El Gobierno cree que el Supremo "elucubra" al vincular a la Presidencia con la filtración del novio de Ayuso

El Gobierno ha acusado este martes al juez del Tribunal Supremo de acusar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, sin tener "prueba concreta" sobre la filtración que afecta a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y también de basarse en "elucubraciones" para apuntar a la implicación de Presidencia del Gobierno.

"Hemos conocido un auto donde no hay ninguna prueba concreta que señale al fiscal general", ha sostenido la ministra Portavoz, Pilar Alegría, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, afeando que la pareja de Díaz Ayuso, Alberto González Amador, siga sin testificar por los presuntos delitos fiscales.

Después de que este mismo lunes el TS citase a declarar como investigado a García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos, Alegría ha dicho que desde el Gobierno "no comparten la decisión sobre el fiscal general del Estado y su imputación". "El origen del delito está donde está, en la pareja de la señora Ayuso", ha añadido.

Además, ha reiterado la "confianza y apoyo absoluto" del Ejecutivo al fiscal general a pesar de la última decisión del juez. Posteriormente al ser interrogada sobre si mantendrán este apoyo en caso de apertura de juicio oral contra él, ha querido ser "prudente" al hablar de futuribles, pero ha reiterado su respaldo. "Le puedo garantizar que este Gobierno siempre va a a poyar a quien persigue el delito y no a quien lo comete", ha zanjado.

En referencia al último auto del juez del Supremo, la ministra portavoz también ha cuestionado que el magistrado ponga el foco en la implicación del Palacio de la Moncloa. "Me van a permitir que no opine o no valore elucubraciones, porque son elucubraciones, no hay ninguna base documental", ha dicho.

"Estamos en un Estado de derecho y las afirmaciones se tienen que sustentar en indicios y aquí es que no los hay. Por tanto, me permitirá, como le digo, que no valore elucubraciones", ha insistido.

Carga contra Miguel Ángel Rodríguez

Por el contrario, la ministra ha insistido en señalar al director de gabinete de Ayuso como el origen de los "bulos": "No ha dudado ni un segundo en poner a disposición todos los recursos de la comunidad autónoma para proteger a la señora Ayuso y a su pareja", ha reprochado.

En la misma línea, ha lamentado que González Amador todavía no haya sido llamado a declarar a pesar de que hace casi un año que se sabe que "ha cometido dos delitos contra Hacienda", según ha acusado. En este sentido, ha destacado que este mismo martes la Fiscalía ha pedido a la jueza que lleva el caso que cite a declarar al novio de Ayuso.

Sobre esta cuestión, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha defendido la labor que realiza la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Por supuesto que respaldo todo, cada uno de los informes de la UCO y del resto de unidades de Guardia Civil y de Policía Nacional", ha indicado.

El titular del Interior ha lamentado que los informes de la UCO son "interpretados de forma diferente por determinadas instituciones y determinados colectivos". "Me llama la atención que en casos muy significativos y que ustedes conocen, informes de la propia UCO diciendo que no hay la comisión de ningún delito, que no hay ningún indicio, pues parece ser que no han sido suficientes para la autoridad judicial", ha señalado.

Defienden la reforma de la acusación popular

Por otro lado, Marlaska se ha referido a la proposición de ley del PSOE que afecta a la acusación popular en los procedimientos judiciales y señala que nadie discute la importancia de la acción popular en el Estado de Derecho, pero considera que ha sido utilizada de forma "espúrea y torticera" por parte de organizaciones de extrema derecha y lo que se pretende es evitar la judicialización de la política.

Sobre los posibles efectos retroactivos de la misma --por ejemplo en el caso que afecta a la mujer del presidente Begoña Gómez-- Marlaska dice que las acusaciones populares no son las únicas que ejercitan la acción en un procedimiento penal que esté vigente sino que también está la acusación pública del Ministerio Fiscal o acusaciones particulares de afectados que seguirían habilitados para continuar esos procedimientos.

Sostiene además que las críticas lanzadas desde la oposición a este respecto, ponen en cuestión la actuación de la acusación pública que lleva a cabo la Fiscalía, que a su juicio ha sido clave en la lucha contra la corrupción y la criminalidad organizada. "No pongamos en tela de juicio una labor tan esencial y principal", ha reclamado.

Sobre este asunto Alegría ha señalado que la acusación popular es una figura "extraordinaria" en el ámbito europeo que solo recogen España y Andorra y ha echado en cara al PP que hable en términos peyorativos de esta reforma.

En este sentido ha echado en cara declaraciones de dirigentes del PP en el año 2017 que en ese momento se quejaban de que se estaba llevandoa cabo un uso espurio de la acusación popular con fines políticos y era necesario limitarlo.