cuando la filtración de unos datos confidenciales podría haberlos filtrado el fiscal general del Estado.

Hace años que la publicación de mensajes recogidos en teléfonos móviles ha convulsionado la vida política. Desde el Luis, sé fuerte de Mariano Rajoy a Luis Bárcenas, que la entonces oposición consideró prueba irrefutable del entonces presidente de Gobierno en la financiación ilegal del PP, a diferentes conversaciones de ex comisario Villarejo con la ex fiscal general y ministra de Justicia Dolores Delgado, con la ex secretaria general del PP y ministra de Defensa Dolores de Cospedal, o con el ex secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Rajoy Francisco Martínez.

En el escenario político actual, hace meses que no hay día sin que se produzca alguna noticia impactante que suele tener su origen, su prueba de autenticidad, en la publicación de conversaciones telefónicas y mensajes que inciden directamente en la corrupción económica que afecta a cargos destacados del Gobierno de Pedro Sánchez, incluido su círculo familiar y político más cercano. Hasta el punto de que su mujer y hermano se encuentran imputados y a Begoña Gómez se le acaba de añadir un presunto delito de malversación. Y está en el foco de importantes casos de corrupción, actualmente investigados, José Luis Ábalos, durante años el dirigente más cercano a Pedro Sánchez, en el partido y en el Gobierno. Hoy se encuentra imputado y con un cerco judicial que se estrecha cada día que pasa.

Publicación de mensajes

Jamás en España la publicación de mensajes y conversaciones telefónicas entre personas de máximo nivel en el Gobierno y en el PSOE, junto a un puñado de colaboradores que incluyen comisionistas, funcionarios de mano larga e incluso prostitutas, han provocado tanto escándalo. Esos mensajes procedían de personas que guardaban conversaciones escritas o de audio que consideraban especialmente delicadas, comprometidas, y que podían servirles en un futuro si se daban circunstancias en las que aparecían como inductores de presuntos delitos, lo que podría ocurrir porque en el mundo al margen de la ley el sálvese quien pueda habitualmente significa echar la culpa a otro de lo que uno es responsable. Por otra parte, esas conversaciones que se han acabado conociendo tenían su origen en las investigaciones de la UCO.

En la Unidad Central Operativa, al igual que ocurre con la Policía cuando uno y otro trabajan como Policía judicial y se encuentran a disposición de un juez que investiga un presunto delito, es habitual, sobre todo en los últimos tiempos, que los teléfonos móviles se conviertan en elementos clave de la investigación. Tanto para seguir los movimientos de delincuentes o víctimas y tratar de localizar a unos o a otros, como para desentrañar los secretos que guarda un teléfono móvil. En el recuerdo está el caso del asesinato de Diana Quer, con la localización de por dónde se había movido, el encuentro de su móvil en el fondo del mar y, después, el análisis forense de ese móvil, por citar solo un caso muy mediático.

En España, además de empresas privadas que trabajan en el análisis de móviles con su información borrada o encriptada, el organismo más especializado en ese sofisticado y complejo trabajo es el Centro Criptográfico Naciónal, adscrito al Centro Nacional de Inteligencia pero al que recurren también la UCO de la Guardia Civil y la Policía Nacional. Aunque en paralelo, el CNI cuenta también con su propio departamento, así como la UCO y la Policía Científica.

En todos los casos, el personal adscrito a esos departamentos son muy profesionalizados forenses porque además de investigar sobre toda clase de huellas, restos biológicos y toda clase de productos orgánicos y no orgánicos, cuentan con una metodología muy sofisticada, con sistemas que se pueden encontrar en el mercado de las más altas tecnologías y, en muchos casos, cuentan con sus propios sistemas, desarrollados específicamente para el tipo de investigaciones que se les encomiendan. No todos los colectivos necesitan los mismos sistemas, dependen del trabajo al que se dedican. No es igual el caso de quienes trabajan para los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que para una empresa financiera, una de armamento o unos laboratorios, por ejemplo. A quienes forman parte de sus equipos de alta tecnología que forman parte de Policía, CNI y Guardia Civil se les suele llamar forenses, porque escudriñan en las tripas de los aparatos más sofisticados, últimamente muy centrados en lograr la información que guardan teléfonos móvil de última generación cuyos programas están bloqueados, sólo tienen acceso los técnicos de las marcas, hasta el punto de que ni siquiera requerimientos judiciales son atendidos porque, dicen las marcas, lo que venden es fundamentalmente seguridad.

Consideran prácticamente imposible obtener información de esos teléfonos porque además se pueden presentar denuncias en el caso de ser manipulados para su investigación. De ahí la importancia, recogida en líneas anteriores, de que tanto Google como Whatsapp haya permitido investigar las terminales móviles del fiscal general del Estado que incautó la UCO cuando a requerimiento del juez investigaron su despacho oficial y se llevaron documentación, ordenadores y móviles. Los de Álvaro García Ortíz habían sido borrados por él mismo.

Máxima profesionalización

Policía y Guardia Civil cuentan en sus departamentos científicos con personal con formación universitaria que, con frecuencia, procede de sus academias y, finalizada la carrera, deciden ampliar sus conocimientos con formación universitaria que permite que se incorporen a los departamentos científicos. Biólogos, físicos, médicos, ingenieros de cualquier especialidad, aunque son los de informática y telecomunicaciones los más buscados. Están en contacto con departamentos policiales de todo el mundo, se conoce cuáles son los profesionales más acreditados en casa, suele ser muy habitual.

Hace unos años, cuando esta periodista visitaba en Madrid la sede de la Policía Científica para aprender cómo se trabajaba contra el crimen organizado y, en aquel tiempo, cómo se aplicaban métodos sofisticados en la lucha contra ETA, aparecieron dos expertos de Estados Unidos que traían una cinta que les habían entregado que supuestamente recogía un mensaje grabado de Ben Laden, en aquel tiempo el hombre más buscado del mundo.

Esos dos hombres habían viajado a Madrid donde sabían que en la Policía trabajaba un tal Charlie que, al parecer, era experto mundial en la identificación de pruebas sonoras, desde identificaciones de voz hasta detección de sonidos sólo al alcance de la tecnología más sofisticada.

Hoy, esa tecnología está muy centrada en los análisis de los teléfonos móviles. Independientemente de la insistencia de Guardia Civil y Policía para lograr que las marcas autoricen la exploración de teléfonos que pueden conducir a los más peligrosos delincuentes y no solo castigar a culpables sino impedir la comisión de nuevos delitos, el trabajo forense en los móviles más habituales, los que se utilizan normalmente por ciudadanos de a pie, se ha convertido en claves para la lucha contra la corrupción, como está ocurriendo hoy en España.

Tan es así, que personalidades que se consideraban inmunes a cualquier investigación por su propio status de persona influyente, como otras que pensaban que nadie se arevería a investigar sus teléfonos móviles, se encuentran hoy bajo investigación judicial.