Editorial
Una legislatura fallida
De la gestión de la pandemia y de la DANA al caso de Begoña Gómez, juzgados de todo el país acumulan investigaciones que salpican a cargos públicos o a sus familiares, muchas de ellas impulsadas por partidos u organizaciones afines que saturan los tribunales como acusaciones populares.
Una condición jurídica a la que en las últimas décadas han echado mano prácticamente todos las formaciones para denunciar casos de supuesta corrupción de sus rivales, pero que en los últimos tiempos se ha convertido en parte central de la estrategia de partidos como Vox y de organizaciones de la órbita ultraconservadora como Manos Limpias o HazteOír.
Gobiernos de distinto signo han intentado limitar la polémica figura de la acusación popular para evitar la instrumentalización de la Justicia, y el Tribunal Supremo ha alertado del riesgo de “trasladar al proceso penal la contienda política”. El propio fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que está siendo investigado en una causa con acusaciones populares, advirtió de que, en muchas ocasiones, con esa personación en el juzgado se busca obtener repercusión o acceder a información de los procedimientos y filtrarla. Ésta es una breve guía de algunas de las causas conectadas con la política:
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno instruye el caso Koldo, la presunta trama de cobro de comisiones ilegales en contratos de compra de mascarillas en plena pandemia. Junto a la Fiscalía, en este causa actúan como acusaciones populares el PP, Vox, Liberum y Iustitia Europa. La parte de esa causa que afecta al ex ministro José Luis Ábalos ha sido asumida por el Supremo al ser diputado y estar aforado. El Alto Tribunal lo investiga por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación
El PP se querelló también contra el PSOE por presunta financiación irregular, pero la Audiencia Nacional lo descartó. Sí aceptó su personación como acusación popular en la investigación contra el empresario Víctor de Aldama por la presunta trama de fraude de IVA de hidrocarburo.
El titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, investiga a la mujer del presidente por presunto tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e instrusismo por su labor como codirectora de una cátedra en la Universidad Complutense. La ha citado para el 18 de diciembre.
Vox coordina todas las acusaciones populares que el juez admitió en esta causa: Manos Limpias, que fue quien denunció a Gómez en primera instancia, HazteOír, Iustitia Europa y el Movimiento de Regeneración Política de España.
El Supremo ha recibido ya una decena de denuncias o querellas relacionadas con la DANA por delitos como omisión del deber de socorro u homicidio imprudente, la mayoría contra Pedro Sánchez y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Entre los querellantes o denunciantes están de nuevo Vox, Manos Limpias y Iustitia Europa, que también se ha querellado contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, en el Tribunal Superior de Justicia.
El Juzgado de Instrucción 19 de Madrid ha citado el 29 de noviembre a Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, al que investiga por presunto delito fiscal y fraude documental. A la denuncia presentada por la Fiscalía se han unido Más Madrid y el PSOE como acusaciones populares. Una derivada inédita ha sido la imputación del fiscal general del Estado en el Supremo por revelación de secretos al ser denunciado por González Amador, que ha demandado también a María Jesús Montero por intromisión ilegítima en su derecho al honor.
El Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz investiga a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias relacionados con su actividad en la Diputación de Badajoz tras una denuncia presentada por Manos Limpias. A la causa se ha sumado, entre otros, Vox.
PSOE y Podemos ejercen como acusaciones populares en el caso Kitchen, en el que la Audiencia investiga la presunta operación parapolicial montada para espiar al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y sustraer material que podría guardar del caso Gürtel. El PSOE también está personado en Púnica y Lezo, en el que también están presentes Podemos e IU.
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